[4] Este órgano, presidido por el Presidente del Tribunal Supremo y formado por otros veinte vocales, posee un mandato de cinco años.Esta idea, inicialmente descartada, fue apoyada por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) —que por aquel entonces tenía 202 escaños— al considerar que la carrera judicial tenía una «estructura conservadora» y que debía pesar más la «mayoría parlamentaria».[9] Esta nueva ley fue recurrida por el sector más conservador del Parlamento al considerar que había riesgo de «politización», así como por el propio Consejo General del Poder Judicial al presentar diversos conflictos de competencias.Sin lugar a dudas, la más relevante es la 108/1986, que aborda en profundidad la cuestión relativa al sistema de elección.En 1995, con Felipe González en la Moncloa y José María Aznar como líder de la oposición, expiró el mandato del tercer CGPJ pero no encontró renovación hasta 1996,[14] cuando el Partido Popular de Aznar ganó las elecciones generales y, tras ocho meses de interinidad, se renovó con mayoría conservadora.Por aquel entonces, el CGPJ acabó mermado y en la práctica sin capacidad de obrar, pues entre vacancias y dimisiones de vocales, el Consejo se quedó con once miembros, insuficientes para aprobar medidas.Gobernando el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y en la recta final de la legislatura, el Partido Popular de Mariano Rajoy volvió a rechazar renovar el CGPJ[16] y se mantuvo así durante casi dos años.[17][18] Al igual que en otras dos ocasiones anteriores, gobernando el socialista Pedro Sánchez y con el Partido Popular —con Pablo Casado al frente— como principal partido de la oposición, en diciembre de 2018 expiró el mandato vigente del Consejo General del Poder Judicial.[21] Tras estas filtraciones, el propio magistrado Manuel Marchena rechazó ser el candidato a presidir dichos órganos judiciales[22] y el acuerdo recibió el rechazo de las diversas asociaciones judiciales.Asimismo, ese año se añadieron nuevos elementos, pues el Partido Popular empezó a poner condiciones para negociar, entre ellas, que el socio minoritario de la coalición gubernamental, Unidas Podemos, no participara en la negociación[32][33] o que se reformara el sistema de elección de los vocales del Consejo (como pedían también otros partidos[34]).[40] El Gobierno, finalmente, impulsó una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que estableció un régimen especial para el CGPJ en caso de estar en funciones, limitando sus capacidades para hacer nombramientos mientras estuviera en dicha situación.[2] Esto no hizo si no agravar la situación, puesto que ya en 2023 el Supremo había perdido a un cuarto de sus magistrados sin posibilidad de nombrar nuevos.[52][53][54] Frente a estas reformas, la oposición el PP presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional solicitando la suspensión del pleno del viernes 16,[55] aunque el Alto Tribunal no atendió la urgencia alegada por dichos partidos y aplazó su decisión al lunes siguiente.[79] El 3 de septiembre de 2024, el Consejo eligió a la magistrada María Isabel Perelló Doménech como presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, tomando posesión al día siguiente.Desde el Gobierno, formado inicialmente por el PSOE y posteriormente con la inclusión de Unidas Podemos, se ha acusado a la oposición —principalmente al PP— de no tener voluntad para negociar una renovación y poner constantes condiciones que entorpecieran ese objetivo.[88] En el ámbito internacional, la oposición política ha realizado constantemente llamados a las instituciones de la Unión Europea para que se alinearan con sus pretensiones.[89][90][91] En este sentido, en 2022 el comisario de Justicia, Didier Reynders, llegó a visitar el país para intentar mediar, sin éxito.
El primer bloqueo ocurrió entre 1995 y 1996, con
González
en la Presidencia y
Aznar
en la oposición.
Manuel Marchena
, candidato a la Presidencia del TS y del CGPJ hasta la filtración de unos mensajes de voz.
