Allí estableció contactos con miembros del Cartel de Medellín, como Jorge Luis Ochoa.
En ese tiempo, Miñanco inició un proceso judicial contra las escuchas telefónicas autorizadas por el instructor Baltasar Garzón, al considerar que violaron su intimidad.
El proceso finalizó en 2003, cuando el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo obligó al Estado español a indemnizar al narcotraficante con 7.000 euros, aunque no tuvo efectos penales.
En ese tiempo, la Agencia Tributaria descubrió una trama societaria que administraba negocios y tiendas en Villagarcía de Arosa, a través de las cuales Miñanco habría blanqueado dinero del narcotráfico.
[12] Posteriormente, Miñanco fue descubierto intentando introducir 6.000 euros en prisión para "dejar claro su status" entre el resto de presidiarios.