Agencia de Acceso a la Información Pública (Argentina)
Aborda los desafíos actuales, en línea con los estándares internacionales, para reforzar la calidad institucional de las organizaciones públicas.
[7][8][9][10] El CFT también realizó en Córdoba, Rosario, Salta y Santiago del Estero encuentros denominados “El Derecho a la Protección de Datos Personales en Tiempos de Inteligencia Artificial”.
Según información publicada en su sitio web, el proyecto de actualización busca abordar los desafíos planteados por las transformaciones tecnológicas y la economía digital, para potenciar el comercio y la generación de empleo, siguiendo estándares internacionales.
En este contexto, lideró el diseño del Plan Estratégico 2023-2025 de la GPA.
Este instrumento entrará en vigor cuando alcance la adhesión de 38 Estados.
Está destinado a instituciones públicas y privadas que implementan sistemas de decisiones automatizados.
La vinculación entre la gestión documental, el acceso a la información y la transparencia es estrecha e inescindible.
Está destinado a entidades del sector público, organizaciones de la sociedad civil, referentes académicos y especialistas en la materia.
[18] En la Resolución 196/2023 del Boletín Oficial indica que su objetivo es brindar asistencia técnica y capacitación a empresas públicas para la implementación situada de la Ley 27.275.
Entre los sujetos obligados a brindar información, según el artículo 7 inciso g de la Ley 27.275, se encuentran las empresas del Estado, las sociedades del Estado, las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, las sociedades de economía mixta y todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias.
[19] La Resolución 197/2023 publicada en el Boletín Oficial, indica que su fin es brindar asistencia técnica y capacitación a las Universidades Nacionales para promover buenas prácticas asociadas a la implementación situada de la Ley 27.275.
Entre los sujetos obligados a brindar información, según lo establece el artículo 7 inciso g de la Ley 27.275, se encuentran las universidades a las que se le hayan otorgado fondos públicos.
