Luego, volvió a presentarse en el año 2000, por los Senadores Juan Ignacio Melgarenjo y Carlos L. de la Rosa.
En 1940 se crea la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos bajo la Ley N°12.655.
Estos artículos otorgan la titularidad del dominio público sobre los yacimientos, siendo de jurisdicción provincial o nacional.
A partir de este momento serán las provincias quienes dicten leyes sobre su propio patrimonio.
Para poder realizar trabajos de prospección, extracción e investigación científica, se deberá solicitar el debido permiso a los organismos provinciales, acreditando en cada caso la idoneidad de los profesionales que intervendrán, así como también especificando los repositorios que albergarán los materiales extraídos.