Sin embargo, las presas son objeto de un litigio internacional con relación a su construcción y su aprovechamiento.
El caso fue llevado conjuntamente por Hungría y Eslovaquia ante la Corte Internacional de Justicia en 1993.
Las consecuencias medioambientales de esta inmensa obra se subestimaron y se produjeron protestas ecologistas en ambas márgenes del río para detener los trabajos.
Tras la caída del gobierno comunista, Hungría suspendió las obras en 1989 invocando motivos ecológicos y posteriormente denunció el tratado en 1992.
El caso fue llevado conjuntamente por Hungría y Eslovaquia ante la Corte Internacional de Justicia en 1993.