Russell v The Queen is a Canadian constitutional law decision dealing with the power of the federal Parliament. The case was decided in 1882 by the Judicial Committee of the Privy Council, at that time the highest court in the British Empire, including Canada. The Judicial Committee held that the Canada Temperance Act was valid federal legislation under the peace, order and good government power, set out in section 91 of the Constitution Act, 1867. The case expanded upon the jurisprudence that was previously discussed in Citizen's Insurance Co. v. Parsons.
The underlying issue in the case was whether alcohol regulation was a matter of importance to the country as a whole, and therefore under federal jurisdiction, or whether it was a local matter, subject to provincial jurisdiction. The Canada Temperance Act asserted federal jurisdiction, but implemented on a local basis. The Judicial Committee upheld the validity of the federal statute.
Russell has been criticised by commentators over the past century as being an outlier in the case-law regarding the "peace, order and good government" power, but has never been formally overruled.
In 1878, the Parliament of Canada passed the Canada Temperance Act which allowed a province or city to hold a plebiscite on banning the sale of alcohol.[1] Fredericton, New Brunswick, held such a plebiscite, which carried successfully.
In 1880, the Supreme Court of Canada decision in City of Fredericton v The Queen[2] held that the law was intra vires under the federal trade and commerce power. That decision was not appealed.
En un caso separado, dos años después, Charles Russell, propietario de un pub local, fue condenado en virtud de la Ley de Templanza de Canadá por vender alcohol. La acusación había sido iniciada por un fiscal privado, que no era agente del Fiscal General de New Brunswick. La condena fue confirmada por el Tribunal Supremo en pleno de Nuevo Brunswick , que siguió la decisión del Tribunal Supremo de Canadá y sostuvo que el acto era constitucionalmente válido. [3]
Russell luego apeló ante el Comité Judicial del Privy Council de Gran Bretaña, el tribunal más alto del Imperio Británico . En ese momento, las apelaciones podían llegar directamente al Comité Judicial desde los tribunales de apelación provinciales, sin pasar por la Corte Suprema de Canadá . [4]
Russell estuvo representado por Judah Benjamin (ex Fiscal General de los Estados Confederados de América ). Benjamin argumentó que el Parlamento no puede delegar sus poderes a ninguna otra parte del gobierno. La mejor manera de caracterizar la ley es que recae en el poder provincial para legislar sobre asuntos relacionados con tabernas y salones (artículo 92 (9) de la Ley Constitucional de 1867 ), propiedad y derechos civiles (artículo 92 (13)), o asuntos de carácter local o privado (artículo 92, 16)).
Sir Montague Edward Smith dio la decisión al Comité Judicial. Rechazó estas presentaciones, diciendo:
Sus Señorías no pueden estar de acuerdo con esta opinión. El objetivo declarado del Parlamento al aprobar la ley es que haya una legislación uniforme en todas las provincias respecto del tráfico de bebidas alcohólicas, con miras a promover la templanza en el Dominio. El Parlamento no considera que la promoción de la templanza sea deseable en una provincia más que en otra, sino que es deseable en todo el Dominio.
Smith defendió la ley como un ejercicio válido del poder federal bajo la doctrina de "paz, orden y buen gobierno", lo que significa que cualquier ley que no pueda asignarse al jefe del poder provincial según la sección 92 debe necesariamente caer en el ámbito residual. poder otorgado al gobierno federal. Se consideró que la ley estaba relacionada con el orden y la seguridad públicos y, por tanto, era un asunto de preocupación general para todo Canadá. En cuanto a la forma de funcionamiento, Smith señaló:
La manera de poner en vigor las prohibiciones y sanciones de la Ley, que el Parlamento ha considerado oportuno adoptar, no altera su carácter general y uniforme. El Parlamento trata el tema como un tema de interés general y uniforme para el Dominio, respecto del cual es deseable la uniformidad de la legislación, y sólo el Parlamento puede tratarlo.
Como se decidió que la cuestión recayera en el carácter general del poder "paz, orden y buen gobierno", se consideró innecesario determinar si podría haber entrado bajo un título más específico del poder federal . En el último párrafo de la decisión, Smith afirmó que el hecho de que no comentara las razones de la Corte Suprema en el caso anterior no significaba que el Comité no estuviera de acuerdo con las razones de la Corte Suprema.
Como era práctica del Comité Judicial en ese momento, no hubo motivos de desacuerdo por parte de otros miembros del comité. [5] [6]
Aunque se confirmó la Ley de Templanza de Canadá , el efecto de Russell fue restringir la manera en que debían interpretarse los jefes más específicos del poder federal. En el caso posterior de Hodge v. The Queen , seguido de otros del Privy Council, la influencia de la Corte Suprema de Canadá disminuyó y la de las provincias se amplió significativamente.
Russell continuó gobernando la interpretación del poder de paz, orden y buen gobierno hasta que fue efectivamente revocado por Ontario (Fiscal General) contra la Federación de Templanza de Canadá en 1946.
Este caso está incluido en el conjunto de tres volúmenes de decisiones importantes del Comité Judicial sobre la construcción e interpretación de la Ley Constitucional de 1867 , preparado bajo la dirección del entonces Ministro de Justicia y Fiscal General , Stuart Sinclair Garson . Tras la abolición de las apelaciones canadienses ante el Comité Judicial, Garson ordenó que el Departamento de Justicia preparara la recaudación "para conveniencia de los tribunales y abogados de Canadá". [7] Este caso fue incluido en el primer volumen del conjunto. [8]