Bajo el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España de 2021, se decide elaborar un nuevo documento no normativo que cubra estas necesidades y asegure al usuario final los derechos que le corresponden al utilizar las herramientas digitales e Internet.
Sin un marco legal sólido y obligatorio, existe el riesgo de que los derechos establecidos en la Carta no se respeten adecuadamente.
Además, ha tenido un papel importante en promover la inclusión digital y las oportunidades iguales.
Se ha buscado proteger la privacidad de los trabajadores, regular el teletrabajo y promover un entorno laboral digital saludable al garantizar los derechos de los trabajadores y establecer responsabilidades para las empresas en el ámbito digital.[3].
[4] Sin embargo, a pesar de estos beneficios, la Carta presenta importantes desafíos para su aplicación.