El Consejo Nacional Electoral ( CNE ) es la cabeza de uno de los cinco poderes del Estado de Venezuela según su constitución de 1999. Es la institución que tiene la responsabilidad de supervisar y garantizar la transparencia de todas las elecciones y referendos en Venezuela a nivel local , regional y nacional. La creación del CNE fue ratificada en el referéndum constitucional de Venezuela de 1999. Tras la elección de Nicolás Maduro como presidente, el CNE ha sido descrito, por los opositores del presidente, como pro-Maduro. [2] [3] [4] [5]
El CNE fue precedido por el Consejo Supremo Electoral (CSE), que fue creado mediante una ley electoral el 11 de septiembre de 1936. [6] Esta entidad fue reemplazada por el CNE en 1997 con la aprobación de una nueva Ley Orgánica del Sufragio y la Participación. [7]
El Consejo Nacional Electoral (CNE) está integrado por cinco personas; tres de ellas postuladas por la sociedad civil, una por las facultades de derecho y ciencias políticas de las universidades nacionales, y una por el Poder Ciudadano. Los tres miembros postulados por la sociedad civil tendrán seis suplentes en secuencia ordinal, y cada uno designado por las universidades y el Poder Ciudadano tendrá dos suplentes, respectivamente. Los miembros del Consejo Nacional Electoral duran siete años en su cargo y son elegidos por separado: los tres postulados por la sociedad civil al inicio de cada período de la Asamblea Nacional, y los otros dos a mitad del mismo. Los miembros del Consejo Nacional Electoral serán designados por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes. Los miembros del Consejo Nacional Electoral designarán de entre sus miembros a su presidente, de conformidad con la ley. (Artículo 296, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela ).
En 2010, los cinco rectores del CNE fueron Tibisay Lucena (presidenta del CNE); Sandra Oblitas Ruzza (vicepresidenta del CNE; también presidenta de la Comisión de Registro Civil y Electoral); Vicente José Gregorio Díaz Silva (Presidente de la Comisión de Participación Política y Finanzas); Socorro Elizabeth Hernández de Hernández ; y Tania D'Amelio Cardiet (miembro de la Comisión de Registro Civil y Electoral . Xavier Antonio Moreno Reyes era el secretario general del CNE. [8] Roberto Ignacio Mirabal Acosta era consultor jurídico. [ cita necesaria ]
A marzo de 2016 [update], cuatro de los rectores del CNE eran los mismos que los de 2010, excepto que Vicente Díaz había sido reemplazado por Luis Emilio Rondón González [ 9]
En junio de 2020, Indira Alfonzo asumió como presidenta del CNE. [10] Los otros cuatro rectores, a julio de 2020 [update], eran Rafael Simón Jiménez Melean vicepresidente del CNE); Tania D'Amelio Cardiet; Gladys María Gutiérrez Alvarado ; y José Luis Gutiérrez Parra [11]
A octubre de 2021 [update], los cinco rectores del CNE fueron Pedro Enrique Calzadilla Pérez ( ); Enrique Octavio Márquez Pérez vicepresidente); Tania D'Amelio Cardiet; Alexis José Corredor Pérez; y Roberto Antonio Picón Herrera. [12]
A partir de agosto de 2023, [13] los cinco rectores del CNE fueron Elvis Eduardo Hidrobo Amoroso (presidente del CNE); Carlos Enrique Quintero Cuevas (vicepresidente del CNE); Rosalba Gil Pacheco; Juan Carlos Delpino ; y Aimé Clarisa Nogal Méndez . [1] En el momento de sus nombramientos, Amoroso, Quintero y Gil Pacecho eran vistos como representantes del gobierno, mientras que Delpino y Nogal eran vistos como representantes de la oposición. [14]
El sistema electoral de Venezuela es controvertido. El Tribunal Supremo de Justicia , con una mayoría que apoya a Chávez, eligió a los funcionarios del Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE), supuestamente no partidista, a pesar de que la Constitución de 1999 establece que la Asamblea Nacional de Venezuela debe realizar esa tarea. [15] Esto dio como resultado que la junta del CNE tuviera una mayoría compuesta por chavistas o partidarios de Chávez. [15] Desde entonces, el gobierno venezolano controlado por el partido gobernante PSUV ha manipulado las elecciones, manteniendo el control del CNE, los medios de comunicación y a través del gasto público. [16] [ se necesita una mejor fuente ]
Según el Departamento de Estado de los Estados Unidos , existe "un fraude generalizado antes y después de las elecciones, incluidas irregularidades electorales, interferencia gubernamental y manipulación de los votantes" y "los partidos políticos de oposición [han] operado en una atmósfera restrictiva caracterizada por la intimidación, la amenaza de procesamiento o sanción administrativa por cargos cuestionables y acceso restringido a los medios de comunicación". [16] [ se necesita una mejor fuente ] Los observadores internacionales han tenido dificultades para monitorear las elecciones, aunque el gobierno bolivariano acepta los elogios a sus elecciones de parte de los aliados de la UNASUR . [16] [ se necesita una mejor fuente ]
El sistema electoral venezolano ha sido cuestionado en numerosas ocasiones. En 2005, se alegó que el Tribunal Supremo de Justicia, con una mayoría pro-Chávez, nombró funcionarios para el Consejo Nacional Electoral venezolano a pesar de que la Constitución de 1999 estipulaba que esta tarea debía ser realizada por la Asamblea Nacional. [17] Como resultado, la junta directiva del CNE estaba compuesta predominantemente por personas alineadas con el chavismo . [17] Desde entonces, el gobierno venezolano, controlado por el gobernante PSUV , ha manipulado las elecciones manteniendo el control sobre el CNE, utilizando los medios de comunicación y apalancando el gasto gubernamental. [18] Mientras tanto, según el Departamento de Estado de los Estados Unidos , existe "un fraude generalizado pre y post electoral, incluidas irregularidades electorales, interferencia gubernamental y manipulación de votantes", y "los partidos políticos de oposición operan en una atmósfera restrictiva caracterizada por la intimidación, amenazas de procesamiento o sanciones administrativas por cargos cuestionables y acceso restringido a los medios de comunicación". Los observadores internacionales han tenido dificultades para monitorear las elecciones. [18]
El 12 de junio de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia designó a los rectores del CNE tras el polémico fallo de omisión legislativa del Parlamento de mayoría opositora, que, según la Constitución de Venezuela , es el encargado de seleccionar a los directores del organismo electoral. Esto fue acordado entre el gobierno de Nicolás Maduro y el gobierno interino de Juan Guaidó . [19] La decisión del TSJ ha sido criticada por la oposición y los observadores internacionales, ya que viola la separación de poderes y socava la democracia en el país. [19] Adicionalmente, se suma a una serie de acciones tomadas por el gobierno de Maduro vistas como intentos de consolidar su control sobre el aparato estatal venezolano y reprimir a la oposición. [19]
Si bien la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela faculta al Tribunal Supremo de Justicia a designar a los miembros del Órgano Electoral cuando la Asamblea Nacional no alcance un porcentaje mínimo de diputados, más allá de la composición del órgano electoral, la organización del acto electoral y la conformación de las mesas electorales aseguran la invulnerabilidad del voto al estar integradas por comuneros, testigos y representantes de partidos políticos seleccionados aleatoriamente. El acto electoral es totalmente electrónico y consta de los siguientes pasos:
Como se ha observado, tanto los electores como las organizaciones políticas participantes pueden verificar la intención del elector varias veces durante el acto electoral, lo que hace que los resultados electorales sean difíciles de manipular. [20] [21]
El 5 de junio de 2020, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró la omisión constitucional de la Asamblea Nacional de Venezuela y se facultó para designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral. [22] El 11 de junio de 2020, la IV legislatura de la Asamblea Nacional de Venezuela no reconoció la decisión del TSJ y decidió continuar el proceso de postulación de candidatos a rectores del CNE, que se encontraba detenido durante los meses de la pandemia del coronavirus. [23]
A pesar de la falta de precedentes o base legal en la Constitución venezolana para la intervención del TSJ, el 13 de junio de 2020 nombró a los nuevos directores electorales con base en la sentencia que declaró la omisión legislativa. [24] [25]
Smartmatic , la empresa encargada de proveer el sistema de votación electrónica en Venezuela, denunció públicamente una “manipulación de datos” durante las elecciones para la Asamblea Constituyente . Esta denuncia fue hecha en una rueda de prensa en Londres por el CEO de la empresa, Antonio Mugica, quien señaló una discrepancia de al menos un millón de votos entre las cifras oficiales y las registradas por su sistema en agosto de 2017. El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, a su vez, rechazó estas acusaciones, defendiendo la cifra oficial de participación de 41,53%, equivalente a 8 millones de votantes. La presidenta del CNE, Tibisay Lucena, calificó las declaraciones de Mugica de “irresponsables” y “sin fundamento”. [26] [27]
Es importante destacar que Smartmatic es el proveedor de tecnología de votación en Venezuela desde el año 2004. Sin embargo, la firma destacó que, a diferencia de elecciones anteriores, en esta oportunidad (2017) no estuvieron presentes los auditores de la oposición, quienes son considerados esenciales como testigos del proceso. La ausencia de estos auditores se debió a la decisión de la oposición de no participar en estas elecciones. Ante esta situación, varios países anunciaron que no reconocerían los resultados electorales. La oposición venezolana había estimado previamente una tasa de participación del 12,4% del padrón electoral, lo que se traduce en unos 2,4 millones de electores. [28]
Tras la denuncia de Smartmatic, el líder opositor Julio Borges afirmó que las declaraciones de la empresa confirmaban las acusaciones previas de la oposición y calificó la situación como un "terremoto global". Por otro lado, Antonio Mugica afirmó que Smartmatic tenía evidencia irrefutable de la manipulación de los datos de participación. [28] A pesar de las importantes contribuciones de Smartmatic a varias elecciones en Venezuela y otros países, la empresa no ha estado libre de controversias. En el pasado, fue acusada de tener vínculos con el fallecido presidente venezolano Hugo Chávez . Sin embargo, con su crecimiento internacional, la firma parece haber priorizado su credibilidad y reputación sobre cualquier relación previa con el gobierno venezolano. [28]
La empresa ExClé CA, filial de la empresa argentina Ex-Clé SA, fue contratada tras el desistimiento de Smartmatic por el doctor Rafael Simón Jiménez, quien era rector del CNE, para adquirir máquinas de votación en 2020. ExClé CA fue sancionada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Estado de Estados Unidos el 18 de diciembre de 2020, tras las elecciones parlamentarias venezolanas de 2020. [29] [30]
El domingo 6 de diciembre se celebrarán en Venezuela elecciones parlamentarias. Estas elecciones, convocadas por el gobierno de Nicolás Maduro y ampliamente boicoteadas por la oposición, han suscitado inquietudes y controversias sobre su legitimidad. [31] Maduro, que controla el sistema judicial y los órganos electorales del país, está decidido a recuperar la Asamblea Nacional en 2021. Si tiene éxito, esto consolidaría aún más el poder de su gobierno y debilitaría a la oposición, liderada por Juan Guaidó. Guaidó, reconocido por muchos como presidente interino de Venezuela, vería su mandato como diputado terminar oficialmente el 4 de enero de 2021. [31]
Varios acontecimientos recientes han puesto de relieve las preocupaciones sobre la legitimidad del próximo proceso electoral. Por ejemplo, se eligió un nuevo Consejo Nacional Electoral sin la aprobación de la Asamblea Nacional. Además, ha habido intervenciones judiciales en partidos políticos y un aumento ilegal en el número de parlamentarios. [31] El resultado de estas elecciones y cómo se perciben a nivel internacional podría tener implicaciones significativas para la política venezolana y las relaciones internacionales en los próximos años. Algunos países, como Brasil y los miembros del Grupo de Lima , ya han indicado que no reconocerán los resultados si se consideran fraudulentos. Por otro lado, la posición de Guaidó y su reconocimiento internacional también podrían verse afectados dependiendo del resultado y la percepción de estas elecciones. [31]
