Uno de sus puntos débiles son las pérdidas relativamente altas de agua, sin embargo, ello no se reconoce totalmente en las tarifas, puesto que se determinan con base a una empresa modelo.Según la agencia de regulación SISS[7] (véase abajo), en 2006 el acceso a agua potable y saneamiento fue del 99,8% y del 95,2% respectivamente, en las zonas urbanas chilenas.La agencia examina si los servicios cumplen con la norma chilena NCh 409, que fue modificada por última vez en 2005 e incluye, entre otros, estándares referentes a la calidad y presión del agua y la continuidad del servicio.En promedio, cada cliente usa 19,9 m³ por mes, lo que resulta en un consumó de 196 litros por habitante y día.Esta situación en parte se puede explicar por el desarrollo histórico del sector que empezó en los años 70.En los años 90, la mayoría de las empresas sanitarias mejoraron su eficiencia económica y se convirtieron en compañías autosuficientes que fueron entregadas en parte al sector privado.En 1977, el Servicio Nacional de Obras Sanitarias (SENDOS) fue creado como sociedad controladora de 11 subsidiarias regionales y dos empresas autónomas en Santiago y Valparaíso que fueron modernizadas.En 1990, y mediante una ley separada, se creó el ente regulador Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS).[18] También se introdujeron subsidios a la demanda de aquellos clientes, que dispusieran de recursos limitados para proteger a la población más pobre contra tarifas demasiado altas.Las plantillas fueron recortadas, se introdujeron nuevos procedimientos administrativos y la parte de aguas servidas tratadas aumentó significativamente.[21] Las empresas sanitarias chilenas se encontraban en un estado de autofinanciamiento cuando el sector privado entró.Desde las reformas legales de 1988-1990, las empresas públicas fueron preparadas para mejorar su eficiencia y su rentabilidad gradualmente.Esto podría explicar el proceso estable de participación privada.Gracias al proceso consecutivo, es posible comparar el desempeño de las empresas públicas y privadas en el mismo periodo.Esta manera, que también se llama concesión es muy distinta a la primera: En primer lugar el tiempo está limitado a 30 años y en segundo lugar, la infraestructura permanece en manos del estado.Sin embargo, no existe una entidad pública de control como es la SISS en el sector urbano.En localidades rurales concentradas, que tienen entre 150 y 3.000 habitantes y una concentración no inferior a 15 viviendas por kilómetro de red, el Programa Nacional de Agua Potable Rural (APR) contribuyó a un progreso evidente en la prestación del servicio.Sin embargo, en Chile todavía existen muchas viviendas aisladas que carecen de agua potable.El nivel de agua no facturada es, por ende, más alto que en Alemania, Francia o el Reino Unido.Por la disponibilidad variable en las diferentes partes de Chile y la directriz de que el costo del recurso debe reflejar su valor verdadero, las tarifas varían a gran escala.[33][34] En las zonas rurales, las tarifas solo cubren los costos de operación y mantenimiento.Los sistemas rurales de agua reciben un subsidio parcial a la inversión que se define en la Ley del Subsidio al Agua Potable y Saneamiento.
Evolución de la cobertura en Chile urbano (1975-2006). Fuente: SISS y elaboración propia.
Inversiones anuales en el sector chileno urbano de agua potable y saneamiento desde 1965. Fuente: SISS, Cariola/Alegría (2004).
