Espionaje político en la Comunidad de Madrid
El Auto explica que aunque se hubieran acreditado los seguimientos, los mismos no conllevan necesariamente la existencia de un delito.[5] Luego de ventilarse dichas exclusivas, el diario El Mundo vincularía tal información a la disputa por el manejo de Caja Madrid, importante entidad financiera asentada en la capital española, entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, al estarse decidiendo paralelamente cambios en su órgano de dirección, así como a la pugna por el poder dentro del Partido Popular entre ambos personajes al perfilarse el alcalde de la capital como posible sucesor de Mariano Rajoy, señalando también a este último como enterado de previas investigaciones por corrupción que le fueron dadas a conocer en 2006 por el extesorero del PP Álvaro Lapuerta sobre el vicepresidente Ignacio González y el consejero del Interior Francisco Granados, de las cuales avisaría a Aguirre para que fueran aclaradas sin iniciar ninguna acción legal.El equipo llevaba a cabo trabajos de inteligencia e información para elaborar informes y dosieres sobre tramas corruptas o escándalos tanto en ayuntamientos socialistas como gobernados por el Partido Popular.[7] En principio, la presunta conspiración se presentaba como una madeja difícil de desentrañar, por la naturaleza propia de secretismo que todo espionaje implica y, en este caso, mezclándose intereses políticos y económicos así como rencillas personales.[8] Según el diario El País los objetivos del espionaje pudieron estar motivados tanto por una mezcla de resentimientos políticos como para la elaboración de dosieres para ser utilizados como arma política e intereses económicos.[10] El caso ha generado un cruce de acusaciones entre destacados dirigentes del Partido Popular.Luego de ventilarse dichas exclusivas, el diario El Mundo vincularía tal información a la disputa por el manejo de Caja Madrid, importante entidad financiera asentada en la capital española, entre Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón, al estarse decidiendo paralelamente cambios en su órgano de dirección, así como a la pugna por el poder dentro del Partido Popular entre ambos personajes al perfilarse el alcalde de la capital como posible sucesor de Mariano Rajoy, señalando también a este último como enterado de previas investigaciones por corrupción que le fueron dadas a conocer en 2006 por el extesorero del PP Álvaro Lapuerta sobre el vicepresidente Ignacio González y el consejero del Interior Francisco Granados, de las cuales avisaría a Aguirre para que fueran aclaradas sin iniciar ninguna acción legal.