En un principio, la adhesión de los municipios era obligatoria, pasando a ser voluntaria en 2018 según lo previsto en la ley regional 31/2018, por tanto desde la entrada en vigencia de la mencionada ley, los municipios pueden formar parte o retirarse de los UTI.
Desde 2018 con la inclusión del principio de libre asociación, este nuevo marco jurídico la hace distinta del principio de irrevocabilidad que tenía la ley en la Unión de Municipios (Legge Delrio, en italiano).
Según la ley regional 26/2014 y sucesivas modificaciones a la misma, los UTI fueron definidos como "Formas de ejercicio asociativo de competencias municipales".
Esta reforma consiste en que los UTI toman competencias que son de la propia región y también algunas de los propios municipios, principalmente el área de infraestructura edilicia del sistema educativo.
Posteriormente, la Corte Constitucional de Italia emitió la sentencia número 50 de 2015, donde aclara que los UTI son una "Asociación de Municipios" y no constituyen un ente intermedio entre los municipios y las regiones.