Grant v Norway (1851) [1] es un caso sobre el Derecho del Transporte de Mercancías por Mar ; pero desde 1992 ya no es una buena ley.
Se trató de una acción interpuesta por los endosantes de un conocimiento de embarque contra los propietarios de un buque, para recuperar el importe de los anticipos hechos por los primeros sobre los conocimientos de embarque, cuando en realidad las mercancías nunca habían sido embarcadas.
El tribunal sostuvo que una declaración en un conocimiento de embarque de que se han enviado mercancías sólo tiene valor probatorio prima facie y sus términos pueden ser refutados mediante evidencia en contrario.
La justificación del caso era que un transportista no debía asumir responsabilidad si (como no era infrecuente en aquella época) el capitán del barco se había coludido fraudulentamente con un cargador deshonesto y había emitido una factura declarando falsamente que se habían cargado mercancías. (El capitán normalmente sería tanto empleado como agente del transportista, pero (en ambos roles) estaría actuando en violación del deber fiduciario legal para con su empleador/principal).
Las Reglas de La Haya-Visby continuaron con este punto de vista, y en el Artículo III (4) se establece:
"El conocimiento de embarque constituirá prueba prima facie de que el porteador ha recibido las mercancías descritas en él, de conformidad con los apartados 3 a), b) y c). Sin embargo, no se admitirá prueba en contrario cuando el conocimiento de embarque haya sido transferido a un tercero que actúe de buena fe."
Aunque el Reino Unido ha adoptado las Reglas de La Haya-Visby, [2] a los efectos de la ley inglesa, un conocimiento de embarque ahora se considera una prueba concluyente (no meramente prima facie ) de recepción como resultado de la sección 4 de la Ley de Transporte de Mercancías por Mar de 1992. La razón del cambio es que la Comisión de Derecho [3] consideró que, si se quería mantener la confianza internacional, era crucial que se confiara en un conocimiento de embarque como una declaración concluyente de hechos. [4] [5] De ello se desprende que la regla principal Grant v Norway ha sido declarada nula por la Ley de 1992.