Se redactaron medidas más duras contra el comercio de personas a través del Atlántico.
En 1885, ya casi incapaz de sostener las presiones externas e internas a favor de la abolición, el gobierno brasileño aprobó la "Ley del Sexagenario".
En su declaración, citó que innumerables agricultores estaban pasando por graves dificultades financieras, al no tener medios para pagar las deudas adquiridas con los traficantes de esclavos.
Traía a colación, entonces, el viejo "fantasma portugués" que rondaba la "soberanía nacional" y la "civilización", afectando al entorno agrícola brasileño.
El proyecto fue el primero en generar efectos inmediatos en la estructura del tráfico.
La entrada de nuevos esclavos se redujo a cero en sólo tres años.
En vista de ello, países como Alemania prohibieron la emigración a Brasil.
Entre 1850 y 1856, año de la última incautación registrada, todavía entraron en el país unos 38.000 africanos[3] Con un beneficio aproximado del 500%, el comercio de esclavos era tan conveniente como atroz en aquella época.