Toma de razón

[1]​[2]​ La Contraloría puede adoptar tres actitudes en el trámite de toma de razón: Por regla general, la Contraloría tiene un plazo, no perentorio, de 15 días hábiles para realizar la toma de razón, aunque existe un plazo menor para casos excepcionales.Así por ejemplo, en el estudio de la OECD denominado "Chile's Supreme Audit Institution.Enhancing Strategic Agility and Public Trust" (2014), se muestra sistemáticamente que varios países OECD han realizado reformas en orden a disminuir la influencia de este tipo de control ex-ante con el objetivo de fortalecer el control ex-post que se apoya en las nociones más costo-eficientes de muestreo de transacciones y auditorías aleatorias a los servicios.Otras críticas apuntan a su ineficiencia en el contexto de las compras públicas.En particular, la toma de razón ex-ante tiene dos efectos negativos relevantes: El proceso de deterioro de los centros de decisión en los servicios públicos se refiere a que éstos reaccionan frente a la toma de razón haciendo una transferencia del riesgo a la CGR (acto que se conoce como riesgo moral).