Con su muerte, se cumplían al menos 20 personas fallecidas bajo la custodia del Estado venezolano desde 2015.
Martínez estaba recluido en una sede policial de Lechería, estado Anzoátegui, y le salieron abscesos en la piel.
[1][2]Sus condiciones sanitarias durante la detención fueron tan precarias que padeció necrosis en ambas piernas, las cuales fueron amputadas en el hospital.
Varias organizaciones políticas y activistas por los derechos humanos condenaron su muerte.
La Plataforma Unitaria Democrática responsabilizó al gobierno de Nicolás Maduro por el fallecimiento y declaró que se le había negado atención médica, afirmación que secundó María Corina Machado.