Los acusados en causas criminales, bajo de la Sexta Enmienda, tienen derecho a un juzgado expeditamente.
La Corte Suprema creó una prueba de cuatro partes para determinar si los derecho del acusado han sido violados (Barker v. Wingo).
333 (1966), la Corte Suprema dictó un fallo estableciendo que el derecho a un juicio público no es incondicional.
[2] Asimismo el acusado podrá hacer una petición de cierre del juicio al público; no obstante, se deberá mostrar que "primero, existe una probabilidad considerable de que el derecho del acusado a un juicio justo será perjudicado por la publicidad la cual sería prevenida por el cierre, y segundo, las alternativas razonables al cierre no podrán proteger adecuadamente los derechos a un juicio.
Después de la Decimocuarta Enmienda, la Corte Suprema extendió el derecho al jurado por juicio a los acusados en tribunales estatales, re-examinó sus criterios.