Las Leges Valeriae Horatiae (en español: "leyes Valeria Horacia") fueron tres leyes particularmente favorables a la plebe, atribuidas, según la tradición, a los dos cónsules romanos Lucio Valerio Potito y Marco Horacio Barbato, presumiblemente aprobadas en el 449 a. C. Restauraron el derecho de apelación al pueblo e introdujeron medidas favorables a los plebeyos.
Las acciones de los cónsules se produjeron después de una rebelión plebeya, la denominada segunda secesión plebeya, que derrocó al segundo decenvirato, que había estado gobernando tiránicamente.
[1] En el 450 a. C., durante lo que iba a ser el denominado conflicto de los órdenes que duró 207 años, entre los patricios y los plebeyos, los patricios dieron su 'consentimiento para el nombramiento de un cuerpo de legisladores, elegidos en igual número entre plebeyos y patricios para promulgar lo que sería útil a ambos órdenes y asegurase la misma libertad para cada uno”.
Lucio Valerio y Marco Horacio fueron elegidos cónsules del año 449 a. C. Restauraron el derecho de apelar al pueblo y aprobaron medidas favorables a los plebeyos para atender sus agravios surgidos durante la rebelión.
Tito Livio escribió que como “era un punto en controversia, si los patricios estaban obligados por las regulaciones promulgadas en una asamblea de los comunes, ellos [los cónsules] propusieron una ley en los comicios centuriados [la asamblea de los soldados, que votaban las leyes propuestas por los cónsules], que todo lo que los comunes ordenaran colectivamente, debería obligar a todo el pueblo; por cuya ley se dio un arma más afilada a las mociones presentadas por los tribunos”.
Así, preveía la posibilidad de que la pena de muerte a una persona pudiera transformarse en otra pena menor, si así lo estableciera el juicio popular en los comitia curiata.
Con ella se produjo un reconocimiento oficial por parte de todo el pueblo del cargo tribunicio.
Este principio se basaba en la lex sacrata (ley sagrada), que era una sanción religiosa según la cual, un templo, un objeto sagrado o una persona podían ser declarados físicamente inviolables (sacrosant).
Cualquiera que lo matara estaría cumpliendo con un deber sagrado y no sería castigado, siendo el violador muerto entregado a los dioses en cuestión".
Este poder descansaba en el principio de que la persona del tribuno plebeyo era sacrosanta.
Tito Livio decía que los cónsules renovaban la potestas tribunicia “con ciertos ritos sagrados revividos de un pasado lejano, y donde además de asegurar su inviolabilidad por sanciones religiosas, promulgaron una ley que prohibía a cualquiera que violentara a los magistrados de la plebe, ya fueran tribunos, ediles o jueces decenvirales.