Un Corredor público en México es un abogado habilitado por el Poder Ejecutivo Federal mexicano, a través de la Secretaría de Economía y que auxilia al comercio, siendo en esencia un mediador que además funge como perito valuador de todo tipo de bienes, asesor jurídico, árbitro y fedatario público.
La responsabilidad institucional confiada del corredor público es garantizar la seguridad y certeza jurídica con su actuación, ejerciendo un control de legalidad en las transacciones comerciales y otras materias de competencia federal, brindando con ello un asesoramiento profesional e imparcial con la obligación de guardar el secreto profesional que le impone la Ley, lo que representa un elemento de confianza para quienes utilizan sus servicios; de acuerdo a la Ley su actuación se circunscribe a lo siguiente:[1][2][3][4][5] Asimismo, actúa como fedatario en la constitución y en los demás actos previstos por la Ley General de Sociedades Mercantiles, incluso aquellos en los que se haga constar la representación orgánica.
[1][5] Perito Valuador Mediador Comercial Árbitro Comercial Asesor Jurídico Asesor Jurídico Federal en todas sus demás funciones Puede actuar solo en cuestiones Mercantiles Puede actuar en cuestiones Mercantiles y Civiles Puede otorgar poderes de representación Orgánica en Sociedades Mercantiles y Agrarias Puede formalizar toda clase de asambleas de Sociedades Mercantiles y Agrarias Puede otorgar poderes de representación Orgánica en Sociedades Mercantiles, Civiles y Agrarias Puede formalizar toda clase de asambleas de Sociedades Mercantiles, Civiles y Agrarias Puede actuar en créditos Refaccionarios o de Habilitación con garantía sobre inmuebles Restricciones No pueden actuar cuando se trate de asuntos donde intervengan sus parientes cercanos No pueden actuar cuando se trate de asuntos donde intervengan sus parientes cercanos Puede expedir copias certificadas Puede ratificar Contratos Mercantiles Puede expedir copias certificadas Puede ratificar toda clase de Contratos