Estas manipulaciones son peligrosas para el que las lleva a cabo, para terceros y para sus propiedades.
Si se superan ciertos niveles de fraude, las compañías distribuidoras no pueden asegurar la continuidad del suministro y se pueden producir cortes, más frecuentes y prolongados conforme mayor es la incidencia del fraude.
En España, la defraudación eléctrica está tipificada en el artículo 255 del Código Penal de 1995.
Las redes eléctricas inteligentes están suponiendo un salto cualitativo decisivo para la lucha contra el fraude.
La refacturación es el cargo correspondiente a la energía eléctrica consumida y no pagada.
En caso de fraude detectado, las compañías distribuidoras en España pueden interrumpir el suministro eléctrico.