Algunos sectores critican su articulado, pues argumentan que su corriente es neoliberal y puede desencadenar la Privatización de la educación en Colombia.
El artículo 38 es catalogado como la mayor amenaza para la educación pública superior, al poner en manos de las universidad, su pasivo pensional.
El Consejo hubiera sido permanentemente abierto a las opiniones y consideraciones de la ciudadanía respecto al Plan.
En el primer caso, como hemos dicho, vulnera la autonomía financiera y en el segundo amplia la interpretación del artículo 131 al extenderla a las universidades del orden nacional y lo modifica al obligarlas a concurrir en la creación de los fondos.
[3] Aparte de estos tres argumentos sobre la inconstitucionalidad de la norma aprobada por el Congreso es necesario realizar un estudio sobre el trámite que la misma siguió, para establecer si se respetó el procedimiento establecido por la Carta Política y por las normas que la desarrollan.