[3] A inicios de 1970 se integró una comisión para redactar el reglamento de la ley integrada por Guido Fernández del diario periódico La Nación, Alberto Cañas de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Guillermo Loría del periódico La República.
Entre los perseguidos se encontraba el locutor y comentarista deportivo, Róger Ajún Blanco, a quien se le denunció y abrió una causa penal en el Juzgado de Instrucción de Nicoya por el delito de "ejercicio ilegal de la profesión" del periodismo, ya que el artículo 22 de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas disponía que "las funciones propias del periodista, sólo podrán ser realizadas por miembros inscritos en el Colegio".
[5] La Sala Constitucional tomó esa decisión tras declarar vinculante para Costa Rica lo externado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en la Opinión Consultiva OC-5/85 del año 1985, en la que se declaró que una ley de colegiatura obligatoria de periodistas y que además excluyera de este a quienes no fueran graduados de una escuela universitaria era violatorio del artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
[5][6] Por lo anterior la Sala Constitucional eliminó la posibilidad de acusar penalmente el "ejercicio ilegal del periodismo" en Costa Rica.
En junio del 2019 el Colegio de Periodistas publicó un comunicado en el que amenazaba con acciones legales contra aquellas personas que se presentaran ante el público como periodistas, sin tener un título académico que lo acreditara.