Referéndum nacional de Malaui de 1993
[1] Banda, que ostentaba el cargo de presidente vitalicio desde 1971, accedió a realizar el referéndum en medio de una creciente presión internacional contra su gobierno y sorpresivos disturbios sociales y manifestaciones en su contra en las principales ciudades.Aunque ya se evidenciaban las divisiones que conducirían a una participación separada en las primeras elecciones generales del año siguiente, la AFORD y el UDF se comprometieron a impedir que sus diferencias debilitaran su causa e hicieron campaña juntos.El voto fue muy divisivo en términos regionales, con muy pocos distritos en los cuales el resultado fue realmente ajustado.El MCP retuvo el control de sus bastiones en el centro del país con relativa facilidad, pese a que no pudo contrarrestar el abrumador apoyo recabado por la oposición en los extremos norte y sur, en ambos casos superior al 80%.Banda no permitió que se conformara ningún liderazgo político dentro del partido fuera del suyo y marginó o directamente eliminó a cualquier funcionario que pudiera debilitar su posición.[1] Del mismo modo, a pesar de la estabilidad económica, el carácter «depredador» del estado malauí condujo a que la élite política se enriqueciera y beneficiara a costa del bienestar general, y el país se mantuvo en gran medida subdesarrollado y empobrecido.Al mismo tiempo, la salud de Banda (que por entonces ya tenía casi noventa años), comenzó a flaquear y el liderazgo del gobierno recayó más que nada en los principales confidentes del dictador: John Tembo y Cecilia Kadzamira.Ese mismo mes, más de ochenta opositores malauíes en el exilio se reunieron en Lusaka, en la vecina Zambia, para discutir una estrategia que precipitara reformas en Malaui.En abril, el líder sindical exiliado Chakufwa Chihana regresó a Malaui y pronunció un discurso en el Aeropuerto Internacional de Lilongüe, describiendo al MCP como «un partido de muerte y oscuridad» y exigiendo al régimen de Banda la convocatoria a un referéndum nacional para definir el futuro político del país.Las fuerzas opositoras, agrupadas provisoriamente en un «Comité para una Alianza Democrática» llamaron al boicot.[5] Cuarenta y cinco candidatos fueron devueltos sin oposición, cinco puestos quedaron vacantes debido a la descalificación de algunos candidatos y, donde la votación llegó a realizarse, 62 diputados en ejercicio perdieron su escaño.Aunque el UDF y la AFORD mantenían agendas similares, el UDF dejó en claro que no quería tener relación con los dirigentes exiliados y políticamente diversos, mientras que la AFORD sostenía que a los opositores en el exilio se les debería permitir radicarse nuevamente en Malaui y tomar parte en los desarrollos políticos.[6] Dado el carácter único de la votación, fue necesario redactar y configurar un nuevo marco legal entero para su organización.[6] Bajo las normativas para la Regulación del Referéndum, cuatro formaciones se registraron como «grupos de interés especial» para participar en la campaña:[2] En cumplimiento con los acuerdos alcanzados con los grupos de interés opositores y las recomendaciones del equipo técnico de la ONU, las Regulaciones también preveían la observación internacional del proceso y regulaban su aplicación.[2] Numerosas instituciones internacionales, así como las Naciones Unidas, enviaron contingentes de obvservadores para monitorear la votación.Desde el momento en que se permitió a los grupos de interés especial una relativa libertad de movimiento en el país, el colapso del apoyo popular al régimen del MCP comenzó a notarse.[3] Históricamente, el sistema de partido único había sido reforzado por leyes que habilitaban la detención sin cargos, una censura flagrante, tribunales tradicionales para negar a sus acusados representación legal y una recompensa social para aquellos ciudadanos cercanos al presidente y asociados que estuvieran dispuestos a exponer las actividades opositoras de sus vecinos.[2] Esto afectó duramente a los grupos multipartidistas, porque en un país donde sólo el 41,7% de la población está alfabetizada, la radio era el único medio por el cual podían comunicarse efectivamente con la población en general y presentar sus argumentos.[3] Los grupos de interés se vieron obligados a recurrir a la campaña directa en el terreno, donde enfrentaron en muchos casos la coacción, intimidación y sabotaje por parte de las fuerzas oficialistas.[3] A medida que se liberalizaba el sistema político y la población se sentía más libre de expresar su descontento, el respaldo rural al MCP también comenzó a debilitarse, y la red de informantes y aparato partidario comenzaron a resultar insuficientes para mantener la noción de que el gobierno podía ganar la votación.Reportes finales determinaron que, para la última etapa de la campaña, gran parte de la población estaba más informada de lo que representaba el referéndum, se había familiarizado lo suficiente con lo que significaban los símbolos electorales diseñados para representar las dos opciones, y se describió un ambiente cívico «elevado».