El «caso Marea» fue un caso de corrupción política en Asturias, surgido en torno a Marta Renedo Avilés, funcionaria cuyas iniciales forman el acrónimo que dio nombre a la investigación.Denuncia que alguien ha suplantado su identidad para abrir y gestionar una cuenta bancaria con casi 100.000 euros.Marta Renedo es una funcionaria que había ocupado cargos de relevancia en el gobierno asturiano desde 1999.[8] Ante los indicios de irregularidad, la jueza Ana López Pandiella, al cargo del caso, abrió una investigación con escuchas telefónicas.Para ello, utilizó datos a los que tenía acceso por su cargo, incluyendo el DNI de particulares.Alega que fue una respuesta inmediata y contundente, a pesar del tiempo transcurrido.[10] La investigación lleva a la Policía a localizar otros contratos menores sospechosos, no sólo en la Consejería de Administraciones Públicas, sino también en la Consejería de Educación, dirigida por José Luis Riopedre.El mencionado consejero dimite por problemas de salud en agosto, argumentando que padece diabetes.Al mismo tiempo, se jubila su número 2, María Jesús Otero, implicada también en la investigación.Se defendió, inicialmente, argumentando que «los poderes para los contratos menores los había delegado».Además, otras 80 empresas, que también recibían dinero del Principado, tenían como titular (o socio) a un familiar de un funcionario.La causa sufriría un retraso, debido al recurso que presentó Marta Renedo en 2015.
José Luis Iglesias Riopedre, consejero de Educación y Ciencia del Principado de Asturias, uno de los principales implicados en el caso Marea
