La Procuraduría General de la Nación ( PGN ) es una institución pública colombiana independiente encargada de supervisar la conducta pública de quienes tienen autoridad o están a cargo del ejercicio de una función pública , y de supervisar el correcto funcionamiento de otras instituciones y agencias gubernamentales . La Procuraduría General de la Nación no es una institución judicial; es una de las Instituciones de Control colombianas, junto con la Contraloría General de la Nación . La Procuraduría también está encargada de salvaguardar los derechos de las personas, garantizar la protección de los derechos humanos e intervenir en nombre del pueblo en defensa del interés público.
Según la Constitución colombiana de 1991 , uno de los principales propósitos del Procurador General de la Nación es prevenir, intervenir e iniciar acciones disciplinarias. Previene antes de tener que actuar; se encarga de supervisar la actuación de los funcionarios públicos y advierte sobre cualquier violación a las normas vigentes. [2] Interviene en las diferentes jurisdicciones en defensa del orden jurídico, los fondos públicos y los derechos y libertades fundamentales. El Procurador General de la Nación es el encargado de iniciar, desarrollar y resolver las investigaciones contra funcionarios públicos de conformidad con el Código Disciplinario Único . [3]
En julio de 2022, el entonces presidente electo Gustavo Petro afirmó que promovería la supresión de la Procuraduría General de la República, con el fin de “escuchar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el proceso respetar la Convención Americana”. [4] [5] Agregó que el financiamiento del aparato se destinaría a “fortalecer” el poder judicial, y establecer “la gran Fiscalía Anticorrupción”. [6]
Políticos colombianos como Juan Manuel Galán Pachón y Piedad Córdoba han apoyado este cambio, calificando a la institución de “institución monárquica, vieja y costosa” y de “herramienta de persecución de la extrema derecha, un organismo parcializado que protege a los clanes políticos”, respectivamente. [6] [7]
En entrevista con El Tiempo , los abogados Juan Carlos Ospina y Silvia Serrano afirmaron que “la propuesta de eliminación o transformación total de la Fiscalía General de la Nación va más allá de lo ordenado por la Corte Interamericana” y que “la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no ordenó eliminar el órgano de control ni transferir sus funciones al Poder Judicial sino adecuar el sistema interno para que la Fiscalía General de la Nación no tenga la facultad de destituir o inhabilitar a funcionarios de elección popular”. [8]