Los Trece son un grupo de personas que fueron procesadas en Ecuador por cargos de terrorismo. La acusación se hizo luego de los hechos de la crisis del 30 de septiembre de 2010 .
En Ecuador hay un grupo de 13 activistas democráticos que están acusados de "terrorismo" [ Esta cita necesita una cita ] y de "orquestar un golpe de Estado contra Correa " [ Esta cita necesita una cita ] el 30 de septiembre de 2010. El grupo está integrado por personas de un amplio espectro de la sociedad (académicos, profesionales, estudiantes, religiosos, militares), entre los que se encuentran el abogado Pablo Guerrero Martínez , la dirigente estudiantil María Alejandra Cevallos y el ex coronel Galo Monteverde, entre otros.
Lo que hizo Los Trece fue protestar pacíficamente por la libertad de expresión y la concienciación ciudadana y en contra de la aprobación de la nueva Ley de Comunicación Pública, también conocida como Ley mordaza global (también conocida como Ley Mordaza y Ley de Seguridad Ciudadana ). Esta se asemeja a la aprobada por Hugo Chávez en Venezuela , y que terminó años atrás con el cierre de varios grandes medios de comunicación. El caso más emblemático es el de RCTV.
La Ley mordaza ecuatoriana , que sin embargo fue finalmente aprobada en junio de 2013, ya se ha cobrado sus primeras víctimas entre los medios de comunicación. La última es la revista Vanguardia , que durante más de siete años se dedicaba a temas periodísticos de investigación. Ésta acaba de ser inhabilitada.
Casos como este son varios. Así, algunos organismos internacionales han llamado la atención sobre lo que ocurre en Ecuador en materia de libertad de expresión , entre ellos la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Human Rights Watch (HRW), Freedom House, entre otros. [1]
El 30 de septiembre de 2010, durante el levantamiento del Regimiento de Policía de Quito , que terminó con una decena de muertos y varios heridos y detenidos, los canales de Ecuador se encadenaron para evitar que se hicieran públicos los detalles de los hechos [ cita requerida ] . Paralelamente, y como cada jueves, ese día el grupo “Los Trece” realizó una marcha pacífica para protestar contra la Ley Mordaza. Como se encontraban cerca [ cita requerida ] del canal estatal (ECTV), decidieron acudir a su sitio para pedir que se permitiera a todos los medios de comunicación difundir libremente la verdad de los hechos y no sólo tener la versión gubernamental [ cita requerida ] . Una situación confusa se produjo cuando los activistas ingresaron al canal ya que las autoridades habían autorizado sólo a 5 de ellos, mientras algunos argumentaban que se permitía el ingreso a 13 [ cita requerida ] . La explosión en el canal fue caótica, hecho que fue aprovechado por el gobierno para desviar la atención de los hechos del 30S [ cita requerida ] . A partir de ese momento se lanzó una feroz campaña de propaganda contra “Los Trece”, los cuales serían catalogados como terroristas, saboteadores y posteriormente acusados de “boicot” [ Esta cita necesita una cita ], de querer “tomar el canal” [ Esta cita necesita una cita ] y finalmente de “intento de golpe de Estado” [ Esta cita necesita una cita ] .
Rafael Correa ha montado un aparato para suprimir la libertad de expresión con el fin de controlar a los opositores y seguir emergiendo como el único futuro posible para su país (información sesgada, es necesario citar para describir una opinión con orientación política).
Correa mantuvo una actitud desafiante frente a los medios de comunicación que lo cuestionan y dejó en claro que su gobierno los considera enemigos. [ cita requerida ] “De ahora en adelante no enviamos noticias oficiales a medios mercantilistas porque no tenemos (…) beneficio para el negocio de seis familias de este país” ordenó Rafael Correa al Secretario Nacional de Comunicación Fernando Alvarado. [ Esta cita necesita una cita ] Con “mercantilistas” el Presidente se refería a los medios privados de comunicación de Ecuador, a los que también suele calificar de “corruptos”, [ Esta cita necesita una cita ] “siniestros” [ Esta cita necesita una cita ] o “mediocres” [ Esta cita necesita una cita ] .
El presidente también anunció recientemente que los funcionarios públicos tienen prohibido dar declaraciones a los medios privados y que en estos meses preelectorales de febrero de 2013, ningún medio puede postular candidatos presidenciales ni publicar imágenes que puedan ayudarlos o perjudicarlos. Pero estos son sólo los obstáculos más recientes que Correa ha puesto en el camino de los medios desde que llegó al poder en 2007. Además de restringir los contenidos de los medios privados, “el gobierno ha construido uno de los mayores conglomerados de medios estatales en la región, con 15 estaciones de radio, televisión, prensa escrita y agencia de noticias que sirven para ampliar el punto de vista de la administración”, dijo a Semana Carlos Lauria, coordinador para América del Comité para la Protección de los Periodistas. Como si la red de comunicación no fuera suficiente, Correa encadena con frecuencia en radio y televisión para llegar a los ciudadanos sin rival. Según El País de Madrid , hasta mayo de 2011 el presidente había acumulado 1.025 marcas y 280 programas sabatinos, llamados City Link.
Los canales de Correa tienen la particularidad de aparecer en momentos muy puntuales. Como explica el Informe de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión publicado en 2011, “han sido reiteradas las interrupciones gubernamentales a programas periodísticos críticos a través de los canales de radio y televisión presidenciales que transmiten el mensaje oficial sólo en la emisora donde se emite la información o se cuestiona la reseña”. [ cita requerida ] Durante tres días, por ejemplo, Correa interrumpió el programa de televisión El Desayuno 24 Horas, conducido por María Josefa Coronel, quien había hecho entrevistas que cuestionaban ciertas reformas constitucionales que pretendía impulsar Correa [ cita requerida ] . Lo mismo hizo a lo largo de un programa de Ecuavisa que tenía como invitado al ex presidente Lucio Gutiérrez . El mensaje del gobierno duraba unos diez minutos y continuaba criticando a esta administración. Raúl Vallejo, embajador de Ecuador en Colombia , explica “Si usted dice esto, nosotros ponemos una cuerda y decimos ‘Señor, usted dijo que tal cosa era así, no es cierto, aquí se muestra que es un debate’”. [ Esta cita necesita una cita ]
Si bien es legal encadenar a los medios de comunicación, el informe del Relator Especial señala que “el ejercicio de esta facultad, sin embargo, no es absoluto. La información que los gobiernos transmiten a la ciudadanía (…) debe ser la estrictamente necesaria para satisfacer necesidades urgentes de información clara sobre asuntos de genuino interés público”. [ Esta cita necesita una cita ] César Ricaurte, director de la ONG ecuatoriana Fundamedios, afirma que los medios de comunicación “Correa dedica sus reportajes semanales de cuatro a cinco horas a atacar a los periodistas y a mostrar fotos como si fueran los criminales más buscados”. [ Esta cita necesita una cita ]
Jaime Ugalde, director del grupo Ediasa, fue agredido en la calle por simpatizantes oficialistas tras la emisión del programa semanal de Correa, en el que había criticado duramente a periodistas y funcionarios de los medios de comunicación. Desde hace tres años el gobierno ha intentado aprobar una Ley de Comunicación que ampliaría las cadenas legales y difundiría en ellas cualquier mensaje. El gobierno presentó el proyecto como un medio para democratizar los medios de comunicación, pero según Lauria, en realidad “se ha propuesto crear un consejo regulador con amplios poderes para controlar a la prensa y determinar sanciones a las presuntas infracciones”. [ Esta cita necesita una cita ] Mientras la Ley de Comunicación sigue en pie, el presidente ha decidido buscar otras formas de coartar la libertad de expresión. Correa se ha dedicado a regular el contenido informativo con maniobras legales que le permiten castigar de forma expedita y discreta a los críticos con su gestión. El caso de la revista Vanguardia es un ejemplo: en 2010 la policía allanó sus oficinas y confiscó 40 computadoras en Quito para saldar una supuesta deuda de 14.000 dólares por el alquiler del local, maniobra que se repitió y se incrementó en julio de 2012. Y Correa demandó para exigir una indemnización de diez millones de dólares a un director Juan Carlos Calderón por haber escrito el libro Gran Hermano, en el que denunciaba la corrupción en la familia presidencial. Esa demanda fue recordada al sumarse a la acción judicial por difamación contra la editorial y un columnista del diario guayaquileño El Universo, Correa decidió 'perdonar' ante la presión internacional.
Aunque el delito de desacato no está aceptado internacionalmente, en Ecuador rige una figura similar: la injuria calumniosa, castigada en el Código Penal con multas y prisión. Según dijo a Semana Asdrúbal Aguiar, ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “los Estados que forman parte de la OEA están obligados a adecuar el derecho interno a las exigencias de la Convención. Qué Estado no quiere poner en plano violatorio obligaciones internacionales”. Pero Correa ha demandado a más de 25 personas e instituciones en los últimos cuatro años por injurias y delitos de prensa. “Democráticamente, ¿qué legitimidad tiene el negocio de un medio de comunicación que impone su punto de vista, frente a un gobierno que ha sido elegido por votación?”, se pregunta el embajador Vallejo, repitiendo las palabras del presidente Correa. Para el gobierno, los votos que lo eligieron dan superioridad a los ciudadanos y carta blanca para actuar como crean necesario. Tanto como la aprobación de la gestión, el 74 por ciento de los ecuatorianos también rechaza los ataques de Correa a los medios de comunicación. Ante esta cifra de desaprobación, Vallejo dice que “quizás no estamos de acuerdo con la forma en que dice las cosas, quizás la gente esperaba que fuera un poco más amable. Eso no quiere decir que no haya libertad de prensa en Ecuador”. [2]
Pero, incluso cuando se habla en las urnas, los ciudadanos rara vez se manifiestan masivamente a favor de la libertad de expresión. Según Pachano, esto también tiene una explicación histórica: “Ecuador no tiene la experiencia de vivir bajo una dictadura y no sabe lo que es la supresión de libertades, pues los de afuera ven estos temas como un problema de los periodistas o de los dueños de los periódicos, y no de la sociedad en sí”. [ Esta cita necesita una cita ] La experiencia también demuestra que el problema está lejos de ser de los periodistas. En varias ocasiones el presidente ha ordenado detener a ciudadanos por hablar en contra de él o de su gobierno. En 2011 Marcos Sovenis gritó “fascista” cuando paseaba a Babahoyo Correa. [ Esta cita necesita una cita ] Según informó Sovenis, siete guardaespaldas del presidente lo subieron a una camioneta, lo agredieron y lo amenazaron. Ponce también insultó a Germán Correa, lo detuvo durante 72 horas y lo amenazó con prisión de hasta 30 días. El caso de Irma Parra es aún más drástico: fue detenida durante horas por hacer el gesto de ‘no’ a la caravana presidencial, días antes de la consulta popular propuesta por Correa, en la que los contrarios a la consulta votarían ‘no’. El Presidente justificó la detención de Parra como necesaria para respetar la dignidad de la jefa de Gobierno. Pese a las evidencias, el Gobierno afirma que el país no tiene esos problemas de libertad. Tanto el secretario de la Presidencia, Gustavo Jalkh, como el secretario nacional de Comunicación, Fernando Alvarado, se negaron abruptamente a hablar con SEMANA. En nombre de su Gobierno, el embajador Vallejo asegura que “en Ecuador hay bastante libertad de expresión. Tan amplia que le dicen al presidente lo que se les ocurre”. [ Esta cita necesita una cita ]
Y es que los ataques más feroces contra Correa han comenzado meses antes de las elecciones de 2013, en las que busca la reelección. Su estrategia de control y represión de los medios de comunicación, junto con la ampliación de una base comunicacional oficial, hacen aún más difícil que un nuevo candidato tenga chances de ser elegido en febrero. Mientras Correa hace campaña constantemente, los demás aspirantes presidenciales intentan salir de esa sombra y proponer un cambio acaparador.
Correa no oculta que quiere seguir los pasos de su amigo Hugo Chávez para permanecer en el poder indefinidamente. Peor aún, parece poco dispuesto a corregir sus acciones, más parecidas a los procedimientos de los caudillos del siglo XIX que a políticas democráticas acordes con el siglo XXI.
“Como si el reiterado acoso a periodistas y defensores de derechos humanos en Ecuador no fuera suficiente, Correa ha intentado exportar sus políticas internacionalmente, intentando restarle poderes a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, precisamente porque este importante organismo ha criticado públicamente y con razón, la cuestionable trayectoria de su gobierno”, señaló a Semana José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch .