El caso Odebrecht es uno de los casos de corrupción más grandes documentados en la historia reciente de América Latina , abarcando más de 30 años. [ cita requerida ] Se basa en una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos , junto con otros 10 países latinoamericanos, a la constructora brasileña Odebrecht . Esta investigación detalla cómo Odebrecht habría realizado sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios gubernamentales de 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, [ cita requerida ] Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, con el fin de obtener beneficios en las contrataciones públicas. [ 1 ] [ 2 ]
El caso Odebrecht fue uno de los esquemas de soborno transnacional más grandes de América Latina. Al menos diez países estuvieron involucrados: Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Perú y Venezuela. [3]
Según los fiscales estadounidenses, entre 2007 y 2014 Odebrecht realizó múltiples pagos de sobornos por valor de 35 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Argentina. El 4 de enero de 2017, el jefe de la AFI argentina (Agencia Federal de Inteligencia), Gustavo Arribas, fue imputado por recibir sobornos y otros regalos de Odebrecht. Entre el 25 y el 27 de septiembre de 2013, un operador financiero brasileño condenado por los tribunales brasileños por el caso Lava Jato transfirió más de medio millón de dólares a una cuenta de Gustavo Arribas , destinados al pago de sobornos, lavado de dinero y evasión. Arribas recibió casi 600.000 dólares en su cuenta en Suiza. El exministro de Planificación Pública, Julio De Vido y los exsecretarios José López y Roberto Baratta, fueron acusados, imputados y procesados por el delito de administración fraudulenta y presunto cohecho en la construcción de la planta de tratamiento de agua de AYSA en Tigre y la planta de tratamiento de agua en Berazategui. También fueron procesados el director de AYSA, Carlos Ben, y el gerente Raúl Biancuzzo. Los otros imputados fueron los empresarios Tito Biagini, Aldo Benito Roggio, Jorge Corcho Rodríguez y Carlos Wagner. La causa será elevada a juicio oral en 2021. De Vido también fue procesado por hechos de corrupción vinculados a la empresa Odebrecht, en la construcción de gasoductos en Argentina, junto al ex secretario de Energía Daniel Cameron. [4]
Según el documento judicial divulgado por Estados Unidos, a partir de 2009, Odebrecht pagó aproximadamente US$349 millones en sobornos a varios partidos políticos del país, funcionarios extranjeros y sus representantes en Brasil, financiando campañas políticas en elecciones para obtener beneficios y contratos de obras de construcción con gobiernos locales en diferentes distritos del país, con el gobierno central y varias empresas públicas administradas por el Estado. Washington menciona específicamente muchos contratos con la petrolera estatal Petrobras, durante diferentes gobiernos en los últimos años y la justicia brasileña ya condenó al millonario y ex presidente de la constructora, Marcelo Odebrecht (1968-), a 19 años y 4 meses de prisión por un escándalo de corrupción que involucra a la petrolera con la constructora Odebrecht, con obras de infraestructura petrolera con esta empresa pública administrada por el Estado. [5] Eduardo Cunha , presidente de la Cámara de Diputados de Brasil, se encuentra actualmente en prisión a la espera de ser procesado por corrupción. En una de las acusaciones presentadas por la Fiscalía, Cunha está acusado de recibir sobornos de un consorcio del que formaba parte Odebrecht para obras en la zona portuaria de Río de Janeiro. Sin embargo, el juez federal Sergio Moro, en la corte nacional de Brasil, solo lo encontró culpable de pagar más de US$30 millones en sobornos a funcionarios de Petrobras a cambio de obtener contratos e influencias para la empresa, pero las investigaciones continúan para poder determinar el grado de responsabilidad de los funcionarios públicos durante los gobiernos de Luiz Inácio Lula da Silva , Dilma Rousseff y Michel Temer . El senador Aécio Neves, junto con su compañero de partido, José Serra, y el presidente de la República, Michel Temer, también fueron citados a la justicia por aceptar sobornos. [5]
El documento de las autoridades judiciales estadounidenses sostiene que en un periodo comprendido aproximadamente entre 2009 y 2014, Odebrecht realizó e hizo realizar pagos por más de 12 millones de dólares para asegurar contratos de obras públicas. La empresa obtuvo ganancias por más de 50 millones de dólares como resultado de esos pagos corruptos. La constructora tiene presencia en Colombia desde 1991, entre 2009 y 2017 realizó pagos corruptos para asegurar contratos de obras públicas. En ese periodo aparecen dos obras de alta ingeniería, el sector de la Ruta del Sol adjudicado en diciembre de 2009 por el transformado Instituto Nacional de Concesiones (Inco), y el contrato de navegabilidad del río Magdalena, entregado en agosto de 2014 al consorcio Navelena, que controla Odebrecht. La justicia colombiana ya centró sus primeras acciones en establecer qué negocios tuvo Odebrecht SA en el país durante los 15 años señalados en Estados Unidos. El fiscal Néstor Humberto Martínez se comunicó con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para gestionar una forma de compartir la información recolectada por la corte de Nueva York, mientras que en Colombia se creó un grupo de trabajo especializado integrado por 3 fiscales y 20 investigadores que ya adelantaron las primeras investigaciones sobre la constructora brasileña Odebrecht, en las que se detalla que esta habría realizado sobornos de dinero y coimas a funcionarios públicos del gobierno de varios países para obtener beneficios en misiones de contratación pública de recolección de información. [6]
La justicia colombiana pretende relacionar a los representantes legales de entidades públicas y de la multinacional brasileña de 2009 a 2016, Odebrecht opera desde 1991 en Colombia, al tiempo que se pretende recabar toda la documentación que detalle el procedimiento que se les dio a los negocios de Odebrecht en Colombia. En principio, se busca establecer si los hallazgos e informes de la justicia norteamericana son suficientes para estructurar procesos penales por cohecho indebido, enriquecimiento ilícito y lavado de activos en Colombia, de comprobarse los ilícitos. Ante el escándalo desatado por los anuncios de la justicia norteamericana, la Presidencia anunció que ya se comunicó con la justicia norteamericana y habrá plena colaboración en todo lo que se requiera. En sus primeras declaraciones, el secretario de Transparencia, Camilo Enciso, afirmó que su organismo ayudará a la justicia a identificar al funcionario que recibió US$6,5 millones en sobornos entre 2009 y 2010.
Odebrecht tenía una División de Operaciones Estructuradas, manejada por una empresa de papel constituida en Islas Vírgenes Británicas , a través de la cual transfería dinero para ejecutar los sobornos. El funcionario detenido por este caso, y quien recibió los US$6,5 millones, es el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, a quien la Fiscalía le imputó los cargos de enriquecimiento ilícito , cohecho e interés indebido en la celebración de contratos, al favorecer a Odebrecht como ganadora del contrato del Tramo 2 de la Ruta del Sol, descartando a los demás competidores. dente 2014:y18 La segunda detención por este caso se realizó a mediados de enero de 2017 contra el exsenador colombiano Otto Nicolás Bula; según una investigación de la FIscalía, Bula fue contratado por la sucursal de Odebrecht en Colombia el 5 de agosto de 2013, con el fin de que el exsenador obtuviera el contrato para construir la vía Ocaña-Gamarra, a favor de la Concesión Ruta del Sol SAS. , de la que Odebrecht era parte. Para que Odebrecht obtuviera este contrato se habría materializado el segundo soborno de la firma en el país por US$4,6 millones, para que el proyecto no fuera sometido a licitación como lo estipula la ley, sino que se ejecutara de manera correcta. De manera directa a través de un acuerdo, lo cual se logró el 14 de marzo de 2014.
La Procuraduría General de la Nación imputó al exsenador Bula los delitos de cohecho con dádiva u ofrecimiento y enriquecimiento ilícito.19 La constructora fue expulsada del gremio por la Cámara Colombiana de Infraestructura el 16 de enero de 2017.20 El 14 de enero fue detenido el excongresista del Partido Liberal Otto Bula, acusado de recibir una comisión de 4,6 millones de dólares por favorecer a Odebrecht en la concesión de una autopista. De igual forma, Bula ha declarado haber entregado una suma cercana al millón de dólares a un empresario llamado Andrés Giraldo, quien sería el enlace entre él y el jefe de campaña de Santos Presidente 2014 (reelección): Roberto Prieto. Esto implicaría que el Gobierno del Premio Nobel de la Paz y el propio Presidente tendrían algún grado de involucramiento en este gigantesco escándalo transnacional. También se investiga la posible participación del consultor brasileño Duda Mendoça, detenido en el marco de la Operación Lava Jato, en la campaña de Óscar Iván Zuluaga.
En junio de 2017, el juez de la Corte Suprema Francisco Ortega envió a la cárcel a ocho personas arrestadas en relación con el caso Odebrecht, incluidos dos senadores y otros funcionarios públicos, y a dos a arresto domiciliario, incluidos varios funcionarios públicos actuales o anteriores. [7] Los acusados fueron acusados de soborno, lavado de dinero y otros delitos. [8]
A mediados de 2019, el caso parecía estancado, [9] hasta que el Ministerio Público presentó cargos y envió a seis a juicio, [10] el cual comenzó en septiembre de 2020, [11] [12] pero el caso se debilitó cuando ninguno de los testigos pudo declarar haber presenciado el soborno. [13] [14]
En junio de 2021, el exjefe del Ministerio Público de 2016 a 2020 fue arrestado por numerosos cargos relacionados con el caso, lo que generó más dudas sobre la imparcialidad de las acusaciones en el caso. [15] [16] Sin embargo, dos de los acusados fueron condenados en octubre de 2021, [17] [18] pero hubo dudas sobre la validez de la sentencia. [19] [20] [21] [22] [23] La condena fue confirmada en mayo de 2023 por un Tribunal de Apelaciones, pero un juez disidente afirmó que la decisión probablemente se revertiría en una apelación adicional, [24] [25] En agosto de 2024, la Corte Suprema de Justicia anuló la decisión del Tribunal de Apelaciones, declarando inocentes a los acusados. [26] [27]
Con la decisión del alto tribunal, el caso Odebrecht concluyó en República Dominicana sin que se identificara a ningún individuo como responsable de los presuntos sobornos admitidos por Odebrecht en 2016. [28] [29]
En un periodo comprendido aproximadamente entre 2010 y 2014, es decir, durante las administraciones de los expresidentes Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto , Odebrecht estuvo vinculada a pagos por valor de 10,5 millones de dólares para ganar contratos de obra pública mexicana que generaron beneficios por más de 39 millones de dólares. Odebrecht participó en la reconfiguración de tres refinerías: Minatitlán (Veracruz), Tula (Hidalgo) y Salamanca (Guanajuato), para la estatal Petróleos Mexicanos ( PEMEX ). En todas ellas hubo adjudicación directa, pagos sobrevalorados o incrementos presupuestales irregulares. [30]
En 2010, el gobierno de Felipe Calderón anunció un contrato firmado por Pemex Gas y Petroquímica Básica con Braskem y Grupo Idesa para el suministro de gas etano. Este contrato está relacionado con la venta a la empresa Etileno XXI de 66.000 barriles de gas etano al día. Para llevarlo a cabo, la firma brasileña se comprometió a construir el Complejo Petroquímico Etileno XXI en Coatzacoalcos, Veracruz, el mayor complejo de su tipo en América Latina, y contó con todo el apoyo del entonces gobernador de Veracruz, Fidel Herrera , y de su sucesor, Javier Duarte , con una inversión inicial de 2.000 millones de dólares; al final, el coste de la obra superó los 5.000 millones. Sin embargo, una investigación del semanario Proceso señaló que en realidad fueron un total de 11 contratos firmados entre 2009 y 2012 con la transnacional brasileña, de los cuales generaron cuantiosas pérdidas millonarias. Además, la investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) mostró un correo electrónico entre dos ejecutivos del consorcio, de nombre Roberto Prisco Ramos y Alexandro Alencar, en donde gestionaban una reunión entre Calderón y el entonces presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como parte de su estrategia de negocios en Pemex. El correo electrónico fue considerado prueba relevante por el juez brasileño Sergio Moro, en una línea de investigación contra Lula por supuestamente haberse prestado a los intereses de Odebrecht utilizando su investidura como presidente de Brasil. La reunión entre el presidente mexicano y el brasileño se realizó en febrero de 2010, en ese momento la inversión brasileña se convirtió en la mayor inyección de recursos en el sector petroquímico mexicano y Pemex transfirió tres proyectos propios de infraestructura a Odebrecht, como la construcción del complejo Etileno XXI. [31]
En 2013, ya en el gobierno del presidente Peña Nieto, Odebrecht aceptó pagar un soborno a un alto funcionario de una empresa controlada por el Estado mexicano, a cambio de ayudar a Odebrecht a ganar un proyecto, a finales de 2014. Odebrecht, a través de la División de Operaciones Estructuradas, pagó a ese funcionario unos cuantos millones de dólares. El conglomerado brasileño tiene una larga historia de hacer negocios en México, junto con su filial en el campo petroquímico, Braskem , que también está acusada de sobornos a partidos políticos en Brasil y a funcionarios y legisladores en otras partes del mundo, las dos empresas tienen fuertes intereses en México, y es fácil ver su historial de negocios a través del portal de Transparencia del gobierno mexicano. En 2014, Odebrecht ganó la licitación de Pemex, a través de su filial Tag Pipelines, el tramo dos del colosal desarrollo del gasoducto Los Ramones, que recorre los estados de Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas. El contrato fue por 935 millones de dólares, por los cuales se pagó un soborno de más de 10 millones de dólares. En 2017, el exdirector de Braskem, Carlos Fadigas, confesó su cercanía con la campaña del PRI en 2012, transfiriendo sobornos a una empresa ligada a Emilio Lozoya Austin, entonces director de Vinculación Internacional del candidato Enrique Peña Nieto y después director de Pemex de su gobierno, con tres transferencias por 1.5 millones de dólares.5 En julio de 2019, un juez giró una orden de aprehensión contra Emilio Lozoya por recibir sobornos de Odebrecht, además de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y asociación delictiva.6 El 12 de febrero de 2020 fue detenido en Málaga, España. Odebrecht y su filial Braskem utilizaron una unidad de negocios oculta pero completamente operativa, un Departamento de Sobornos que sistemáticamente pagó millones de dólares a funcionarios corruptos en México y otros países, dijo el Fiscal General Adjunto Sung-Hee Suh, jefe de la División Penal. Los ejecutivos de Odebrecht utilizaron el sistema bancario de Estados Unidos para disfrazar la fuente y el desembolso de dinero para pagar sobornos en México, con transferencias de dinero a través de empresas fantasma.
Los documentos estadounidenses depositados en la Corte del Distrito Este de Nueva York revelan también que entre 2010 y 2014 la constructora privada Odebrecht habría promovido pagos de sobornos por más de 59 millones de dólares en Panamá, lo que se tradujo en beneficios por 175 millones de dólares en contratos de otras obras públicas, y el gobierno del presidente Juan Carlos Varela dio su "total respaldo" a las investigaciones sobre el tema que ya realiza el Ministerio Público panameño. El gobierno panameño anunció que busca las acciones necesarias para cancelar un contrato de 1.000 millones de dólares para la construcción de una hidroeléctrica de Odebrecht, luego de que la empresa se declarara culpable en una corte de Estados Unidos de repartir sobornos en varios países de la región y le prohibieran seguir operando en el país como contratista calificado de obras públicas. Panamá adjudicó a Odebrecht en 2014 la construcción y operación vía concesión administrativa por 50 años de la hidroeléctrica Chan II, además prohibirá a Odebrecht obtener nuevos contratos o avalar todos los contratos de obra pública que tenga en el país, hasta que demuestre una mayor colaboración en las investigaciones judiciales del gobierno, sobre la entrega de los sobornos de más de US$59 millones, para conocer los nombres de los funcionarios públicos, políticos, gobernadores, representantes o testaferros de gobiernos anteriores, que recibieron los sobornos de la constructora brasileña, en el mayor caso de corrupción en la historia de Panamá. En febrero, el presidente Juan Carlos Varela se vio involucrado, luego de que fuera acusado de haber recibido "donaciones" de la constructora brasileña Odebrecht. Se presentó una denuncia penal ciudadana para conocer si personas vinculadas al mandatario, y al diputado oficialista José Luis Varela, presuntamente cometieron delitos de peculado y estafa. a través de una empresa suiza, que habría movido millones de dólares, cuyos accionistas son María Mercedes Rabat de Janón, Ramón Antonio Pino y Margarita Mejía. El secretario general del opositor Partido Revolucionario Democrático (PRD), Mitchell Doens, pidió al Ministerio Público que investigue penalmente al expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014) y a dos de sus hijos por su presunta implicación en los sobornos de Odebrecht. Odebrecht pagó sobornos en Panamá por 59 millones de dólares entre 2009 y 2014, cuando gobernaba Martinelli, y que de esa cantidad, 6 millones los recibieron dos familiares cercanos [32]
El fiscal Hamilton Castro acusó al Poder Judicial contra el gobernador del Callao, Félix Moreno, y el empresario Gil Shavit, quien actualmente se encuentra detenido en el Poder Judicial, por los delitos de tráfico de influencias y lavado de activos, por el presunto pago de sobornos de la empresa brasileña Odebrecht. La Fiscalía dictó 18 meses de prisión preventiva para Félix Moreno mientras duren las investigaciones. En las pesquisas del Caso Odebrecht aparece el proyecto vial “Rutas de Lima” junto a otras obras por las que se han pagado sobornos entre el mandato de la exalcaldesa de Lima Susana Villarán y el exalcalde de la ciudad, Luis Castañeda, han sido objeto de diversas investigaciones en el Caso Lava Jato. Además, una investigación del portal Convoca.pe reveló que en los formularios del Departamento de Operaciones Estructuradas de la empresa brasileña estaba escrito “Concessão (concesión) Rutas de Lima” junto a un monto de 291 mil 700 dólares que se pagaron en sus dos gestiones. Posteriormente se reveló que la empresa había financiado la campaña del NO a la Revocatoria de Susana Villarán , en 2013, porque fue asesorada por Luis Frave. En mayo se confirma que entregaron dinero a Jorge Acurio, exgobernador del Cusco. La Fiscalía lo acusa de haber pactado un soborno de 3 millones de dólares por parte de la empresa brasileña Odebrecht con el fin de favorecerla con la licitación de la obra de la Vía de Evitamiento en la Ciudad Imperial. Junto al abogado José Zaragoza, Rebaza, el secretario director del Club Regatas de Lima y el Ex Socio de “Alcázar & De Las Casas Abogados Financieros”, estudio jurídico que habría asesorado a Odebrecht, quien actuó como intermediario en el pago de 3 millones de dólares de la empresa brasileña al exgobernador del Cusco, Jorge Acurio Tito, en 2013 y junto a Fernando Delgado, el exgerente de “La Positiva Seguros” y el actual presidente del Club Regatas de Lima. Según el testimonio del colaborador eficaz-2017, el exgobernador del Cusco habría pedido que el dinero recibido fuera depositado en la empresa “Wircel S.A.” y que sería Fernando Salazar Delgado quien estaría a cargo del movimiento. El abogado José Zaragoza aceptó la sincera confesión y gracias a ello el Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva para el exgobernador del Cusco, Jorge Acurio y para el expresidente del Prestigioso Club Regatas, Fernando Salazar Delgado.
Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Venezuela es el país que más dinero recibió en sobornos de Odebrecht; entre 2006 y 2015 hay obras públicas contratadas por esta constructora que no avanzaron y han quedado paralizadas. Según un informe del Departamento de Justicia, el gobierno venezolano recibió al menos 98 millones de dólares en sobornos. Odebrecht construyó algunas estaciones del metro de Caracas, pero la mayoría de las estaciones previstas llevan más de diez años en construcción y aún no están concluidas. La obra de la línea cinco del metro, que recorrería el este de Caracas, debía entregarse en 2010, pero hasta 2016 la construcción solo lleva un avance del 30%. En noviembre de 2015 se inauguró una de las estaciones de la línea. Otra obra de la empresa brasileña es el Cabletren Bolivariano. El 14 de agosto de 2013 iniciaron operaciones tres de las cinco estaciones correspondientes a la primera fase, pero una de ellas aún se encuentra en construcción, el gobierno de Hugo Chávez Frías contrató las obras en 2007 y se comprometió a tener las obras listas en 2015, para 2016 no han sido concluidas. Otra obra no concluida por el Grupo Odebrecht en Venezuela es la ampliación de la Línea II del metro de Los Teques, en el estado Miranda, que contaría con siete estaciones. Solo tres de ellas están operativas para 2016. La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz , viajó a Brasil para darle seguimiento al caso de corrupción de Odebrecht, donde se reunió con el fiscal general, Rodrigo Janot . Mientras tanto, el presidente Nicolás Maduro enfatizó que su gobierno terminará las construcciones detenidas utilizando empresas venezolanas. Las autoridades venezolanas también generaron polémica internacional al detener y expulsar del país a los periodistas brasileños, Leandro Stoliar y Gilzon Sousa, quienes viajaron a la ciudad de Maracaibo (capital del estado de Zulia) para constatar, entre otras cosas, el abandono de las obras del Puente Cacique Nigale -también llamado segundo puente sobre el Lago-.68 Según información manejada por el diario brasileño Valor Económico, el grupo Odebrecht aportó dinero ilegalmente a la campaña del líder opositor venezolano Henrique Capriles en 2012. En octubre de 2017, el fiscal general Ortega Díaz divulgó un video donde Euzenando Prazeres de Azevedo, exdirector de Odebrecht en Venezuela, declaró a la Fiscalía General de Brasil que Maduro había recibido US$35 millones para financiar su campaña presidencial en 2013. En la grabación, Prazeres de Azevedo cuenta que Américo Mata, a quien identificó como representante de Maduro, lo contactó para solicitarle dinero para la campaña de Maduro.
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