El Ministerio Público de Bolivia es una institución constitucional que representa a la sociedad boliviana ante los órganos jurisdiccionales para velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales ejerciendo la acción penal pública.

Su sede se encuentra en Sucre, la capital de Bolivia.

El fiscal general del Estado es el representante máximo de dicha institución, cuyo período de funciones es de seis años sin posibilidad de nueva designación.

Es designado por dos tercios de votos de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, y es el vicepresidente del Estado quien lo posesiona en el cargo.