[2] Más de 200 organizaciones nacionales e internacionales exigieron que se le garantizara el debido proceso y el derecho a la defensa.
Adicionalmente, las ONG reclamaron que se flexibilizara la legislación venezolana que penaliza el aborto, tal y como ha sido recomendado al Estado venezolano por diversas instancias de derechos humanos, así como que cese la persecución a las mujeres por acceder a este servicio de salud.
De acuerdo a un comunicado de la ONG 100 % Estrógeno, y suscrito por más de 200 asociaciones, en el proceso penal se han incumplido importantes garantías judiciales previstas en la legislación nacional y en tratados internacionales.
[2] La audiencia de flagrancia se realizó 4 días después de su detención, superando las 36 horas que establece la ley, amparados en un diferimiento presentado por el Ministerio Público, 48 horas posteriores a su aprensión.
Sus defensores no habían podido tener acceso a la acusación formal que hizo el Ministerio Público ni a su expediente.