[1]​[2]​ El entonces representante argentino ante las Naciones Unidas, Lucio García del Solar, fue uno de los principales gestores de la resolución,[3]​ junto con Bonifacio del Carril, nombrado embajador extraordinario nombrado por el presidente Arturo Umberto Illia.

Este documento abrió las puertas a las negociaciones bilaterales entre la Argentina y el Reino Unido.

Al año siguiente fue reafirmada por la resolución 1654 (XVI),[4]​ que creaba el que tras la resolución 1810 fue llamado "Comité Especial de los Veinticuatro", encargado de efectuar el seguimiento del proceso descolonizador.

[5]​ En particular, el asunto de Malvinas recayó en la esfera del Subcomité III.

[12]​ Siria presentó la propuesta accesoria de que la palabra "Malvinas" apareciese junto con "Falkland" en todos los documentos oficiales del organismo, lo cual fue aprobado por 19 votos a favor, el Reino Unido en contra y dos abstenciones.

Básicamente establece que las Islas Malvinas no pueden ser descolonizadas atendiendo el principio de autodeterminación, y pide a ambas partes que informen al Comité Especial de los Veinticuatro y a la Asamblea General del progreso en las conversaciones.

[19]​ Mientras se negaba a discutir la cuestión con la Argentina, alegando derechos históricos incuestionables,[nota 1]​ la cancillería británica producía documentos secretos que planteaban serias dudas sobre la validez de sus títulos de soberanía sobre las islas Malvinas.

[23]​ Uno de los obstáculos para la prescripción, es que Argentina nunca aceptó la ocupación británica y mantuvo su protesta.

[24]​ En este sentido, la Resolución 2065 es la mejor prueba de que ese consenso no existe.

Desde los años 1990 se sumó el debate sobre la exploración y explotación de los hidrocarburos en las aguas circundantes a las islas.

En el caso de Alsacia y Lorena se consideró que la población del territorio en 1919 no constituía un pueblo con derecho a la autodeterminación y los derechos históricos de la población anterior tuvieron preferencia.

[32]​ La resolución 2065 plantea que existen dos partes en la disputa: Argentina y el Reino Unido.