Fox v R es un caso de 2002 del Comité Judicial del Consejo Privado (JCPC) en el que se dictaminó que era inconstitucional en San Cristóbal y Nieves que la pena capital fuera la sentencia obligatoria para el asesinato.
El JCPC sostuvo que, dado que la Constitución de San Cristóbal y Nieves prohíbe el "castigo inhumano o degradante", tras una condena por asesinato, un juez de primera instancia debe tener la discreción para imponer una pena menor que la muerte por ahorcamiento; la pena capital solo puede aplicarse en aquellos casos que contengan factores agravantes en comparación con otros casos de asesinato.
[1] El caso involucraba al culturista británico Bertil Fox, quien en 1998 fue condenado por asesinar a su ex prometida y a la madre de ella el año anterior.
El caso se decidió junto con Reyes v R y R v Hughes, casos sobre el mismo tema en apelación desde Belice y Santa Lucía.