La Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado , denominada en forma abreviada Ley de Caducidad , otorgó una suerte de amnistía a los militares que eventualmente cometieron crímenes de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar de Uruguay . Fue implementada como una solución ad hoc a una crisis política con el trasfondo de la resistencia militar al proceso de redemocratización uruguayo en curso.
Esta ley fue propuesta por el primer gobierno de Julio María Sanguinetti , coescrita por legisladores de los dos principales partidos políticos, Colorado y Nacional , apoyada por el principal líder de la oposición, Wilson Ferreira Aldunate , y fuertemente resistida por el Frente Amplio y otras organizaciones políticas y sociales. Fue aprobada por el Parlamento uruguayo el 22 de diciembre de 1986 y publicada con el número 15848. [1 ]
Esta ley fue sumamente controvertida por naturaleza, y se mantuvo vigente por mucho tiempo: [2] en 1989 y 2009 , los uruguayos votaron en referendos y decidieron dos veces mantener la ley, lo que los detractores consideraron como una simple impunidad . [3] En 2011, se promulgó la Ley Nº 18.831, que restableció "los delitos cometidos" hasta el 1 de marzo de 1985, y los calificó como crímenes de lesa humanidad. [4] Por esta razón, la Ley de Caducidad fue técnicamente derogada. [5] Sin embargo, la Corte Suprema declaró inconstitucionales dos artículos de la Ley 18.831. [6]
