El 6 de diciembre de 2020 se celebraron elecciones parlamentarias en Venezuela . [a] Además de los 167 diputados de la Asamblea Nacional que son elegibles para ser reelegidos, el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral anunció que la asamblea aumentaría en 110 escaños, para un total de 277 diputados a elegir. [6]
Los partidos de oposición que conforman la coalición Mesa de la Unidad Democrática acordaron por unanimidad no participar en las elecciones, argumentando que el motivo eran irregularidades y quejas durante la planificación del proceso y que era probable que las elecciones fueran fraudulentas. Veintisiete partidos políticos firmaron el acuerdo, incluidos los cuatro partidos de oposición más grandes: Voluntad Popular , Primero Justicia , Acción Democrática y Una Nueva Era . [7] [8] [9]
La oposición criticó el nombramiento de los miembros del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo, afirmando que es competencia de la Asamblea Nacional, y al menos siete partidos políticos vieron su junta directiva suspendida o reemplazada por el oficialista Tribunal Supremo de Justicia , entre ellos Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, [10] y Copei , así como partidos políticos de izquierda, entre ellos Tupamaro , [11] Patria para Todos , [12] y Bandera Roja . [13] Los políticos de oposición Henrique Capriles y Stalin González inicialmente alentaron la participación en las elecciones. Luego se retiraron y exigieron mejores condiciones electorales. [14]
El Grupo de Lima , el Grupo de Contacto Internacional , la Unión Europea y Estados Unidos rechazaron la celebración de elecciones parlamentarias en 2020, insistiendo en la necesidad de celebrar elecciones "en condiciones libres y justas". [15] El Grupo de Contacto Internacional, encabezado por Uruguay, afirmó que la formación del Consejo Electoral "socava la credibilidad del próximo proceso electoral". [15] La Organización de los Estados Americanos (OEA) afirmó que el nombramiento del Consejo Electoral era "ilegal", rechazándolo, y afirmó además que se necesitan órganos independientes para que se celebren elecciones "transparentes, libres y justas" en el país. [16] En julio, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos , encabezada por Michelle Bachelet , dijo que "las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales democráticos y creíbles" y "designan nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas". [17] [18]
Desde las elecciones de la Asamblea Constituyente de 1999 , la Asamblea Nacional estuvo dominada por alianzas que apoyaban al presidente Hugo Chávez . En las elecciones parlamentarias de 2005 , la mayoría de los partidos de oposición decidieron retirarse, lo que resultó en que todos los escaños los ganaran el Movimiento Quinta República y otros partidos partidarios de Chávez. Para las elecciones de 2010 , se formó una alianza de partidos de oposición por la Mesa de la Unidad Democrática para disputar las elecciones, y logró ganar 64 escaños. El PSUV , que era una alianza formada por Chávez del Movimiento Quinta República y varios partidos más pequeños, ganó 96 escaños, manteniendo su mayoría, pero perdió su supermayoría de dos tercios y tres quintos . Patria Para Todos , un pequeño partido de izquierda, ganó dos escaños. [19]
Después de la muerte de Chávez en 2013, su sucesor elegido a dedo, Maduro, fue elegido presidente por un estrecho margen , continuando la influencia ideológica de Chávez. [20] En las elecciones parlamentarias de 2015 , la alianza Mesa de la Unidad Democrática obtuvo una supermayoría de 112 escaños contra los 55 obtenidos por el GPP. En términos de voto popular, la MUD recibió 7,7 millones de votos, un aumento de 2,4 millones con respecto a las elecciones de 2010, convirtiéndose en el partido más votado en la historia electoral venezolana. El resultado fue una derrota decisiva para el PSUV y su alianza más amplia (GPP), que perdió el control de la Asamblea por primera vez desde 1999. [21]
En medio de la actual crisis constitucional , en 2017 se eligió un órgano diferente, la Asamblea Constituyente , con la intención de reescribir la Constitución venezolana. Desde entonces, las dos legislaturas han funcionado en paralelo, siendo la Asamblea Nacional la principal oposición al presidente Nicolás Maduro y la Asamblea Constituyente su principal apoyo. A partir de mayo de 2019, se espera que el mandato de la Asamblea Constituyente expire el 31 de diciembre de 2020, una medida que reemplaza la resolución anterior de agosto de 2017 que estableció su validez por al menos dos años. [22]
En febrero de 2018, Nicolás Maduro propuso celebrar las elecciones parlamentarias junto con las presidenciales programadas entre abril y mayo de ese año. Sin embargo, la propuesta fue rechazada posteriormente por el Consejo Nacional Electoral , que afirmó que celebrar ambas elecciones juntas sería demasiado complicado. [23] Un año después, Maduro anunció su apoyo, propuesto por la Asamblea Constituyente , a una elección anticipada dentro de 2019. [24] Durante un discurso en un mitin progubernamental que celebraba el 20 aniversario de la revolución liderada por el expresidente Hugo Chávez , afirmó: "Ellos [la oposición] quieren adelantar elecciones, hagamos elecciones". [25]
En noviembre de 2019, Juan Guaidó y Stalin González , junto con el exrector del Consejo Nacional Electoral, Vicente Díaz, declararon que las elecciones no resolverían la crisis nacional . [26] [27] [28] Guaidó dijo que la oposición no participaría en ninguna discusión que no contribuyera a la solución de la crisis. [26]
El 7 de marzo de 2020 se produjo un incendio en los almacenes del Consejo Nacional Electoral en Filas de Mariche, Caracas. Tibisay Lucena, presidenta del Consejo, anunció la pérdida de 582 computadoras, 49 408 máquinas de votación, 400 boletas electrónicas, 22 434 inversores de corriente , 49 323 lectores de huellas dactilares y 127 boletas que debían ser retiradas. [29] Andrés Caleca, exrector del Consejo Electoral, aseguró que en términos de hardware el Consejo Electoral “estaba en cero”, y que en el incendio se perdió la infraestructura electoral, las máquinas y lectores de huellas dactilares, así como la capacidad operativa para programar las máquinas. [30]
A mediados de 2020, los políticos opositores Henrique Capriles y Stalin González alentaron la participación en las elecciones. Como respuesta, Juan Guaidó creó un "pacto unitario" junto con los líderes de treinta y siete partidos políticos, reafirmando no participar en las elecciones y convocar a un referéndum en Venezuela. [31] Tras reunirse con Guaidó, la líder del partido político Vente Venezuela , María Corina Machado , rechazó la propuesta de un referéndum, criticando la incapacidad de Guaidó para deponer a Maduro del poder y destacando la importancia de una opción militar. [32] Elliott Abrams , el Representante Especial de los Estados Unidos para Venezuela, calificó la propuesta de María Corina como "surrealista". [33] Capriles y González se retiraron posteriormente del proceso electoral para presionar por mejores condiciones electorales. [14]
En septiembre de 2020, Maduro anunció que militares cuidarían a los electores en sus casas para votar como parte de un “plan de bioseguridad”, y rechazó la posibilidad de posponer las elecciones. [34]
En octubre de 2019, la Asamblea Nacional aprobó iniciar el proceso de designación de la comisión de postulaciones de los nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE). [35] En mayo de 2020, el Comité de Candidaturas Electorales, encargado de designar un nuevo Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), anunció que suspendería sus sesiones a causa de la pandemia. [36]
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), leal a Nicolás Maduro, declaró en junio que la Asamblea Nacional no había nombrado rectores para el CNE. La oposición denunció que se trataba de un intento de obstruir el procedimiento de las elecciones. [37] [38]
El 12 de junio de 2020, el TSJ decidió nombrar la junta electoral que supervisaría las elecciones parlamentarias. Indira Alfonzo fue declarada como la nueva jefa del CNE a través de Facebook . Los miembros de la Asamblea Nacional argumentan que el TSJ no está autorizado a elegir la junta, según la constitución venezolana. [39] El vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa , declaró: “¡Como venezolanos hacemos nuestra demanda al mundo por un voto libre!”, llamando al gobierno de Maduro una dictadura. [38] Juan Guaidó publicó en Twitter: “No hemos renunciado a nuestros derechos. Tienen el juego cerrado y ya comenzaron a colgar sus teléfonos. No se dejen engañar por sus distracciones”. [38] Según Associated Press , los opositores moderados de la administración de Maduro, que intentan llegar a un acuerdo para crear elecciones libres, encontraron la decisión del TSJ “desalentadora”. [38]
Luis Vicente León, de la encuestadora venezolana Datanálisis, dijo que el TSJ seleccionó a dos miembros de fuera del Partido Socialista Unido de Venezuela , con el fin de dar la apariencia de equilibrio, pero que esto en última instancia no cambia nada, ya que el TSJ actuó de manera unilateral, al margen de cualquier negociación política. [38] León dijo “Esto no generará ninguna confianza de que los partidos de oposición participaron ni conducirá a una participación masiva en una elección. Solo agrega una pincelada de participación opositora a una comisión electoral sesgada, amplificando la división del país sin resolver el problema”. [38]
El 27 de agosto de 2019, la Corte Suprema de Justicia suspendió la junta directiva de la Copei para designar una junta directiva presidida por Miguel Salazar. [40] Anteriormente, la Asamblea Nacional Social Cristiana eligió a Mercedes Malavé el 27 de marzo de 2019.
En mayo, Tarek William Saab , el Procurador General designado por la Asamblea Nacional Constituyente , solicitó al Tribunal Supremo de Justicia que declare a Voluntad Popular como una “organización terrorista”, lo que conllevaría a la proscripción del partido. [41] Voluntad Popular rechazó dichas acusaciones. [42]
El 15 de junio, el Tribunal Supremo de Justicia suspendió la directiva de Acción Democrática para nombrar una nueva presidida por José Bernabé Gutiérrez, días después de que su hermano José Luis Gutiérrez fuera designado por el alto tribunal como rector del Consejo Nacional Electoral. El primero fue expulsado del partido al día siguiente. [43] [44]
El 17 de junio, el Tribunal Supremo procedió a tomar la misma medida con el partido Justicia Primero y nombró una junta directiva ad hoc presidida por José Brito , quien sería responsable del nombramiento del resto de los cargos de Justicia Primero, así como de las autoridades regionales, municipales y locales. [45]
El 7 de julio, el Tribunal Supremo también suspendió a la directiva de Voluntad Popular , convirtiéndose en la tercera organización política intervenida judicialmente en el último mes, nombrando una directiva ad hoc presidida por José Gregorio Noriega, previamente expulsado del partido. El alto tribunal sentenció que Noriega "podría utilizar la tarjeta electoral, logotipo, símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto propio" del partido y suspendió las expulsiones tanto de Noriega como de Guillermo Luces y Lucila Pacheco, integrantes de la nueva directiva. [10]
El 20 de julio, el Tribunal Supremo de Justicia suspendió la directiva del Movimiento Republicano y designó una directiva ad hoc presidida por Manuel Rivas. La directiva ad hoc del partido podrá utilizar la tarjeta electoral, el logotipo, los símbolos, emblemas, colores y cualquier otro concepto del partido. [46]
El 18 de agosto, el Tribunal Supremo intervino además en el partido de extrema izquierda Tupamaro , entregando la directiva del partido a una junta ad hoc para utilizar los escaños, el nombre, la tarjeta electoral, los símbolos y los emblemas electorales del partido. [11] La intervención se produjo después de que el partido anunciara una alianza electoral sin el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). [47] El 21 de agosto, el Tribunal Supremo hizo lo mismo con el partido de izquierda Patria para Todos , que también anunció una alianza electoral sin el PSUV; [12] el alto tribunal también intervino en los partidos Bandera Roja y Compromiso País, entregando el partido a una junta ad hoc. [13]
Luego de que Henrique Capriles instara a participar en las elecciones, el Tribunal Supremo revirtió la intervención del partido Primero Justicia, despojando de su dirección a José Brito. Primero Justicia ratificó tras la sentencia que no participaría en las elecciones. [48]
El 10 de agosto, colectivos tomaron con palos, botellas y gases lacrimógenos las dos principales plazas de Caracas, en La Florida y en El Paraíso. Al menos cuatro periodistas resultaron heridos durante los hechos. [49]
Luego de que el Partido Comunista de Venezuela (PCV) anunciara su separación de la coalición oficialista Gran Polo Patriótico , junto a otros partidos como Patria Para Todos , y una nueva plataforma denominada “Alternativa Popular Revolucionaria”, el PCV denunció la presencia de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia en su sede de Puerto Cabello , en Carabobo . [47]
Los partidos de oposición que conforman la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática acordaron por unanimidad no participar en las elecciones, alegando denuncias de irregularidades durante la planificación del proceso y argumentando que era probable que se produjeran fraudes. Veintisiete partidos políticos firmaron el acuerdo, incluidos los cuatro partidos de oposición más grandes Voluntad Popular , Primero Justicia , Acción Democrática y Una Nueva Era . [7] [8] [9]
Los partidos que firmaron el documento fueron: Acción Democrática , Alianza del Lápiz, Aprisal, Bandera Roja , Camina, Copei . Cuentas Claras, Encuentro Ciudadano, Fuerza Liberal, GuajiraVen, Izquierda Democrática, La Causa R , Moverse, Movimiento Republicano, NUVIPA, Parlinve, Movimiento por Venezuela, PDUPL, Primero Justicia , Proyecto Venezuela , Sociedad, Un Nuevo Tiempo , Unidad NOE, Unidos Para Venezuela, Vanguardia Popular, Voluntad Popular y Unidad Política Popular 89. [7]
El Grupo de Lima , el Grupo de Contacto Internacional , la Unión Europea y Estados Unidos rechazaron celebrar elecciones parlamentarias en 2020 “sin condiciones libres ni justas”. [15]
En una declaración conjunta, los miembros del Grupo de Lima manifestaron que rechazan y desconocen la designación de los miembros del Consejo Nacional Electoral por parte del Tribunal Supremo de Justicia, calificándola de “ilegal” y argumentando que “vulnera abiertamente la Constitución venezolana y atenta contra las condiciones mínimas necesarias para cualquier proceso electoral y el retorno de la democracia en Venezuela”. [15]
El Grupo de Contacto Internacional, encabezado por Uruguay, lamentó la renovación del Consejo Electoral que “mina la credibilidad del próximo proceso electoral”. La declaración pública fue consensuada por Bolivia , Costa Rica , Ecuador , Panamá , Reino Unido , la Unión Europea y siete de sus Estados miembros: Francia , Alemania , Italia , Países Bajos , Portugal , España y Suecia . [15]
La Organización de los Estados Americanos (OEA) rechazó la designación “ilegal” del Consejo Electoral y recordó que se necesitan órganos independientes para que en el país se realicen elecciones “transparentes, libres y justas”. [16]
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos , encabezada por Michelle Bachelet , indicó que “las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales democráticos y creíbles” y “designan nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de oposición”. [17] [18]
El Secretario General de la OEA , Luis Almagro , y el ex primer ministro español Felipe González , condenaron la toma violenta de los escaños de Acción Democrática en Caracas. [49]
En septiembre, la Unión Europea rechazó la invitación de Nicolás Maduro de enviar una misión de observación al proceso electoral, subrayando que el partido gobernante no había cumplido las “condiciones mínimas” para que el proceso fuera considerado “creíble y transparente”. [50]
El 4 de septiembre de 2020, Estados Unidos sancionó a Alfonzo y a otras tres personas , acusándolos de facilitar los esfuerzos del régimen ilegítimo de Maduro para socavar la independencia y el orden democrático de Venezuela. Según el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin , dijo que "el régimen corrupto de Maduro está intentando tomar el control de la Asamblea Nacional de Venezuela mediante una elección fraudulenta". [51] Alfonzo ya fue sancionado por el gobierno canadiense en mayo de 2018, tras las recientes elecciones presidenciales consideradas por Canadá y parte de la comunidad internacional como "no libres ni justas". [52] [53]
A partir de mayo de 2020, durante la pandemia de COVID-19 , organismos electorales como el Observatorio Electoral de Venezuela y la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación, aseguraron que en Venezuela aún quedaban muchos obstáculos por superar antes de que se llevara a cabo un proceso electoral en diciembre de 2020, entre ellos condiciones, problemas tecnológicos y falta de acuerdo entre facciones políticas, por lo que no parecía factible realizar las elecciones en 2020. [54]
El exgobernador de la tribu indígena Kariña, Wilson Espinoza, y el miembro del Comité de Derechos de la Guajira, José Marín, han protestado contra el Reglamento Especial para la Elección de los Diputados Indígenas a la Asamblea Nacional publicado el 24 de julio por el Consejo Electoral, argumentando que quita el voto directo a la minoría indígena, que reduce drásticamente la representación indígena en la Asamblea Nacional para las próximas elecciones y que impone un voto de segundo grado al grupo. [55] El 26 de julio, en una declaración pública, Espinoza declaró que las reglas fueron redactadas y publicadas sin consultar al directorio electoral, sin considerar las sugerencias y propuestas de los grupos indígenas y advirtió que el plazo de treinta días que establece las reglas para el proceso de asambleas comunitarias, elección de voceros, asambleas generales y votación a mano alzada de los diputados que los representarán en la Asamblea Nacional es irreal e imposible de cumplir, además de ser un alto riesgo de contagio de COVID-19 . [55]
En julio, las organizaciones no gubernamentales electorales Súmate y Voto Joven denunciaron que las medidas de bioseguridad durante el proceso de actualización y registro del Registro Electoral fueron deficientes, entre ellas la poca o nula desinfección de equipos, como escáneres de huellas dactilares o bolígrafos; el uso incorrecto de tapabocas, la falta de guantes y el incumplimiento del distanciamiento social . [56]
El 29 de julio, un grupo de ex autoridades del extinto Consejo Supremo Electoral presentó un recurso de amparo al Tribunal Supremo para pedir la suspensión de los nuevos cambios aprobados por el Consejo Electoral. Los solicitantes fueron Andrés Caleca, Eduardo Roche Lander, Ildemaro Martínez, Rafael Lander y Egleé González Lobato. [57] Otro grupo de ex autoridades del Consejo Nacional Electoral, juristas, políticos y expertos presentaron un recurso de amparo al Tribunal Supremo pidiendo la suspensión del proceso, pidiendo tiempo para organizarlo de manera “razonable y honorable”. La iniciativa fue acompañada de la recolección de al menos 8.000 firmas en los próximos días. [58]
En septiembre, organizaciones de la sociedad civil pusieron en marcha la plataforma “ Venezuela Documenta ” para apoyar a la ciudadanía en la “recopilación y registro de incidencias y patrones vinculados al debilitamiento de la democracia, los derechos humanos, la participación política y los procesos electorales en el país”. La iniciativa está integrada por la Red Electoral Ciudadana, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Sinergy, Dale Letra y Diálogo Social . [59]
A finales de octubre, el comandante en jefe de la Región de Los Andes, alcalde general Ovidio Delgado Ramírez, anunció "una campaña de entrega de leña a la población". [60]
Durante la campaña final, Diosdado Cabello declaró: "El que no vota, no come. Para el que no vota no hay comida. Allí se aplica una cuarentena ". La diputada a la Asamblea Nacional Delsa Solórzano anunció que enviaría la declaración a la Corte Penal Internacional . [61] [62] [63] Cabello declaró después que su declaración fue sacada de contexto, diciendo que "yo dije en Bolívar que si alguien no vota, la mujer debe decirle al hombre que no le va a dar comida". [64]
Venezuela utiliza un sistema de votación paralelo , con 144 escaños a elegir por representación proporcional de lista cerrada asignados mediante el método d'Hondt , y 133 escaños a elegir por votación mayoritaria en 87 circunscripciones geográficas. [65]
Por decisión del Consejo Nacional Electoral, el sistema electoral venezolano sustituyó la figura de la observación internacional por un “acompañamiento conveniente”. [66]
El 5 de junio, el Tribunal Supremo “desaplicó” los artículos 14, 15, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182 y 186 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales y modificó el mecanismo especial de la circunscripción indígena. [67] [68]
El 30 de junio, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Indira Alfonzo , anunció el aumento de la Asamblea Nacional en 110 escaños más, para un total de 277 diputados. [65] La medida fue interpretada como un intento de Maduro de llenar la asamblea con sus partidarios. [69]
Entre los artículos de la Ley Electoral que dejarán de aplicarse están los relacionados con las condiciones, requisitos y formas en que serán elegidos los representantes indígenas para el parlamento. Según el Consejo Electoral, la inaplicación tiene como objetivo “reinvocar las tradiciones, usos y prácticas de las comunidades indígenas”. La nueva normativa del Consejo Electoral establece un sistema electoral completamente nuevo, en el que se sustituye el voto personal y directo por un sistema de delegados que votarán en nombre de las comunidades indígenas, eliminando el voto de primer grado que ha existido en procesos electorales anteriores, con excepción de la elección de la Asamblea Constituyente de Venezuela de 1999. [70]
El Consejo Electoral estableció que las comunidades indígenas deben organizarse en un órgano denominado “asambleas comunitarias”, las cuales se reunirán y funcionarán de acuerdo al cronograma que establezca el Consejo Electoral. Las reuniones deberán contar además con la presencia de un “agente de coordinación electoral” designado por el Consejo Electoral, quien será responsable de la documentación que se produzca en las asambleas. Las asambleas comunitarias deberán elegir un número aún no determinado de voceros, quienes a su vez acudirán a asambleas generales en las que procederán a elegir a sus respectivos diputados indígenas, de acuerdo a su región, en representación de su comunidad en votación de segundo grado. La votación se realizará el día de la elección y con la presencia de testigos de las organizaciones indígenas postulantes que asistan al acto y del coordinador electoral designado por el Consejo Electoral. La votación se realizará “a mano alzada” y los votos se reflejarán en un acta que posteriormente será enviada a la Junta Electoral Regional y a la Oficina Electoral Regional de la entidad respectiva. El Consejo Nacional procederá al conteo de las actas recibidas; el candidato que obtenga la mayoría de los votos de los voceros será elegido diputado. [70]
La normativa viola los artículos 3 (personalización del voto) y 16 (derecho al voto nominal) de la Ley Electoral, así como los artículos 5 (soberanía ejercida indirectamente a través del voto) y 63 (voto universal, directo y secreto, y garantía de personalización del voto) de la constitución. [70] Los cambios realizados por el Consejo Electoral también violan el artículo 298 de la constitución, que prohíbe modificar la Ley de Procesos Electorales en los seis meses previos a la elección. [70] Según el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffalli , los cambios son ilegales porque no ofrecen una elección directa y secreta como está consagrada en la constitución. [70]
En medio del boicot de la mayoría de la oposición, la alianza Gran Polo Patriótico liderada por el PSUV obtuvo una supermayoría de escaños. La participación fue de alrededor del 30,5%.