Los mismos incluyen no solo los derechos humanos individuales como a la vida e integridad, sino también los derechos sobre su territorio, al idioma, cultura, religión y otros elementos que forman parte de su identidad como pueblo.
[2][3][4][5] Es discutible exactamente quien hace parte de la población original, pero puede ser ampliamente entendido en relación con el colonialismo, y este último como dominación-dominado.
Se habla de los pueblos originarios[6] en relación con las sociedades pre-coloniales que se enfrentaron a la amenaza específica del fenómeno de la ocupación, y la relación que tuvieron estas sociedades con las potencias coloniales.
Ha sido difícil formular una definición que abarque todos pueblos que se autoidentifican como autóctonos y son aceptados como tales por los demás pueblos, así, la definición exacta de quiénes son los pueblos originarios, y el consiguiente estado de los titulares de derechos, puede resultar demasiado amplia o muy restringida y excluyente.
Junto con la justificación del colonialismo con un propósito más elevado, tanto para los colonos y colonizados, algunas voces expresaron su preocupación por la forma en que los pueblos autóctonos han sido tratados y el efecto que tuvo sobre su sociedad.
[21] Varias organizaciones con características diferentes, de una u otra manera promueven las aspiraciones ancestrales y de los pueblos originarios que a menudo se han unido para formar organizaciones propias, y buscan promover en conjunto sus intereses comunes.
Existen varias organizaciones no gubernamentales, tales como IWGIA[23] y Survival International que tienen como objetivo central defender los derechos indígenas.
Cuatro naciones que tienen importantes poblaciones indígenas votaron en contra de la declaración: los Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia.
Once naciones se abstuvieron: Azerbaiyán, Bangladés, Bhután, Burundi, Colombia, Georgia, Kenia, Nigeria, Rusia, Samoa y Ucrania.
Hasta ahora 24 países lo han ratificado y adoptado: Argentina, Alemania, Bolivia, Brasil, República Centro Africana, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Dominica, El Salvador , Ecuador, España, Fiyi, Guatemala, Holanda, Honduras, Luxemburgo, México, Nepal, Nicaragua, Noruega, Paraguay, Perú y Venezuela.
34 pueblos inscriptos en este organismo y 1653 Comunidades Indígenas entre las cuales 1456 han registrado su personería jurídica.