Los tres médicos implicados firmaron contratos a pesar de que sus cargos creaban incompatibilidades para realizarlos.
Elorriaga solicitó amparo al Ararteko, ante la indefensión sufrida, ya que desde el Gobierno vasco nunca se le ofreció el trámite de audiencia.
El Ararteko establece que, "en una fase prolongada en el tiempo en la que únicamente han existido diligencias, investigaciones e informes internos, donde no ha existido proceso contradictorio ni por tanto existe resolución administrativa ni sentencia condenatoria, la presunción de inocencia y el derecho al honor del interesado -en alusión a Elorriaga- deberían haber merecido una mejor protección, limitando la información que se ha facilitado".
En el caso de Medical Dom, aumentó algunas tarifas hasta el 19%, sin existir una resolución "que aprueba los precios abonados".
En tres de los ocho casos analizados, se habrían debido a las subidas salariales en Osakidetza por la introducción de la carrera profesional, ya que al cobrar más los médicos, Medical Dom se veía obligada a ofrecerles más dinero.
Por ello, queda inhabilitado para trabajar para la administración pública o cualquier entidad dependiente de ella durante ese tiempo, perdiendo por tanto su trabajo en el hospital.
"No espero que me pidan perdón" (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).