Ley de acceso a la información pública

La Ley de acceso a la información pública, o Ley 27.275,[1]​ es una legislación argentina que garantiza el derecho de acceso a la información pública.[2]​ Esto abarca todos los datos que generan, obtienen, transforman, controlan o cuidan los organismos del Estado y empresas indicados en la ley.Se basa en los conceptos de:[1]​ La información se puede pedir por escrito o por medios electrónicos.No se necesita un abogado ni un gestor y es gratuita.El organismo debe responder en 15 días hábiles, que pueden ser prorrogados por igual período de tiempo[2]​ La agencia es un ante autárquico creado por la Ley 27.275 que se encarga de:[2]​ Implica que los organismos públicos deben facilitar el acceso a la información a través de sus páginas web.