[1]​ Entre las víctimas de la acción militar estuvieron el gobernador indígena kichwa, Pablo Panduro Coquinche y el presidente de la Junta de Acción Comunal.

[2]​ La masacre sucedió al término de una fiesta en la que había vecinos de veredas aledañas con sus hijos.

[3]​ Según el medio Vorágine, está confirmada la presencia de al menos cinco disidentes armados de las FARC y algunos civiles.

[3]​ Debido a esto, se ha establecido un paralelismo entre esta masacre y los falsos positivos durante la presidencia de Álvaro Uribe.

El viernes 2 de junio de 2023, la Fiscalía imputó cargos a 25 militares involucrados en la masacre[2]​ entre ellos un coronel, un capitán, un teniente, cuatro suboficiales y 18 soldados profesionales[1]​ serán acusados por los delitos de homicidio en persona protegida y homicidio en persona protegida en modalidad de tentativa.