Un defensor del vínculo ( latín : defensor vinculi o defensor matrimonii ) es un funcionario de la Iglesia católica cuyo deber es defender el vínculo matrimonial en el procedimiento prescrito para el conocimiento de causas matrimoniales que involucran la validez o nulidad de un matrimonio ya contraído. En el Derecho Canónico actual esta función está prevista en el Libro VII, Título 1, que trata de los procesos matrimoniales. [1]
Benedicto XIV , por su bula Dei miseratione del 3 de noviembre de 1741, introdujo a este funcionario en el procedimiento matrimonial para protegerse contra los abusos que se producen en el procedimiento ordinario. La anulación de un matrimonio podría resultar de la apariencia de que sólo el cónyuge desea la libertad para contraer un nuevo matrimonio, mientras que el otro se muestra apático y connivente con la anulación, o en ocasiones incapaz o indispuesto a incurrir en gastos para mantener el matrimonio, especialmente si requería apelación ante un tribunal superior. El escándalo surgió por la frecuencia con la disolución de los matrimonios con libertad para celebrar nuevos contratos.
La bula exige que en cada diócesis el ordinario nombre un defensor del matrimonio, de carácter recto y versado en derecho, un eclesiástico si es posible, un laico si es necesario. El Obispo puede suspenderlo o removerlo por causa justificada y, si estuviere impedido de participar en el procedimiento, sustituirlo por otro que reúna las condiciones requeridas.
Debe ser citado a todo juicio en que se cuestione, ante juez competente, la validez o nulidad de un matrimonio, y cualquier procedimiento será nulo si no es debidamente citado. Debe tener la oportunidad de interrogar a los testigos y, oralmente o por escrito, exponer cuantos argumentos puedan favorecer la validez del matrimonio. Debe ser citado aunque esté presente la parte interesada en la defensa del matrimonio, y todas las actas del tribunal deben serle siempre accesibles, y en cualquier tiempo tiene derecho a presentar nuevos documentos o testigos favorables a el matrimonio. Al asumir su cargo deberá prestar juramento de cumplimiento de sus deberes y se espera que renueve el juramento en cada caso. Si el juez decide a favor del matrimonio, el defensor no emprende ninguna otra acción a menos que su oponente apele ante un tribunal superior. Aquí un defensor emprende de nuevo la defensa de su validez. Si el juez de primera instancia decide contra la validez del matrimonio y nadie más apela, el defensor del matrimonio tiene derecho a apelar ante el tribunal superior. Si considera que es su deber apelar, no podrá contraerse nuevo matrimonio hasta que se escuche su alegato.
This canon legislation was extended and enforced in the United States by an Instruction of Propaganda in 1883, published with the Acts and Decrees of the Third Plenary Council of Baltimore. Though the bull does not require it, the practice of the Roman church extends the intervention of the defender to cases of true marriages not consummated where the Holy See is requested to grant a dispensation for a new marriage.
The obligation of the defender to appeal from the decision of first instance adverse to the validity of a marriage has been modified by the Holy See in several cases where the invalidity depends upon facts indisputably proven. Where the decree "Tametsi" of the Council of Trent was binding, requiring the presence of the parish priest for the validity, if only a civil ceremony was used, the bishop may declare the marriage null without the participation of the defender. In view of new matrimonial law contained in the decree "Ne Temere" of Pius X this also holds anywhere if a marriage is attempted only before a civil authority or non-Catholic minister of religion. Yet if an ecclesiastical form had been used, and the nullity from clandestinity was questioned, the presence of the defender is required; but if the impediment of clandestinity clearly appears he need not appeal. This is true also if, through absence of ecclesiastical dispensation, there is an impediment of disparity of worship, or of consanguinity, or of affinity from lawful intercourse, or of spiritual relationship, or of certain previous legitimate marriage still existing. In these cases the ordinary may, with the participation of the defender, declare the marriage null, and the defender is not required to appeal. This, however, was declared by the Holy Office (27 May 1901) to be understood only of cases in which certainly and clearly the impediment is proven; otherwise the defender must proceed to the higher court. The defender is exhorted to exercise his office gratuitously, but he may be compensated from fees imposed by the court or from other diocesan resources.
Briefs submitted to the tribunal by the defender of the bond are considered part of the "acts" of the case and the parties have a right to view and comment on the acts before the decision is made by the judge(s).[2]
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Este artículo incorpora texto de una publicación que ahora es de dominio público : Herbermann, Charles, ed. (1913). "Defensor del Vínculo Matrimonial". Enciclopedia católica . Nueva York: Compañía Robert Appleton.