La estructura, deberes y mandatos de la Comisión fueron definido en una ley especial.
[3] La Comisión se describía a sí misma como un "organismo constitucionalizado, nacional e independiente de derechos humanos en Afganistán".
Un informe en el diario The Globe and Mail (que inició el escándalo) citó a varios investigadores de la Comisión, alegres de la renovada atención a los derechos humanos que había creado el escándalo canadiense, pero temerosos de las consecuencias políticas del liderazgo afgano una vez que ocurrieron los abusos del pasado a la luz.
[8] La Comisión era miembro del Foro Asia Pacífico, uno de los cuatro grupos regionales en la Corte Penal Internacional.
Asimismo advirtieron que el déficit presupuestal del país, no le permite mantener la Comisión en funcionamiento.