Nica Act

La Ley de Condicionalidad de Inversiones de Nicaragua, también conocida como NICA ACT,: Nicaragua Investment Conditionality Act en Ingles o Nica Act es un proyecto de ley que, como respuesta al presunto fraude electoral cometido por el presidente nicaragüense Daniel Ortega durante las elecciones de 2016, impidió a Nicaragua tomar préstamos adicionales hasta que estuvieran dispuestos a tomar medidas efectivas para celebrar elecciones libres, justas y transparentes".calificándolo de acción “reaccionaria e intervencionista” que “socavaría el derecho de Nicaragua a continuar desarrollando el modelo socialista”.[2]​ Todos los Estados miembros del ALBA se oponen al proyecto de ley.Human Rights Watch apoyó la legislación, calificándola de “una poderosa herramienta para presionar al gobierno Ortega-Murillo para que ponga fin a su patrón de abuso contra los opositores”.[7]​[8]​ El senador republicano Marco Rubio y el demócrata Tim Kaine propusieron este jueves 8 de junio de 2023 extender hasta 2028 los efectos de la ley de sanciones a Nicaragua, conocida como “Ley Nica Act”, que está previsto que venza a finales de este año debido al aumento de la represión política y religiosa del Régimen de Ortega Y Murillo contra la Iglesia Católica y grandes sectores políticos y ciudadanos nicaragüenses.