La expulsión del país y el rechazo a otorgarle la ciudadanía rusa se basó, según fuentes gubernamentales, en una ley que negaba ese derecho a las personas consideradas peligrosas para la seguridad del estado Con la publicación del artículo y la posterior expulsión de Natalia Morari, el servicio de Seguridad Federal Ruso abortó todos los intentos de esta por regresar al país.
Las autoridades rusas dieron orden de que no se le dejara salir del aeropuerto.
Un mes después, Morari anunciaba que presentaría una queja al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Los manifestantes protestaban por la manipulación llevada a cabo por el Partido Comunista en las elecciones legislativas de ese año.
El cariz violento tomado por la protesta el 7 de abril hizo que Morari se desvinculara del movimiento.
La fiscalía les acusaba de utilizar sitios web y redes sociales para organizar protestas callejeras violentas en Chisináu.