Provincias traidoras

Dicha norma legal había venido siendo aplicada de facto desde 1937 por los militares sublevados, y fue incorporada al ordenamiento jurídico nada más llegar al Gobierno.[2]​ Mediante este decreto se abolía el concierto económico para esas provincias, como represalia por el fracaso («traición» en la terminología del nuevo Gobierno) de la sublevación militar en ellas y por haberse mantenido fieles al gobierno democrático, a diferencia de las también provincias vascongadas de Álava y Navarra, en las que la sublevación sí había triunfado, por lo que continuaron beneficiándose de sus favorables condiciones durante toda la dictadura.Posteriormente, el uso del término ha recogido diversas y contrarias intenciones, particularmente sarcásticas, sobre todo tanto desde la óptica del actual Gobierno, como de posturas propias de los republicanos, socialistas o del nacionalismo vasco.[4]​ Ya en 1968, el Gobierno se había disculpado implícitamente por los términos más ofensivos del Decreto-Ley de 1937 —señalando que algunas expresiones de dicho decreto «no se corresponden con el noble esfuerzo y laboriosidad que han caracterizado a dichas provincias dentro de la unidad nacional»—, sin variar en todo caso la parte dispositiva.[5]​ Hubo que esperar, sin embargo, a la muerte del Dictador Franco para que el Decreto-Ley fuese expresa y totalmente derogado, lo que ocurrió en 1976, ya durante el último Gobierno de la Falange, de Adolfo Suárez, mediante el Real Decreto-Ley 20/1976, promulgado el 30 de octubre de dicho año.