Posterior al paro nacional de 24 horas en el año 2001, en Venezuela se agudizó la polarización.

RCTV, fue uno de los medios que fijó una fuerte postura en contra de las acciones del gobierno, asimismo no fue el único medio que decidió acatar el segundo paro nacional cívico convocado por Fedecámaras y la CTV.

Las cuñas publicitarias desaparecieron de los cortes comerciales porque los canales decidieron sumarse al paro nacional.

En cada segmento se destaca la propaganda antichavista, además de promover los llamados a tomar las calles elaborados por la oposición.

A raíz de esta decisión, directivos del canal recibían constantes amenazas públicas y anónimas.

de igual manera, dicha medida comenzó a propagarse en distintos medios.

En RCTV los periodistas decidieron mantener una postura crítica informando sobre las medidas administrativas del Gobierno.

Radio Caracas Televisión tenía la concesión bajo el Decreto 1.577 de 1987, que había sido renovada por el Estado.

Los directivos de RCTV en conjunto con el canal de noticias Globovisión, declararon que en ese año no se vencía la licencia y que por el contrario tenía vigencia hasta el año 2021, dichas declaraciones fueron apuntados como no válidas y que todos los miembros de dicho canal deberían acatar a lo dictado por el presidente Chávez.

Por otro lado, varios países se pronunciaron entre ellos Uruguay, estos emitieron fuertes declaraciones en rechazo al cierre de RCTV.

Si se regulan las concesiones a los canales la CIDH reconocerá que el otorgamiento de las mismas no sea por medidas arbitrarias.

La Corte consideró entrar a establecer si dichas actuaciones constituyeron una restricción indirecta prohibida en el artículo 13.3 de la Convención.

Con esto de concluye que: la decisión fue tomada con bastante anterioridad y fue dada una orden a CONATEL junto al Ministerio para la Telecomunicación desde el poder ejecutivo.

Las declaraciones públicas hechas por funcionarios del gobierno revelan que los verdaderos motivos por el cese de la concesión fueron: Con respecto al primer y segundo punto, la Corte consideró que no se puede condenar el derecho a la libertad de expresión con base en la distinta posición política que pueda generar una determinada línea editorial a un gobierno.

Asimismo recordó que el 27 de mayo a las 11:59 p. m. Radio Caracas Televisión debería apagar sus equipos sin discusión alguna.

Un día antes del cierre, RCTV estuvo transmitiendo programación especial que resumía sus 53 años al aire en un estudio donde se encontraban todos sus trabajadores.

RCTV, en el intento de renovar la concesión y transformar los títulos, aplicó ciertos procedimientos administrativos fallidos ya que fueron derogados por el Estado inmediatamente.

Todos los esfuerzos de callar a este medio sirvieron para sacarlo del aire.

Según indica la Corte, el Estado no violó el artículo 8 de la Convención ya que a los dueños del canal RCTV se les dio la oportunidad de apelar y defenderse con los documentos pertinentes.

Se estima que los bienes del canal fueron incautados más que por una causa específica, podría estar relacionado con la imparcialidad y falta de independencia del Tribunal Supremo de Justicia.

Finalmente con respecto al amparo constitucional y el amparo cautelar, el primero no fue violado gracias a que el TSJ solo se demoró tres meses en dar respuesta y este lapso de tiempo no se considera tan lejano.

En ese sentido, es necesario comprender que la CIDH confirmó que el espectro radioeléctrico es un bien público que pertenece o está bajo el dominio del Estado, por lo cual la titularidad del mismo no puede ser reclamada por individualidades, en otra palabras, era decisión exclusiva del gobierno otorgarle o no la renovación de la concesión a RCTV, dejando a un lado las consecuencias de los resultados de esta.

El domingo 27 de mayo fue un día emotivo para muchos venezolanos, ese día se llevaron a cabo retransmisiones con mayor audiencia, programas especiales para dar pie a la hora final.