[3]La Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN)[8] también denunció su desaparición.
[9]El Calidh responsabilizó al Estado de su desaparición y exigió su liberación.
El gobierno nicaragüense no se ha pronunciado sobre las denuncias de desaparición de Tercero, pese a que crecen las demandas dentro y fuera de Nicaragua para reclamar información sobre su paradero.
Tampoco el gobierno ha informado que esté en curso algún tipo de acusación penal contra la periodista.
La ley tipifica como delito compartir cualquier información en las redes sociales que el gobierno considere perjudicial o falsa, pero carece de definiciones claras, lo que allana el camino para una aplicación arbitraria.