En adición, El juez entendió que trabar una inhibición sobre sus bienes correspondía "para prevenir manejos, transferencias o disposiciones de bienes que podrían constituir, en definitiva, producido o provecho del delito bajo pesquisa".
Por los mismos delitos en grado de partícipe necesario procesó al empresario Lázaro Báez, ordenando igual embargo.
También resolvió que no había mérito para procesar o sobreseer a Eduardo Ernesto Morillo, un funcionario que todavía se desempeña en Vialidad Nacional y a los exsubsecretarios de Obras Públicas Graciela Elena Oporto, Raúl Víctor Rodríguez, Hugo Manuel Rodríguez y Abel Julio Fatala.
Después de resolverse distintos recursos quedaron 13 procesados, Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López, Abel Fatala, Carlos Kirchner, Nelson Periotti, Lázaro Báez, Raúl Daruich, Mauricio Collareda, Héctor Garro, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi y José Santibáñez.
El Fiscal Pollicita había acusado también por asociación ilícita a los principales responsables y el Fiscal de Juicio, Diego Luciani, había sostenido esa acusación, pero la sentencia no consideró probado este delito, por los votos de Giménez Uriburu y Gorini.