Existen dos tipos de planteamiento en las declaraciones de derechos, así como en el derecho político en general: que tengan un carácter constitutivo de la dignidad humana como derechos inalienables e imprescriptibles (con lo que la declaración se plantea como un simple reconocimiento de algo que es ya existente previamente, consecuencia del concepto de derecho natural); o que sea el resultado de un pacto o convenio entre los miembros de una sociedad, que lo hacen así por su propia conveniencia, aunque podrían haber acordado otro distinto (el carácter convencional propio del derecho positivo).
El término «carta de derechos» (Bill of Rights) surge en el Reino Unido, donde se puso ese nombre a un Bill (proyecto de ley) que fue aprobado por el Parlamento inglés en 1689, y que tenía varios precedentes en el derecho de Inglaterra (la Charter of Liberties o Coronation Charter de 1100; la Carta Magna de 1215, etc.), así como en otras prácticas o documentos limitativos del poder de las diferentes monarquías feudales medievales (como los juramentos de coronación[1] o el pactismo), y que en el Antiguo Régimen tuvieron especial importancia en Polonia (el Pacta conventa y los Artículos de Enrique de 1573); en algunos casos sancionados en documentos y en muchos otros parte del derecho consuetudinario o de usos y costumbres y tradiciones que los reyes no podían vulnerar.
Tanto el ejemplo estadounidense como los mismos ideales ilustrados se expresaron en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, durante la Revolución Francesa, que fue el texto más considerado en las posteriores declaraciones europeas y hispanoamericanas durante la revolución liberal, y posteriormente en el resto del mundo.
En el Reino Unido, la People's Charter de 1838 (Carta del Pueblo) fue un movimiento social y político conocido como cartismo, que pretendía la ampliación de los derechos políticos a todas las clases sociales, en el contexto de los inicios del movimiento obrero.
[4] Australia es el único país democrático actual que no tiene una explícita declaración de derechos o constitución escrita, aunque hay un debate en curso en muchos de los estados federados que la componen (Victoria y el Territorio de la Capital Australiana lo tienen avanzado).