El proceso de destitución de Dilma Rousseff , la 36.ª presidenta de Brasil , comenzó el 2 de diciembre de 2015 con una petición de destitución aceptada por Eduardo Cunha , entonces presidente de la Cámara de Diputados , y continuó hasta finales de 2016. Dilma Rousseff , que llevaba más de 12 meses en su segundo mandato de cuatro años, fue acusada de mala conducta administrativa criminal y desprecio por el presupuesto federal en violación del artículo 85, incisos V y VI, de la Constitución de Brasil y la Ley de Responsabilidad Fiscal, artículo 36. [1] [2] [3] La petición también acusó a Rousseff de responsabilidad penal por no actuar sobre el escándalo en la compañía petrolera nacional brasileña, Petrobras , a causa de las acusaciones descubiertas por la investigación de la Operación Lava Jato , y por no distanciarse de los sospechosos en esa investigación. [4] [5]
Rousseff fue presidenta del directorio de Petrobras durante el período cubierto por la investigación, y aprobó la controvertida adquisición por parte de Petrobras del Sistema de Refinación de Pasadena . [5] Sin embargo, los cargos de Petrobras no fueron incluidos en el impeachment porque el fiscal general Rodrigo Janot , además de declarar que "no había duda de que Dilma no es corrupta", [6] [7] argumentó con éxito que un presidente en funciones no podía ser investigado mientras estaba en el cargo por delitos cometidos antes de la elección. [8] [9]
El 17 de abril de 2016, Rousseff fue formalmente destituida. El 12 de mayo, el Senado votó suspender los poderes de Rousseff durante el juicio y el vicepresidente Michel Temer se convirtió en presidente interino. [10] El 31 de agosto de 2016, el Senado destituyó a la presidenta Rousseff por 61 votos a favor y 20 en contra, al encontrarla culpable de violar las leyes de presupuesto de Brasil; sin embargo, no recibió suficientes votos del Senado para ser descalificada de sus derechos políticos. En consecuencia, Temer fue juramentado como el 37.º presidente de Brasil. [11] [12] Temer fue acusado por un ejecutivo de Odebrecht de solicitar donaciones de campaña en 2014 para su partido. [13] Fue juzgado junto con Rousseff en el Tribunal Superior Electoral (TSE) en una denuncia presentada por Aécio Neves , el candidato derrotado por Rousseff en la segunda vuelta presidencial de 2014 , por irregularidades en los fondos de su campaña (Rousseff había compartido la fórmula de la coalición PT - PMDB con Temer). [14] [15]
El 9 de junio de 2017, el tribunal rechazó, por 4 votos a 3, las acusaciones de violaciones a las normas de financiación de campañas por parte de la fórmula Rousseff-Temer durante la campaña electoral de 2014. Como resultado de esa sentencia, el presidente Temer permaneció en el cargo y tanto Rousseff como Temer conservaron sus derechos políticos. [16] [17]
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Supuestamente hubo corrupción durante el mandato de Rousseff como presidenta del consejo de administración de la empresa estatal de energía Petrobras entre 2003 y 2010. [18] [19] En febrero de 2014, una investigación de la Policía Federal , llamada en código Operación Lava Jato, puso a Petrobras en el centro de "lo que puede ser el mayor escándalo de corrupción en la historia de Brasil". [20] [21] El 14 de noviembre de 2014, redadas policiales en seis estados brasileños llevaron a varios políticos y empresarios brasileños prominentes, incluidos algunos directores de Petrobras, que fueron investigados por contratos "sospechosos" por valor de 22 mil millones de dólares. [20] [21] Una investigación posterior también encontró cuentas en el extranjero y colecciones de arte en poder de los involucrados en la controversia. [22]
Sin embargo, no se ha encontrado ninguna evidencia de que Rousseff misma estuviera involucrada en la controversia de Petrobras y ella ha negado cualquier conocimiento previo del escándalo. [23] Más de un millón de brasileños protestaron en las calles en marzo de 2015 pidiendo el impeachment de Rousseff. [24] El 5 de mayo de 2016, el juez de la Corte Suprema Teori Zavascki desestimó los cargos presentados contra Rousseff por el senador Delcídio do Amaral basados en la controversia de Petrobras, dictaminando que un presidente en funciones no podía ser investigado por acciones tomadas antes de asumir el cargo como había argumentado el fiscal general Rodrigo Janot. [25]
Rousseff también fue acusada de pedaleo fiscal en su administración, una maniobra contable para dar la falsa impresión de que se recibió más dinero del que se gastó. [26] [27] [28] El gobierno supuestamente no financió a los bancos públicos y privados que administraban los pagos públicos, incluidos los programas de asistencia social como Bolsa Família , lo que obligó a los bancos a financiar los programas ellos mismos sin compensación. [29] [30] [31] El presupuesto de la administración de Rousseff supuestamente utilizó este pedaleo para mejorar sus resultados fiscales y hacer que el superávit para los años 2012 a 2014 pareciera mayor. [32] El Tribunal de Contas da União (TCU), declaró por unanimidad que esta maniobra era una violación de la responsabilidad fiscal. [32] [33] [34] El TCU, un auxiliar del cuerpo legislativo, no tiene poder legal, pero su decisión puso al Congreso Nacional bajo gran presión para iniciar un proceso de impeachment. [35] [36]
Rousseff ganó las elecciones generales de 2014 con el 51,64% de los votos en una de las elecciones presidenciales más polémicas de la historia del país. [37] Juramentada el 1 de enero de 2015, [38] Rousseff comenzó su segundo mandato debilitada por las acusaciones de corrupción, así como por la recesión económica brasileña de 2014-2016 . El 15 de marzo de 2015, comenzaron las protestas , reuniendo a millones de brasileños en todo el país para exigir, entre otras cosas, la renuncia de Rousseff o su destitución. [39] En junio de 2015, algunas encuestas informaron que su índice de desaprobación era tan alto como el 68%, el más alto para cualquier presidente brasileño desde la redemocratización del país , y en agosto de 2015 había aumentado al 71%. [40] [41]
El gobierno de Rousseff fue acusado por el TCU de mala conducta en la gestión de las cuentas públicas desde 2012. [42] [43] [44] El presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, fue investigado en la Operación Lava Jato por supuestamente recibir sobornos y mantener cuentas secretas en bancos suizos. El Consejo de Ética y Decoro Parlamentario de la Cámara de Diputados de Brasil presentó una denuncia en su contra, poniéndolo en riesgo de perder su escaño. El consejo era responsable de juzgar y aplicar sanciones a los diputados en casos de incumplimiento de las normas. Surgieron rumores sobre intentos entre el partido de Cunha (PMDB) y el partido de Rousseff para llegar a un acuerdo: que ella archivaría la demanda contra Cunha si él se negaba a aceptar el pedido de impeachment en su contra. Cuando el Partido de los Trabajadores anunció al Consejo de Ética su apoyo a la demanda contra Cunha, este aceptó el pedido de impeachment, supuestamente en represalia. Cunha descartó que su decisión estuviera motivada por razones personales o políticas. [45] [46] [47] [48]
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En su defensa, Cunha dijo que abrir el proceso de impeachment era su deber constitucional como presidente de la Cámara y que la decisión de hacerlo se basó únicamente en hechos relacionados con las leyes de presupuesto. Cunha dijo además que no tenía ningún agravio personal contra el Partido de los Trabajadores y que Rousseff había firmado seis decretos de gastos adicionales, que habían aumentado el gasto federal de 2015 en incumplimiento de la ley de presupuesto anual y sin la aprobación del Congreso. [48]
Rousseff negó cualquier intento de acuerdo para salvar a Cunha a cambio de detener su impeachment, y también negó acuerdos para interferir con el Consejo de Ética a cambio de la aprobación de la reintroducción del impuesto CPMF (Impuesto Provisional sobre las Transacciones Financieras), que era un deseo del gobierno. [49] En una conferencia de prensa el 2 de diciembre de 2015, dijo que nunca aceptaría ni estaría de acuerdo con ningún tipo de acuerdo corrupto. [50]
He recibido con indignación la decisión del presidente de la Cámara Baja de [iniciar] el proceso de impeachment. No he cometido ningún acto ilícito, ni hay sospechas de que haya hecho mal uso de dinero público [...] Las razones esgrimidas para esta solicitud [de impeachment] son inconsistentes e infundadas. No he cometido ningún acto ilícito. Mi gobierno realizó todos sus actos según el principio de responsabilidad hacia el patrimonio público, [...] No he cometido ningún acto ilícito, no hay sospechas sobre mí de que haya hecho mal uso de dinero público. No tengo cuentas bancarias en el extranjero, no tengo activos ocultos. [...] Nunca aceptaría ningún tipo de trato, y mucho menos aquellos que amenazan el libre funcionamiento de las instituciones democráticas en este país.
— Dilma Rousseff , noticiero televisivo del 2 de diciembre de 2015. [50] [51] [52] [45]
Tras este pronunciamiento de la presidenta, Cunha afirmó que Rousseff había mentido a la nación cuando dijo que no participaría en ningún acuerdo y que su gobierno tenía mucho que explicar al país. Cunha afirmó que no estaba al tanto de ninguna negociación y que nunca se había reunido con Jaques Wagner , el supuesto intermediario en las supuestas negociaciones con Rousseff. Declarando su oposición al Partido de los Trabajadores, dijo que preferiría renunciar a sus tres votos en el Consejo de Ética. [53]
Ella mintió en cadena nacional de televisión y eso es muy grave. Si ella no hubiera participado directamente yo no hablaría.
— Eduardo Cunha , Conferencia de prensa – 3 de diciembre de 2015. [48] [ ¿De quién es la traducción? ]
En diciembre de 2015, el profesor Leonardo Avritzer, de la Universidad Federal de Minas Gerais, dijo a Agência Brasil que la crisis política estaba vinculada a la incapacidad de Rousseff para negociar con el Congreso y que el sistema político fragmentado de Brasil (y muchos partidos políticos ) habían creado un gobierno ingobernable. Según él, la oposición que se enfrentó a Rousseff después de las elecciones de 2014, que pedía un recuento de votos y sus cuestionadas cuentas de campaña, que culminaron en el proceso de impeachment, habían sido otros factores importantes en la desestabilización del gobierno. Sin embargo, la politóloga Luciana Veiga afirmó que, en ese momento, el proceso estaba beneficiando a Rousseff, que ahora estaba libre de chantaje y podría potencialmente reorganizar su gobierno. Veiga creía que Cunha podría ser destituido de su cargo y que la oposición intentaría impulsar el proceso de impeachment de Rousseff en el Congreso para 2016 con el fin de mitigar el "éxtasis electoral" y el "acto de venganza" que se decía que eran la causa del intento de impeachment. [54]
En las encuestas de la CNT/MDA realizadas en marzo de 2015, sólo el 10,8% de los brasileños aprobaba el gobierno de Rousseff y el 59,7% quería que se la destituyera. [55] [56] En julio de 2015, esta última cifra había aumentado al 62,8%. El Instituto Datafolha recopiló datos similares en abril de 2016, que mostraban que el 61% de los brasileños creía que Rousseff debía ser destituida. [57]
En total, se presentaron 37 solicitudes de impeachment contra Rousseff en la Cámara de Diputados desde 2012 hasta su impeachment. De ellas, 23 fueron archivadas y no prosperaron. Las 14 restantes prosperaron, pero sólo una fue aceptada por Cunha. [58] [5] Presentada por el ex congresista y abogado Hélio Bicudo y los abogados Miguel Reale Júnior y Janaína Paschoal , se basó en denuncias de omisión en relación con la controversia de Petrobras, delitos de responsabilidad fiscal y mala gestión presupuestaria. [59]
Las transacciones ilegales o sospechosas investigadas por la Operación Lava Jato incluyeron la compra de la Refinería de Pasadena por Petrobras, un acuerdo que le costó R$792 millones (US$362 millones). [60] [61] Rousseff presidía el directorio de Petrobras cuando se aprobó la compra. Más tarde dijo que se había cometido un error en una cláusula contractual y que "su decisión se basó en un resumen técnica y legalmente defectuoso" del documento de compra elaborado por Nestor Cerveró , el director financiero de Petrobras Distribuidora (la subsidiaria de distribución y comercialización de combustibles de Petrobras). [62] Petrobras pagó a Astra Oil, una subsidiaria de propiedad absoluta de Astro Oil Trading NV, $360 millones por el 50% del Sistema de Refinación de Pasadena. [63] Un año después, Astra ejerció una opción de venta que requería que Petrobras comprara la otra mitad, y luego ganó el caso de arbitraje sobre el acuerdo. [62] En mayo de 2015, Cerveró fue condenado por lavado de dinero y sentenciado a cinco años de prisión. [64] En abril de 2021, Rousseff fue absuelta por el Tribunal de Cuentas de Brasil en un proceso por la compra de la refinería de Pasadena. El tribunal consideró que Rousseff no tuvo ninguna responsabilidad en la compra, al igual que otros exmiembros del directorio. [ cita requerida ]
Según la solicitud, la presidenta calificó las acusaciones como "una especie de golpe de Estado y un mero intento de debilitar a Petrobras". [65] Destacando su experiencia en los sectores económico y energético, la presidenta subrayó la salud financiera de la empresa. Renunció al consejo de administración de Petrobras recién en febrero de 2015. [66] [67]
Algunas empresas internacionales fueron incentivadas y, posteriormente, participaron en ofertas poco realistas para vaciar la empresa estatal, devolviendo gran parte del valor mediante contratos ilícitos. Según la solicitud, una persona con conocimiento de las cuentas de Petrobras debería evaluar, como miembro del personal de la empresa, la sobrefacturación en los contratos aprobados. [68] Se alegó que las declaraciones tomadas a los acusados en la Operación Lava Jato sugerían que Lula y Rousseff habían sabido del esquema de sobornos en Petrobras. [69] [70] [71] [72]
Rousseff emitió seis decretos sin numeración en 2014 y 2015 que destinaban fondos a programas sociales, supuestamente con fines políticos, sin autorización del Congreso. Éstos totalizaron R$ 18,5 mil millones (US$ 6,9 mil millones) y fueron contratados en instituciones financieras oficiales sin la necesaria autorización legislativa, ni metas que cumplieran con la Lei de Responsabilidade Fiscal (Ley de Responsabilidad Fiscal) y la Ley Anual de Presupuesto . Para obtener esos créditos adicionales, la meta de 2014 fue reducida a fines de 2014 en R$ 67 mil millones (US$ 25 mil millones) a pedido de la presidenta. Rousseff supuestamente cometió delitos similares de irresponsabilidad fiscal en 2015. También emitió decretos similares en los años 2014 y 2015 para autorizar el crédito de apertura precisamente para, supuestamente, permitir la provisión de recursos adicionales a pesar de que se sabía que la meta principal de superávit en la previsión presupuestaria no se estaba cumpliendo, y no se cumpliría, desconociendo así la Ley Anual de Presupuesto y la Constitución Federal. [73]
En 2011 y 2014, el gobierno de Rousseff habría realizado operaciones crediticias ilegales, utilizando fondos de los bancos estatales Caixa Econômica Federal y Banco do Brasil para financiar programas sociales sin declarar oficialmente los préstamos de ninguno de esos bancos, un ejemplo de pedaleo fiscal . Estas transacciones fueron denunciadas en 2015 por el TCU y, según el informe, se realizaron con el fin de mejorar las posibilidades de reelección del gobierno. [74]
En ese momento, la Caixa Econômica Federal y el Banco do Brasil operaban programas sociales federales en virtud de un contrato gubernamental. El gobierno pasaba los fondos necesarios para financiar los programas a través de la Secretaría del Tesoro Nacional todos los meses. Estaban obligados a transferir los valores equivalentes para la igualación de las tasas de interés, los gastos y las transferencias legales contempladas en el contrato. Pero el gobierno no había efectuado estos reembolsos y, en cambio, los bancos contratados financiaban los programas con su propio capital, capital que el gobierno estaba obligado a reembolsarles, aunque no se había registrado oficialmente ningún préstamo. La Ley de Responsabilidad Fiscal (artículo 36) prohíbe a los miembros del gobierno federal que controlan instituciones financieras estatales tomar préstamos de las instituciones que controlan. [2] El saldo total de estos pasivos a fines de agosto de 2014 era de R$ 1.740 millones (US$ 740 millones). Del total de R$ 7.800 millones (US$ 2.900 millones) gastados en subsidios en estos programas entre 2009 y 2014, solo R$ 1.600 millones (US$ 590 millones) fueron transferidos por el Gobierno. [75]
A finales de 2014, Rousseff envió al Congreso PLN 362014, para cambiar la Ley de Directivas Presupuestarias con el fin de modificar las reglas del superávit primario , y mostrando así su conocimiento del pedaleo fiscal al tomar medidas para normalizar las cuentas. [76]
Hasta septiembre de 2015, se habían presentado 37 solicitudes de impeachment ante la Cámara de Diputados contra Rousseff, pero Cunha no aceptó ninguna, excepto la de Hélio Bicudo y los abogados Miguel Reale Júnior y Janaína Paschoal. [5] [77] [78] Gran parte del movimiento pro-impeachment (incluido el grupo Brasil Libre y el Movimiento Ven a la Calle ) se unió a la solicitud de Bicudo. [79] Los congresistas que apoyaban el impeachment también organizaron una petición a su favor, que obtuvo las firmas de dos millones de brasileños. [80]
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Documentos presentados a la Cámara intentaron implicar a Rousseff en la polémica descubierta por la Operación Lava Jato, citando la falta de investigación de las acusaciones de corrupción contra el ex Presidente Luiz Lula da Silva , además de esas y otras acusaciones contra ella misma. [81] [82] Los seis decretos que fueron objeto de muchas de esas acusaciones de manipulación fiscal y que Rousseff había impulsado unilateralmente para que se convirtieran en ley también fueron presentados como prueba. [83]
En el primer día del año legislativo brasileño de 2016 (2 de febrero), Rousseff habló en el Congreso . Esa inusual asistencia personal al Congreso para informar sobre la agenda legislativa de su gobierno ha servido para mitigar las señales de que 2016 debería ser, una vez más, un año de batalla política.
El discurso de la presidenta estuvo marcado por los llamados a apoyar nuevos impuestos para superar la crisis, los abucheos de los opositores de Rousseff, así como las críticas incluso de sus aliados. Recibida por los entonces presidentes del Senado ( Renan Calheiros ), del Supremo Tribunal Federal ( Ricardo Lewandowski ) y de la Cámara de Diputados ( Eduardo Cunha ), Rousseff besó los rostros de los dos primeros, y con Cunha -que aceptó su pedido de impeachment- sólo se saludó con un rápido apretón de manos.
Una pancarta sostenida por los diputados Eduardo Bolsonaro y Jair Bolsonaro (quien sería elegido presidente de Brasil en 2018) tenía escrita la frase: "Brasil no puede tolerarlos más. Salgan". [84]
El 11 de abril de 2016, una comisión especial formada en la Cámara de Diputados votó sobre la admisibilidad de la petición, al mismo tiempo que 37 de los 65 miembros de la comisión también enfrentaban cargos de corrupción u otros delitos. [85] El testimonio de los autores de la solicitud fue seguido por la defensa de Rousseff. Mientras tanto, se produjeron protestas callejeras tanto a favor como en contra del impeachment en todo el país. [86] [87] La comisión finalmente votó por 38 a 27 a favor del impeachment. [88] [89]
Después de que el proceso fuera aprobado por el comité, la cámara baja en pleno también votó a favor del impeachment, con 367 votos a favor y 137 en contra, siendo necesarios 342 para que fuera aprobado (7 abstenciones, 2 ausentes). [92] Pero de manera similar a la situación en el comité, 303 de los 513 miembros de la cámara baja enfrentaban cargos criminales o investigación en el momento de la votación. [85] Cunha luego remitió el asunto al Senado que finalmente, después de una sesión de más de veinte horas el 12 de mayo, resolvió suspender los poderes y deberes presidenciales de Rousseff por hasta 180 días, una moción que fue aprobada por 55 a 22. Durante el proceso judicial que condujo a la votación del Senado sobre el impeachment, el entonces vicepresidente Michel Temer actuó como presidente interino. [10] Pero antes de eso, el 5 de mayo de 2016, Teori Zavascki, juez del Tribunal Supremo Federal, dictaminó que Cunha debía renunciar como presidente de la Cámara, porque enfrentaba un juicio por corrupción. La decisión fue posteriormente respaldada por los once jueces de la Corte, pero sin embargo no afectó el proceso de juicio político. [93]
El 12 de septiembre de 2016, Cunha fue finalmente expulsado de la Cámara y se le suspendieron sus derechos políticos bajo la acusación de mentir en su testimonio ante el comité que investigaba las acusaciones de la Operación Lava Jato, la culminación de una investigación interna que había durado once meses. [94] El 19 de octubre de 2016, Cunha fue arrestado por cargos de corrupción y soborno relacionados con la compra de un buque de perforación de Petrobras . [95]
En el sistema político brasileño, el presidente y el vicepresidente compiten en la misma candidatura pero tienen mandatos separados por constitución. Michel Temer, quien fue presidente de la Cámara durante la presidencia de Fernando Henrique Cardoso de 1995 a 2003, es miembro del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que anunció que se postularía contra el gobierno de Rousseff en marzo de 2016. [97] [98] Según The Guardian ,
“…para quienes anhelan un cambio, Temer representa la salvación. Otros, más preocupados por la frágil democracia del país, creen que es el autor de un golpe de Estado.” [99]
Una propuesta separada buscaba destituir a Temer, proceso que oficialmente había comenzado el 6 de abril de 2016 cuando Cunha formó una comisión para investigar una de las cinco solicitudes de destitución presentadas contra Temer. [100]
En marzo de 2017, el ex presidente del Grupo Odebrecht, Marcelo Odebrecht , como parte de un acuerdo de culpabilidad por clemencia, dijo ante el juez del Tribunal Superior Electoral, Herman Benjamin, que los fondos ilícitos del PMDB y del PT recibieron pagos de R$150 millones (US$48 millones) del conglomerado de construcción de Odebrecht para la campaña de reelección de 2014, y que al menos un tercio del dinero se originó en prácticas corruptas. Odebrecht fue encarcelado en junio de 2015 por corrupción descubierta por la Operación Lava Jato. [101] [102]
Una encuesta de la CNT/MDA publicada el 8 de junio de 2016 indicó que sólo el 11,3% de los brasileños aprobaba el gobierno interino del presidente Temer, mientras que el 28% lo desaprobaba. Para el 30,2% de los encuestados, el gobierno de Temer es normal, mientras que el 30,5% no respondió. La encuesta también mostró que el 46,6% de los brasileños creía que la corrupción en el gobierno de Temer podría igualar a la del gobierno de Rousseff. El 28,3% creía que la corrupción podría ser menor y el 18,6% restante estimaba que podría ser incluso mayor. En cuanto a la legalidad del proceso de impeachment, el 61,5% estaba de acuerdo con la conducción del proceso, el 33,3% respondió negativamente y el 5,2% no respondió. La CNT/MDA encuestó a 2.002 personas en 137 municipios de 25 unidades federativas entre el 2 y el 5 de junio. La CNT/MDA informó que la encuesta tenía un 95% de fiabilidad y un margen de error del 2%. [103] [104]
Una encuesta de Ipsos a principios de julio de 2016 investigó qué resultado esperaban la mayoría de los brasileños, con resultados mixtos: el 16% de los brasileños prefería a Temer en el cargo; el 20% dijo que Rousseff debería ser absuelta y terminar su mandato de cuatro años; y el 52% dijo que quien asumiera la presidencia debería convocar nuevas elecciones para presidente. Sin embargo, la celebración de nuevas elecciones solo sería posible con una mayoría de 3/5 en ambas cámaras del Congreso. Alternativamente, ambos podrían haber sido destituidos de su cargo, dependiendo del resultado de una demanda presentada en el Tribunal Superior Electoral por el PSDB , partido de Aécio Neves, el candidato derrotado en las elecciones presidenciales de 2014, cuya demanda alegó un delito electoral por parte de la alianza política de Rousseff-Temer que involucra donaciones de las empresas implicadas en la Operación Lava Jato. [105] [106] [107]
Tras la votación del Senado para suspender los poderes y deberes presidenciales de Rousseff, el procedimiento posterior requirió nuevas citaciones, nueva defensa, designación de testigos y producción de pruebas para la preparación del informe final, que primero tuvo que ser revisado por una comisión y luego por el pleno del Senado, requiriendo cada uno una mayoría simple para confirmar que las acusaciones estaban bien fundadas. Después de eso, comenzó el debate sobre la condena o absolución, que requería una mayoría de dos tercios del Senado, cuyo procedimiento fue presidido por Ricardo Lewandowski . Esto finalmente resultó en la destitución permanente de Rousseff, cuyo recurso fue rechazado por el tribunal. [108] [109] [110]
Rousseff tuvo 20 días para presentar una defensa preliminar escrita para el juicio en el Senado y el abogado de Rousseff, José Eduardo Cardozo, lo hizo el 1 de junio de 2016. [111] [112]
Su escrito de 370 páginas decía que la presidenta no había cometido los presuntos delitos y que el impeachment de Rousseff "tenía como único y exclusivo objetivo poner fin a la Operación Lava Jato". Cardozo presentó como prueba las transcripciones de una conversación telefónica grabada entre José Sérgio Machado , expresidente de la filial de Petrobras Transpetro , y el senador Romero Jucá , un político influyente del PMDB. Publicada por el periódico Folha de S. Paulo , la conversación convenció a Cardozo de que los dos estaban tratando de evitar que la investigación se ampliara, debido al riesgo de que ambos se vieran atrapados en ella, y sugirió que el impeachment de Rousseff podría haber sido parte de un acuerdo destinado a prevenir (y posiblemente detener más tarde) las investigaciones de la Operación Lava Jato. [ cita requerida ] El abogado de Jucá dijo que su cliente nunca pensó en interferir en la Operación Lava Jato y que el diálogo no sugería que lo hiciera. [113] [114] Jucá, quien había sido designado Ministro de Planificación por Temer, también negó haber intentado obstruir la investigación y después de hablar con Temer el 23 de mayo, dijo que no tenía intención de renunciar. [115] Sin embargo, al día siguiente Jucá renunció después de once días en el cargo. [116]
El 25 de mayo de 2016, el senador Antônio Anastasia , relator de la Comisión Especial de Impeachment 2016 (CEI 2016), [117] presentó un plan de trabajo para el juicio. La próxima reunión fue programada para el 2 de junio, para analizar nuevos plazos. [109]
El comité evaluó el informe de Anastasia y los plazos del plan de trabajo, así como las solicitudes de los senadores [ aclaración necesaria ] , el 2 de junio de 2016. [118] en una sesión que duró más de nueve horas. Anastasia propuso que los argumentos finales se escucharan antes del 7 de julio. Anastasia falló en contra de que la conversación telefónica grabada entre Machado y Jucá se presentara como prueba, considerándola irrelevante ya que los cargos contra Rousseff eran delitos de responsabilidad fiscal y la grabación era solo una conversación informal y no demostraba nada en derecho. Cardozo protestó porque los hechos citados en la grabación eran una cuestión primordial de la investigación y anunció el 3 de junio que apelaría la decisión ante el presidente de la Corte Suprema. [119] [120] El comité aprobó el plan de trabajo y los plazos el 6 de junio. [121]
El 7 de junio, Lewandowski rechazó el recurso interpuesto por Cardozo para que se adjuntara la grabación de Sérgio Machado, citando un precedente según el cual las pruebas de ese tipo son confidenciales hasta el inicio de una investigación formal. Machado fue arrestado y presentó la grabación de la conversación durante su interrogatorio. El tema del recurso había sido abordado en decisiones anteriores de la Corte. [122] Lewandowski también rechazó un recurso del senador Aloysio Nunes , ex miembro de la comisión, para reducir el número de testigos.
En la reunión del 2 de junio, la comisión había establecido que se escucharían ocho testigos por cada uno de los seis decretos complementarios del presupuesto contra Rousseff, tanto de la acusación como de la defensa, es decir, un total de 48 testigos por cada parte, y cada decreto sería considerado por separado. Nunes sostuvo que los seis decretos debían considerarse como una entidad única, que se sumaría a la llamada "pedalización fiscal", de modo que el número de testigos a escuchar se pudiera reducir a 16. [123]
El 8 de junio, la comisión aceptó una solicitud de la defensa y de la acusación para reducir a cuatro el número de decretos suplementarios de presupuesto que se considerarían en el juicio. De esta manera, el número de testigos en el proceso se redujo a cuarenta. Como cada acusación daba derecho a ocho testigos, la defensa de Rousseff podría presentar hasta 32 testigos para los cuatro decretos y ocho para la acusación de "peaje fiscal". La acusación tendría derecho a la misma cantidad. La decisión de reducir los cargos fue apoyada por un informe elaborado en la Cámara de Diputados, que consideró que dos decretos firmados por Rousseff sin la aprobación del Congreso eran neutrales desde una perspectiva fiscal, ya que las fuentes primarias y los gastos financieros enumerados en los documentos eran equivalentes. [124]
Las audiencias comenzaron el 8 de junio de 2016 con cuatro testigos de cargo. Los fiscales fueron Janaína Paschoal y Miguel Reale Junior; Rousseff estuvo representada por su abogado, José Eduardo Cardozo.
El fraude es la voluntad, libre y consciente, de practicar la mala conducta y obtener el resultado. Y eso es lo que hizo la Presidenta. Editó los decretos de manera libre y consciente para aumentar los costos, que no se podían aumentar por decreto. Debería enviar un proyecto de ley .
— Julio Marcelo de Oliveira, Tribunal Federal de Cuentas (TCU), Agência Brasil. [125]
Oliveira, procurador del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), afirmó que en abril de 2015 el TCU identificó la reincidencia en la conducta fiscal, la llamada "pedaleo fiscal", que fue inmediatamente rechazada. No hubo un entendimiento previo para modificar las reglas ni consenso, y cada vez que el TCU se pronunció, desaprobó la conducta adoptada por Rousseff. [125] Reiteró que la presidenta actuó intencionalmente para endeudarse con los bancos públicos, y actuó "coercitivamente" en esas operaciones. Eso, en su opinión, es grave y está prohibido por la ley de responsabilidad fiscal. La práctica, dijo, se prolongó durante años, incluso durante todo el año 2015. [126]
Antonio Carlos Costa D'avila Carvalho, auditor del TCU, afirmó que las prácticas fiscales de Rousseff fueron inéditas y provocaron graves consecuencias. [127] En esta sesión también testificaron Adriano Pereira de Paula, gerente de operaciones de crédito del Tesoro Nacional, y Otavio Ladeira de Medeiros, subsecretario del Tesoro Nacional. Medeiros afirmó que los retrasos del gobierno federal en las transferencias para subsidiar los préstamos del Plan Safra se regularizaron a lo largo de 2015 –confirmando así lo dicho anteriormente por de Paula– y en cuanto al stock de deuda, se aguardaba la decisión del Tribunal de Cuentas de la Unión para que pudiera efectuar el pago. [128]
El 13 de junio, testificaron los testigos de la acusación Tiago Alves de Gouveia Lins Dutra y Leonardo Rodrigues Albernaz, ambos auditores del TCU. Tiago Dutra afirmó que Rousseff creó sobregiros en bancos públicos en 2015 que ya había observado en 2014. Un informe del TCU indicó una demora de once meses en la transferencia a los bancos de un monto de R$2.600 millones, y cinco meses en la transferencia de R$3.000 millones relacionados con las operaciones. Por capital e intereses, hasta diciembre de 2015, el gobierno recibió R$15.000 millones, de los cuales R$2.000 millones estaban relacionados con intereses. [129] Albernaz afirmó que más de cincuenta auditores habían realizado un análisis de las cuentas de Rousseff y concluyeron por unanimidad que su administración había hecho "la gestión más imprudente" de las finanzas públicas desde que se promulgó la Ley de Responsabilidad Fiscal en mayo de 2000. [130]
El presidente de la comisión, Raimundo Lira, anunció la decisión del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lewandowski, de autorizar una auditoría solicitada por la defensa. Lira designó una comisión integrada por tres peritos, concediendo a la Fiscalía, a la defensa y a los senadores 48 horas para formular preguntas e indicar asistentes técnicos, así como 24 horas para refutar a los peritos designados, fijando también un plazo de diez días para la realización de la auditoría. [131]
No entiendo que se trate de una operación de crédito, sino de una prestación de servicios. En ningún momento el pago que la Unión [el Gobierno] hace a los bancos tiene relación directa con lo que reciben los productores . Los productores reciben del propio banco. La participación de la Unión no caracteriza una operación de crédito entre la Unión y los bancos públicos.
— Gilson Bittencourt, exsecretario Nacional de Planificación e Inversiones Estratégicas, Agência Brasil. [132]
El 14 de junio, testificaron los primeros testigos de la defensa. Se trata del ex secretario de Planificación e Inversión Estratégica, Gilson Bittencourt, y del ex secretario de Política Agraria del Ministerio de Agricultura , André Nassar. Bittencourt afirmó que no hubo ninguna operación de crédito entre el Gobierno y los bancos públicos y negó también que hubiera un retraso en el pago de intereses a los bancos públicos en 2015. Según él, el débito a pagar en 2016 vencía sólo en el momento del cobro por los bancos, cada seis meses. [132] Nassar afirmó que el Banco de Brasil tenía interés en "hacer circular el dinero", prestando a los productores, e incluso en conseguir las transferencias retrasadas por el gobierno. También afirmó que, como secretario de Política Agraria y desde el punto de vista del sector agrícola, esto era importante para evitar una perturbación que, de haberse producido, habría generado graves consecuencias para el sector. [133]
El 15 de junio, testificaron el ex subsecretario de la Oficina Federal de Presupuesto, Cilair Rodrigues de Abreu, el ex secretario de Presupuesto y Administración del Ministerio de Seguridad Social , José Geraldo França Diniz, y el consultor del Ministerio de Planificación, Presupuesto y Gestión, Walter Baere de Araújo Filho. Rodrigues dijo que la comprensión del TCU antes de 2015 siempre había sido que la meta futura podría ser utilizada por el secretario de presupuesto en la publicación de sus informes. Esta comprensión no cambió, dijo, hasta 2015. [134] Diniz testificó que debido a la complejidad de los decretos presupuestarios complementarios, los documentos son revisados por expertos y que, si bien Rousseff firmó, habría sido imposible para ella analizar en detalle 200 páginas de anexos, cálculos y hojas de cálculo. Walter Baere afirmó que el TCU nunca había emitido una opinión formal sobre la ilegalidad de los decretos presupuestarios suplementarios del Presidente, y que el TCU tenía el deber legal específico de emitir una alerta siempre que exista la posibilidad de que no se alcancen los objetivos fiscales. [135]
El ex secretario ejecutivo del Ministerio de Educación , Luiz Cláudio Costa , el ex secretario ejecutivo adjunto del Ministerio de Educación, Wagner Vilas Boas, el secretario adjunto de Planificación y Presupuesto del Ministerio de Educación, Iara Ferreira Pinho, y el director del Departamento de Programas Económicos de la Secretaría de Presupuesto Federal, Clayton Luiz Montes, testificaron el 16 de junio. Según Luiz Claudio Costa, el decreto de presupuesto complementario para el Ministerio de Educación [136] fue importante para la gestión, ya que permitió que varios sectores vinculados al Ministerio, como universidades, institutos y otros, aseguraran que su presupuesto satisficiera las necesidades inmediatas. [137] Vilas Boas explicó que no era apropiado que el Ministerio de Educación evaluara el impacto de la apertura del crédito para la obtención de la meta de saldo primario. Dijo que la autoridad sectorial –en este caso los órganos del Ministerio– hace una solicitud de presupuesto complementario, pero que esto está sujeto a la orientación política y la supervisión técnica del órgano de presupuesto. Tanto Wagner Vilas Boas como Iara Pinho dijeron que no podían opinar sobre la compatibilidad de los decretos complementarios firmados con la meta fiscal vigente, ya que sus funciones no les permiten realizar un análisis sobre el cumplimiento de la meta. Sobre esas declaraciones, la Fiscalía señaló que los técnicos no lograron explicar específicamente el posible crimen de responsabilidad. "Los testigos que se presentaron demuestran que desconocen los hechos. Nuestra reivindicación es que se absuelvan las pruebas", afirmó la abogada de la Fiscalía, Janaína Paschoal, después de la declaración de Iara Pinho. [138] [139]
Clayton Luiz Montes afirmó que "el gobierno acompañó el nuevo entendimiento del TCU hasta octubre de 2015. Desde entonces, no hemos recibido ningún decreto de crédito". [140] Esto, sin embargo, contradice las declaraciones de los auditores del TCU, que afirmaron que no había ningún entendimiento previo para modificar las reglas. [125]
El 17 de junio, testificaron el ex ministro de Planeamiento, Presupuesto y Gestión, Nelson Barbosa , el ex ministro de Educación, José Henrique Paim , el director del Departamento de Programas de Infraestructura de la Secretaría de Presupuesto Federal, Zarak de Oliveira Ferreira, el analista de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Planeamiento, Presupuesto y Gestión, Antonio José Chatack Carmelo, y el analista de Planeamiento y Presupuesto de la Oficina Federal de Presupuesto, Georgimar Martiniano de Sousa. Nelson Barbosa dijo que los decretos de crédito adicional emitidos por la presidenta Rousseff de junio a agosto de 2015 no impidieron el cumplimiento de la meta fiscal aprobada por el Congreso a principios de 2015 y, como se trataba de un crédito complementario que no tenía impacto en la meta, no se consideró una meta de saldo primario, sino para dar más autonomía a la asignación de un valor ya disponible. [141] Henrique Paim dijo que los decretos eran esenciales para el funcionamiento de varios sectores de la Educación, incluida la investigación científica y el funcionamiento de las universidades. Además, según el ex ministro, los créditos complementarios muchas veces se editan con base en la generación de ingresos, proporcionados por "unidades presupuestarias", vinculadas al Ministerio. [142] También los técnicos Zarak de Oliveira, Chatack Carmelo y Georgimar Martiniano, no vieron incompatibilidad de los decretos complementarios con la meta fiscal. [143]
Del 20 al 24 de junio se celebraron cinco reuniones, con audiencias de quince testigos citados por la defensa.
El 20 de junio, testificaron el ex subdirector de Asuntos Jurídicos del Gabinete de la Presidencia, Ivo da Motta Azevedo Correa; el ex ministro de Educación, Renato Janine Ribeiro; el director del Departamento de Programas Sociales de la Secretaría de Presupuesto Federal, Felipe Daruich Neto; y el ex subsecretario ejecutivo del Gabinete de la Presidencia, Bruno Moretti. Ivo Correa dijo que una alerta del TCU no era una decisión del Tribunal y, por lo tanto, el gobierno se basó en jurisprudencia previa para editar los decretos. Janine Ribeiro dijo que no se recibió ninguna alerta del TCU sobre irregularidades en los decretos de presupuesto complementario cuando era ministro de Educación. [144] Daruich Neto dijo que, en ningún momento, hubo mala conducta intencional y que era impracticable que el Presidente evaluara todos los decretos antes de firmarlos. [145]
El ex Ministro de la Secretaría de Derechos Humanos Pepe Vargas , la ex Ministra de Planificación, Presupuesto y Gestión Miriam Belchior (que también fue la ex Presidenta de Caixa Econômica Federal), el Analista de Planificación y Presupuesto Orlando Magalhães da Cunha, y el Coordinador de Presupuesto y Finanzas del Ministerio de Justicia Marcelo Minghelli, testificaron el 21 de junio. El ex Ministro Pepe Vargas afirmó que el crédito suplementario a la Secretaría de Derechos Humanos se derivó no solo de recursos del tesoro, sino de fondos excedentes obtenidos a través de donaciones de personas y corporaciones. [146] Mirian Belchior dijo que los decretos de presupuesto suplementario, por los cuales Rousseff fue inculpada, eran legales y que era imposible aumentar la contingencia presupuestaria que se hizo en 2015. [147]
El analista de Planeamiento y Presupuesto y coordinador general de Tecnología e Información de la Oficina Federal de Presupuesto, Robson Azevedo Rung, el secretario de Organización Institucional del Ministerio de Defensa, Luiz Antonio de Souza Cordeiro, y el representante del Tribunal Superior del Trabajo, Luciano Carlos de Almeida, testificaron el 22 de junio. Azevedo Rung afirmó que la Oficina Federal de Presupuesto recibió una nueva interpretación del TCU recién en 2015, sobre los procedimientos que ya estaban bien establecidos. [148]
En esa misma sesión, la Comisión aprobó un nuevo calendario para el juicio: el 6 de julio, el testimonio de Rousseff, que podría estar representada por su abogado, José Eduardo Cardozo; del 7 al 12 de julio, los alegatos finales de la acusación; y del 13 al 27 de julio, los alegatos finales de la defensa. El 9 de agosto, se debía discutir y votar el informe en el plenario; y el 22 de agosto era la fecha estimada para la sentencia definitiva. [149] [150]
El subsecretario de Planificación, Presupuesto y Administración del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación , Anderson Lozi da Rocha, y la exsecretaria de Presupuesto Federal, Esther Dweck, testificaron el 23 de junio. Dweck negó que los decretos presupuestarios suplementarios de 2015 hubieran contribuido a la violación de la meta de superávit primario para ese año. [151]
Dos testigos más (el ex secretario ejecutivo del Ministerio de Trabajo y Empleo, Francisco José Pontes Ibiapina, y el director de Programas Especiales de la Secretaría de Presupuesto Federal, Marcos de Oliveira Ferreira) testificaron el 24 de junio. Pontes Ibiapina dijo que los decretos presupuestarios complementarios se publicaron para ayudar a programas como la transferencia de recursos a los estados y municipios, por parte del Sistema Nacional de Empleo y otros programas. [152]
El ex Ministro de Desarrollo Agrario Patrus Ananias testificó el 27 de junio. Ananias dijo que no reconocía el "pedaleo fiscal" y que los recursos fueron transferidos del Banco de Brasil directamente a los productores a tasas de interés subsidiadas, debido a la atención que merecía la agricultura. [153]
El 28 de junio fueron escuchados Maria Fernanda Ramos Coelho , ex Secretaria Ejecutiva del Ministerio de Desarrollo Agrario; Aldo Rebelo , ex Ministro de Defensa; Luís Inácio Adams , ex Procurador de la Generalidad ; y Antônio Carlos Stangherlin Rebelo, quien fue responsable por el análisis de créditos complementarios en el Consejo Nacional de Justicia . Maria Fernanda dijo que el retraso en el pago de los intereses de igualación de la tasa del Plan Safra (plan del gobierno de apoyo a la agricultura) para 2015, no configura una operación de crédito, ya que el incumplimiento no estaba sujeto al pago de penalidades en los términos contractuales. Según la ex Secretaria, los valores fueron apenas ajustados monetariamente. La abogada de la Fiscalía Janaína Paschoal rechazó las afirmaciones de Maria Fernanda y dijo que la remuneración por la tasa de interés Selic (una tasa de interés de referencia de la economía brasileña) es una prueba de que hubo una operación de crédito. La Fiscalía reiteró que esa declaración confirmó materialmente la infracción, concluyó. [154] Aldo Rebelo rechazó las acusaciones de que el gobierno gastó desmedidamente en 2015, y que ese año se caracterizó por ajustes fiscales y esfuerzos por reducir el gasto público. [155]
El 29 de junio fueron escuchados João Luiz Guadagnin, Director del Departamento de Finanzas y Defensa de la Producción del Ministerio de Desarrollo Agrario; Marcel Mascarenhas dos Santos, Procurador del Banco Central ; Fernando Rocha, Subjefe del Departamento Económico del Banco Central; y Paulo José dos Reis Souza, Analista de Finanzas y Control y Secretario de Política Fiscal de la Secretaría del Tesoro Nacional . [156] [157]
Las audiencias de testigos terminaron el 29 de junio. En total, se escucharon 44 testigos, seis convocados por la Fiscalía y 38 por la defensa. Al final de la fase de audiencias de testigos, tanto la Fiscalía como los abogados de la defensa dijeron que estaban seguros de sus respectivas tesis. La abogada de la Fiscalía, Janaína Paschoal, criticó la actuación de la defensa de Rousseff debido al gran número de testigos llamados. El abogado defensor José Eduardo Cardozo también expresó confianza, pero dijo que el proceso tenía matices políticos y que esto podría interferir en el resultado. También señaló que algunos senadores se negaron a interrogar a los testigos porque ya había un resultado predeterminado antes de la finalización del trabajo. [157]
El 5 de julio se escuchó a la comisión de expertos designada en la sesión del 13 de junio, por el presidente de la comisión, Raimundo Lira. Esta comisión había auditado los documentos, como lo solicitó la defensa y autorizó Lewandowski. Constataron que los retrasos en la transferencia de los pagos a los bancos públicos efectivamente constituían préstamos. Sin embargo, evitaron considerar si la intención del presidente era esa y dijeron que ese juicio debía ser hecho por los senadores. También fueron escuchados la asistente de la fiscalía, Selene Péres Nunes y el asistente de la defensa, Ricardo Lodi Ribeiro. Nunes dijo que hubo mala conducta intencional por parte de la presidenta, ya que las operaciones habían sido ocultadas a través de la contabilidad y del hecho de que el gobierno había emitido posteriormente una medida provisional que permitía el pago de las deudas. [158] Ribeiro dijo que los decretos de presupuesto complementario fueron presentados para su firma por los departamentos técnicos de los ministerios, y su participación, como se demuestra en el informe, se limitó a firmarlos. [159]
Rousseff tenía previsto ser interrogada el 6 de julio, pero se negó a asistir y envió una carta que fue leída por Cardozo. [160] Rousseff se defendió, alegando que era víctima de una conspiración, que "varias fuerzas políticas" la veían como un riesgo y que quienes "no reconocieron la derrota de la oposición [en las elecciones de 2014 ]" querían un partido político diferente para el país. También dijo que actuó de buena fe y pidió a los legisladores que "se deshicieran de los prejuicios personales". [161] Los argumentos finales se presentaron el 12 de julio [162] y el 28 de julio [163] respectivamente, para la preparación del informe final a cargo del relator Antonio Anastasia. [164]
El 2 de agosto, Anastasia presentó el informe final [165], concluyendo que Rousseff era culpable. [166] El 3 de agosto, el comité debatió el documento. João Correia Serra, abogado de la acusación en su lugar, elogió el informe de Anastasia y destacó el conocido "temperamento centralizador" de Rousseff, haciendo que pareciera improbable que Rousseff no hubiera estado al tanto o no hubiera ordenado directamente las acciones de las que se la acusaba. En respuesta, Cardozo dijo que estaba seguro de que el informe de Anastasia no demostraba que Rousseff hubiera cometido delitos, y acusó al relator , a pesar de su aptitud y brillantez, de gestionar sus acciones en función de la opinión de su partido. [167] El 4 de agosto, el informe fue votado y aprobado por 14 a 5 votos, poniendo fin al trabajo del comité, seguido de una votación en el pleno del Senado el 9 de agosto, presidida por el presidente del Tribunal Supremo Federal, Ricardo Lewandowski. [168] [169]
En una larga sesión del Senado –del 9 al 10 de agosto– se aprobó el informe final de Anastasia [170] y, por 59 votos a favor y 21 en contra, se confirmaron las acusaciones contra Rousseff. [171] [172] [173] Esto marcó el final de la penúltima fase del proceso de impeachment, llamado pronunciamiento , que determinaría el juicio final en el Senado, a partir del 25 de agosto. En este juicio, eran necesarios dos tercios de los 81 senadores para destituir a la presidenta y hacerla inelegible para el cargo durante otros ocho años a partir del 1 de enero de 2019, cuando habría terminado su segundo mandato. [174]
La última fase del ensayo constó de cuatro pasos:
El 25 de agosto, la Fiscalía citó a dos testigos, Julio Marcelo de Oliveira, procurador del TCU y autor del informe que recomendaba el rechazo de las cuentas de 2014, y Antonio Carlos Costa D'avila Carvalho Júnior, auditor del TCU. Oliveira fue interrogado como perito, no como testigo probatorio, como dictaminó Lewandowski, después de que Cardozo acusara a Oliveira de elaborar un informe basado en una interpretación parcializada. Él lo negó, diciendo que sólo cumplió una recomendación de adoptar una norma "menos tolerante" que vino del TCU. Oliveira afirmó que Rousseff violó las leyes presupuestarias en 2014 y también en 2015. En su condición de informante, sus denuncias no podían ser consideradas como pruebas, sino como información técnica.
El siguiente testigo de la acusación interrogado, D'Avila Carvalho, afirmó que Rousseff "disfrazó" la contabilidad y fue responsable de retrasar las transferencias a los bancos estatales. Cardozo intentó descalificar a este testigo, acusándolo de parcialidad por haber ayudado a Oliveira a redactar el informe del TCU, "una situación claramente antiética que viola el principio de imparcialidad". Sin embargo, Lewandowski desestimó esta moción. [177]
El interrogatorio continuó al día siguiente cuando la defensa llamó a seis testigos:
Lewandowski consideró que Dweck tenía un conflicto de intereses, ya que estaba siendo contratada para el cargo de Gleisi Hoffmann , una de las senadoras opuestas al impeachment. Gonzaga Belluzzo y Ribeiro Lodi testificaron como testigos expertos . [178]
Belluzo dijo que la destitución de un funcionario electo debe requerir un cuidado muy especial y sólo puede hacerse en situaciones extremas, y que el juicio no estaba encarando una de ellas. [179]
Mascarenhas Prado dijo que al firmar los decretos Rousseff se había apoyado en subordinados que avalaban la legalidad de las firmas, y agregó que "fue despedida por emitir un decreto para cumplir una determinación del Consejo Nacional de Justicia". [180] Cláudio Costa dijo que los decretos de crédito suplementario se utilizaron para programas educativos. El senador Cássio Cunha Lima refutó esto, afirmando que el crimen no estaba en la expansión de las universidades y escuelas técnicas, sino en la falta de autorización del Congreso para los decretos. [181]
Barbosa dijo que los decretos dan más margen de maniobra para la administración de los fondos cuando el presupuesto es limitado y son utilizados por funcionarios con experiencia. Los senadores a favor del impeachment insistieron en que los decretos habían agravado la crisis económica que enfrenta el país. Barbosa respondió que la crisis se debía a varios factores internos y externos. [182] Por último, Ribeiro Lodi afirmó que los decretos emitidos por el Presidente en julio y agosto de 2015 no fueron, hasta el momento del juicio, considerados violaciones por el TCU y que cuando fueron emitidos, no existía un entendimiento actual. [183]
Sé que me juzgarán, pero mi conciencia está tranquila. No he cometido ningún delito.
—Dilma Rousseff, [184]
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Rousseff habló en su propia defensa ante el Senado el 29 de agosto durante 45 minutos, proclamando su inocencia y denunciando el proceso de impeachment, señalando que muchos de sus acusadores enfrentaban cargos peores que ella. [85] "Todo el mundo sabe que este proceso de impeachment se abrió con un chantaje explícito por parte del ex jefe de la cámara baja, Eduardo Cunha", [185] dijo. Luego respondió preguntas de los senadores durante más de doce horas. [186] Explicó que había tenido que tomar decisiones difíciles sobre el presupuesto, para abordar la disminución de los ingresos y la negativa de la oposición en el Congreso a trabajar con ella. [184] Comparó su situación con otros presidentes brasileños perseguidos por sus oponentes, incluido João Goulart , un izquierdista derrocado en un golpe militar en 1964 y reemplazado por una dictadura de 21 años.
Rousseff también comparó el intento de destituirla con la tortura que sufrió después de que agentes de la dictadura militar la arrestaran y encarcelaran por ser una guerrillera urbana . Rousseff calificó el proceso de destitución como un nuevo tipo de golpe de Estado y evocó el colapso de la democracia brasileña en la década de 1960 antes del golpe militar. La senadora Ana Amélia Lemos, en respuesta, expresó respeto por su historia personal, pero dijo que los senadores no estaban allí para juzgar su biografía, sino las acciones de su gobierno. Dijo que Rousseff había violado la ley al manipular el presupuesto para ocultar problemas económicos. [187]
No estamos ante un pequeño problema de contabilidad: estamos ante un fraude.
— Janaína Paschoal, [184]
El proceso se reanudó el 30 de agosto con los argumentos finales de la acusación y la defensa, [188] [189] seguidos por los discursos de los senadores; los discursos duraron doce horas y finalizaron alrededor de las 02:30 am del día 31. [190]
El Senado declaró a la presidenta Dilma Rousseff culpable de delitos de responsabilidad y mala conducta administrativa en relación con el presupuesto federal y la destituyó de su cargo tras una votación de 61 a 20 el 31 de agosto de 2016. [11] En una votación separada sobre si se le debería prohibir ejercer cargos públicos durante ocho años, los senadores votaron a favor por 42 a 36. Se habría necesitado una mayoría de dos tercios de los votos (54 de 81 senadores), por lo que podría postularse nuevamente a cualquier cargo público en el futuro cercano. [191] [192] [193] [194] Ella ha prometido hacerlo. [195]
El 1 de septiembre de 2016, la defensa de Rousseff presentó un recurso de mandamus ante la Corte Suprema contra la decisión del Senado de destituirla de su cargo, [197] que el tribunal rechazó el 8 de septiembre. [198] El 30 de septiembre, la defensa presentó un último recurso de casación contra el impeachment. Un escrito de 493 páginas pedía la anulación. " Esta petición tiene por objeto invalidar el acto jurídico decisorio del Senado que condujo a la condena, el 31 de agosto de este año, por el delito de responsabilidad de Su Excelencia Presidenta de la República, Dilma Rousseff ", se lee en el texto. [199] El recurso, firmado por José Eduardo Cardozo, fue rechazado por la Corte Suprema el 20 de octubre. [200]
Por otra parte, los partidos PSDB, DEM y PPS también decidieron presentar un mandamus ante la Corte Suprema contra la decisión del Senado de votar por separado la pérdida de derechos políticos durante el juicio político, permitiendo así que el expresidente pudiera postularse posteriormente a un cargo público, en contraposición a las leyes que definen los delitos de responsabilidad y regulan el respectivo proceso de juicio ( ley de impeachment ), [201] que determina una concomitancia de penas. [202]
En mayo de 2016, justo después de que el Senado votara suspender los poderes presidenciales de Rousseff, un editorial del New York Times expresó su apoyo a las preocupaciones de Rousseff sobre la integridad y los posibles motivos ulteriores de los políticos que votaron a favor de su destitución, aunque consideró que su defensa era "discutible". [203]
Los países sudamericanos de Ecuador , Bolivia y Venezuela reaccionaron al impeachment del Presidente retirando a sus embajadores. [204] El gobierno de Argentina declaró neutralidad, considerando el impeachment como un asunto interno brasileño; [205] el Ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina dijo que reconocía "el proceso institucional" que había tenido lugar. [206] Representantes de Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela abandonaron el lugar durante el discurso de Temer en la Asamblea General de la ONU el 20 de septiembre de 2016. [207] Temer defendió el impeachment, y dijo que se produjo con "absoluto respeto por el orden constitucional". [208]
El 22 de agosto, aproximadamente una semana antes de la votación sobre el impeachment, el Senado brasileño presentó una carta a la Organización de los Estados Americanos (OEA) en respuesta a una denuncia del PT de que el proceso de impeachment era un "golpe institucional". La OEA pidió información sobre esta denuncia y el Senado brasileño afirmó en la carta que "se observaron estrictamente las normas constitucionales, se plantearon objeciones y se aceptaron los recursos ante la Corte Suprema". [209]
En un comunicado de prensa a principios de septiembre, justo después de la votación final, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA expresó su preocupación por el procedimiento de juicio político. [210]
Según la investigación de GfK , la cobertura televisiva de la votación del impeachment del 31 de agosto de 2016 fue vista por 35,1 millones de espectadores en Brasil. [211] El 13 de marzo se produjeron protestas en apoyo del proceso de impeachment y en contra del gobierno de Rousseff en todos los estados del país, en más de 300 ciudades, y congregaron a más de 3,6 millones de personas. [212]
La Federación Industrial del Estado de São Paulo apoyó el impeachment de Rousseff , tras encuestas de opinión internas. En diciembre de 2015, la Federación Industrial de Río de Janeiro también comenzó a apoyar el impeachment [213], mientras que el Consejo Nacional de Iglesias Cristianas (CONIC) y la Conferencia Episcopal (CNBB) de Brasil se posicionaron en contra del impeachment. [214]
Tras la decisión del Senado de destituir a Rousseff, en varias ciudades brasileñas se produjeron protestas organizadas por partidarios de la expresidenta contra la decisión y pidiendo nuevas elecciones. [215] [216] [217]
En medio de los acercamientos entre las facciones del Movimiento Democrático Brasileño (MDB) y la candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva en 2022, las declaraciones de Michel Temer del 21 de julio de 2022 generaron una polémica. En una entrevista con Uol, negó haber participado en el impeachment de Dilma en 2016, diciendo que la presidenta es "muy honesta". [218]
No hubo golpe de Estado. Quiero decir que la expresidenta es honesta. Yo sé, y he podido seguir, que no hay nada que la pueda llamar corrupta. Ella es muy honesta. Pero hubo problemas políticos. Tuvo dificultades en su relación con la sociedad y con el Congreso Nacional. Ese conjunto de factores llevó a las multitudes a las calles.
— Michel Temer , [219]
En respuesta, Rousseff publicó una nota en su sitio web acusando a Temer de haber articulado "una de las mayores traiciones políticas de los últimos tiempos". [220]
Agradecería que el señor Michel Temer no intentara más encubrir su indiscutible condición de golpista valiéndose de mi indiscutible honestidad personal y política. Es precisamente esta cualidad la que desprecia, rechaza y repudia una evaluación que viene de quien articuló una de las mayores traiciones políticas de los últimos tiempos.
—Dilma Rousseff , [219]
Según ella, la traición de su ex vicepresidente fue al programa bajo el cual fueron elegidos en las urnas en 2014. [ 220]
La prueba material de la traición política se expresa en la Enmienda del Límite de la Deuda, la llamada reforma laboral y la aprobación del Precio de Paridad Internacional para los cuales no tenía mandato. Ninguno de estos proyectos estaba en nuestros compromisos electorales, por el contrario, eran contradictorios con ellos. Se trata, por tanto, de una traición al voto popular que lo eligió dos veces.
—Dilma Rousseff , [219]
Estas respuestas de Dilma Rousseff representaron un obstáculo para una posible alianza entre el Movimiento Democrático Brasileño (MDB) y el Partido de los Trabajadores (PT) en una coalición para apoyar la candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva , en lugar de Simone Tebet , en las elecciones generales de 2022. [ 221] [222]
Un documental lanzado en 2019 por Netflix , titulado Al filo de la democracia ( Democracia em Vertigem , en portugués), hace una descripción del impeachment de Dilma Rousseff, bajo la perspectiva del autor, [223] describiendo el ascenso y caída de los presidentes Lula y Dilma, el derrocamiento del Partido de los Trabajadores y la crisis sociopolítica posterior en el país. [224] Fue producido por la actriz y cineasta brasileña Petra Costa y fue nominado a Mejor Largometraje Documental en los 92º Premios Óscar . [225]
Antes de esto, en 2018 se estrenó un documental titulado The Trial (originalmente titulado 'O Processo'), dirigido por la premiada documentalista brasileña/holandesa Maria Ramos. El documental es "totalmente observacional, sin entrevistas ni narraciones" y "ofrece una mirada interna tras bastidores" en la que Ramos "tuvo acceso exclusivo al equipo de defensa, a los senadores de izquierda y a la propia presidenta Rousseff". [226] Según Jay Weissberg de Variety , el documental recibió una "reacción electrizante entre los expatriados brasileños" en el Festival de Cine de Berlín de 2018 y "sirve como un registro crucial de la farsa detrás de las audiencias de juicio político a la presidenta brasileña Dilma Rousseff". [227]
También en 2018, Douglas Duarte publicó Lower House (Excelentíssimos en portugués), que retrata de manera similar el proceso de impeachment a través de un enfoque de observación desde la pared. [228]
Arte. 85: Actos del Presidente de la República contrarios a la Constitución Federal, y especialmente respecto de:
. . .
V - probidad de la administración;
VI - ley presupuestaria;
. . .
están prohibidos.
{{cite web}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)Dilma ocupó el cargo desde 2003, cuando inició el gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Repasses a bancos públicos teriam sido adiados com o objetivo de melhorar resultados fiscales entre 2012 y 2014, como chamadas "pedaladas fiscales". (Los représtamos a los bancos públicos se habrían pospuesto con el objetivo de mejorar los resultados fiscales entre 2012 y 2014, el llamado "pedalaje fiscal".)
De acuerdo con el profesor de la
Universidad Federal de Minas Gerais
(UFMG) Leonardo Avritzer, desde el grupo de Dilma, prevalece un escenario de "fragmentación política", con demostrada dificultad del gobierno para obtener apoyo en el Congreso Nacional. Ele atribui o problema à pouca habilidade da presidente em conquistar aliados e também a falhas no sistema político, que permite una pulverización de partidos, tornando más difícil a gobernabilidade.[...] Un análisis é semelhante à do vicedirector do Instituto de Estudos Sociais e Políticos de la
Universidad Estatal de Río de Janeiro
(Uerj), João Feres Júnior. [...] Feres Júnior lembra que, desde un grupo de presidente, a oposição, liderada por el PSDB, tenta revogar o resultado das urnas. "A primeira estratégia foi pedir a recontagem de votos, alegando fraude eleitoral, depois, reprovar as contas da campanha", cita. "A oposição está mais interessada em desestabilizar o gobernador e tirar a presidente do que promover o bem público", diz /
Traducido
:
Según Leonardo Avritzer, profesor de la
Universidad Federal de Minas Gerais
(UFMG), desde la toma de posesión de Dilma, un escenario Prevalece un clima de "fragmentación política", con demostrada dificultad para que el gobierno obtenga apoyo en el Congreso. Atribuye el problema a la escasa capacidad del presidente para ganar aliados y también a fallos del sistema político, que permite la fragmentación de los partidos, lo que dificulta la gobernabilidad.
[...] "El análisis es similar al del subdirector del Instituto de Estudios Sociales y Políticos de la
Universidad Estadual de Río de Janeiro
(Uerj), João Feres Júnior". [...]
Feres Júnior recuerda que desde la toma de posesión del presidente, la oposición, encabezada por el PSDB, había intentado revocar el resultado de las elecciones. “La primera estrategia fue pedir un recuento, alegando fraude electoral, para luego refutar las cuentas de la campaña”, cita
. “La oposición está más interesada en desestabilizar al gobierno y sacar al presidente; que en promover el bienestar público”. Él dice.
[ ¿De quién es la traducción? ]
...as denuncias seriam uma espécie de golpe, mera tentativa de fragilizar a Petrobras"
A Petrobrás de hoy es una empresa con nivel de contabilidade dos mais apurados do mundo. ("Petrobras es hoy una empresa con uno de los más altos niveles contables del mundo")
—Dilma Rousseff, 2009.
"Puedo haber cometido errores, pero nunca he cometido delitos", dijo Rousseff. Eso es discutible, pero Rousseff tiene razón al cuestionar los motivos y la autoridad moral de los políticos que buscan derrocarla.
Costa no ha producido un trabajo de periodismo objetivo o de erudición histórica desprendida, sino más bien un reconocimiento personal del pasado y el presente de su nación. "Al filo de la democracia" está narrada en primera persona por la propia cineasta.
