Así, el concepto permite el disenso necesario para un correcto funcionamiento democrático, de modo que las políticas del gobierno en ejercicio pueden ser impugnadas sin temor a que los partidos de oposición puedan ser acusados de traición contra el Estado.
[1] La idea de una oposición inquisitorial que pide cuentas al gobierno en ejercicio nació en Gran Bretaña.
Esta tradición surgió en el Reino Unido durante el siglo XVIII,[4] pero no fue hasta un debate de 1826 en el Parlamento británico en que John Hobhouse acuñó el término Leal Oposición de Su Majestad.
[1][4] Se considera que el término favorece la posición del soberano, puesto que la oposición se dedica entonces al escrutinio de las políticas y la legislación del gobierno, y no a apoyar disputas entre pretendientes al trono (se convierte en la oposición de su Majestad, no a ella).
El término tiene arraigo en varios países más de la Commonwealth debido a su condición de excolonias británicas, a las que las instituciones parlamentarias británicas fueron trasladadas.