Es conocido por su destacada carrera como titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 (1995-2000 y 2017-2024).

Según el BOE, de los 45 opositores que conformaron su promoción, García-Castellón se situó en el puesto 37, ocupando el tramo final.

[4]​ En sus primeros años, García-Castellón ejerció como juez de distrito en la vizcaína Marquina-Jeméin y en la burgalesa Castrojeriz.

Entre otros, se encuentran el caso Banesto, por el que ordenó el ingreso en prisión del banquero Mario Conde; el caso Atlético, que dilucidó los delitos de Jesús Gil, Enrique Cerezo y Miguel Ángel Gil Marín; y las investigaciones relacionadas con el asesinato de Miguel Ángel Blanco y el atentado cometido contra José María Aznar.

[2]​También lideró casos contra el narcotráfico internacional, como la operación Pelícano, iniciada por Baltasar Garzón cuando era titular del juzgado número 5, con ramificaciones en España, Francia, Gibraltar, Holanda, Italia y Marruecos.

A petición de los entonces ministros del Gobierno de José María Aznar, Ángel Acebes (Justicia) y Josep Piqué (Exteriores), su primer destino fue París, donde trabajó por la cooperación bilateral en la lucha contra el terrorismo.

[8]​ Durante su función en el extranjero, mantuvo contacto y comunicación constante con los compañeros que dejó en la Audiencia Nacional.

[13]​Desde entonces, ha denunciado a Ione Belarra, secretaria general del partido Podemos, por afirmar que García Castellón es un juez corrupto y prevaricador.

[28]​ Asimismo, a noviembre de 2023 el juez ha sobreseído 275 dirigentes vinculados al PP en las operaciones Lezo, Púnica y Kitchen.

[29]​ También se han criticado las actuaciones del juez contra Pablo Iglesias, en particular, y el partido Podemos, en general.

[21]​ Aunque todas las investigaciones acabaron archivadas, ocuparon horas de tertulias en la televisión española.

[25]​[21]​ En 2018, García-Castellón cerró la investigación contra Juan Carlos I, rey emérito de España, que posteriormente abriría la fiscalía suiza.

Pero el juez desestimó que declarara Adolfo Scilingo, militar condenado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura cívico-militar argentina.

[38]​[39]​ Teresa Ribera, jurista, vicepresidenta tercera y ministra del Gobierno de España, asegura que el juez hace pronunciamientos en «momentos políticos sensibles».