Para colmo se trataba de tres Estados decisivos cuya política era dominada por los demócratas, que habían apoyado a la Confederación, y aún estaban bajo ocupación militar del tropas gubernamentales.
Para esa fecha el Partido Demócrata tenía un masivo apoyo entre los votantes del recientemente derrotado Sur y había tomado en sus manos la defensa de sus intereses mostrando una dura oposición a los republicanos, por lo tanto se hacía necesario para el Partido Republicano atender peticiones de la población del Sur.
Los militantes demócratas en los Estados del Sur eran por aquella época firmes partidarios de la segregación racial, y resentían que durante la Reconstrucción sus gobiernos estaduales fueran reemplazados por autoridades militares del gobierno federal, por civiles recién llegados desde el Norte o por sureños leales a la Unión, más aún porque dichas autoridades emitían normas favoreciendo a la población de antiguos esclavos libertos y además limitaban continuamente los poderes de las autoridades locales de los antiguos Estados Confederados.
Así, si bien las leyes federales admitían la equidad social entre blancos y negros y prohibían la discriminación racial, también concedían a los Estados de la Unión amplias facultades para regular, dentro de sus territorios, la manera en que se aplicarían las normas sobre derechos civiles.
Esto causaba que, amparándose en los derechos de los Estados, las administraciones del Partido Demócrata impusieran leyes "reglamentarias" que de facto impedían a la minoría negra ejercer derechos ciudadanos básicos.