Empresa Eléctrica del Ecuador
Esta compañía adquirió un gran poderío en América Latina conforme demuestran los siguientes datos: "La Bond and Share y la Light and Power disponen de la producción de energía eléctrica en la mayoría de los países latinoamericanos: el 90 por ciento en Brasil, el 68 por ciento en México, y del 50 al 100 por ciento en Chile, Venezuela, Guatemala, Costa Rica y Panamá.
[2] La Electric Bond and Share Company fue acusada constantemente en los países donde tenía presencia por actuar con prepotencia, rapacidad y abuso.
A este contrato al que se adjunta otro nuevo denominado aclaratorio y adicional.
Por esto, en su artículo octavo se le impone un mínimo compromiso: instalar una pequeña planta eléctrica en Bucay y motores diésel en Guayaquil.
Oswaldo Albornoz Peralta, en su libro Las compañías extranjeras en el Ecuador recuerda "Este contrato, totalmente lesivo para los intereses ecuatorianos, es aprobado por un Concejo Municipal integrado por una burguesía entreguista".
EMELEC entonces se convirtió así en el único negocio del país que por ley no podía perder.
Además según este documento EMELEC quedaba autorizado a llevar su contabilidad en Dólares.
Sin embargo hay un detalle sobre este decreto, pues nunca se elaboró el contrato propiamente dicho.
De ahí que comúnmente se refería a este documento como un "contrato derivado del decreto ley 580" o la "ley-contrato".
de Estados Unidos, agregando que entre sus principales accionistas se halla el señor John Scopetta.
Entonces el economista Alfredo Mancero Samán representó al Estado y el contador Ulises Rodríguez Bruñel a Emelec.
Entonces se decide pedir al BID que nombre una lista de tres posibles árbitros dirimentes.
El escogido fue el ingeniero Jorge Dengo Obregón, exvicepresidente de Costa Rica, y exdirectivo del BID.
El tribunal estuvo integrado por el doctor Edmundo Durán Díaz en representación del Estado, el señor Carlos Gil Loor por Emelec y ambos seleccionaron de mutuo acuerdo al ingeniero Gustavo Galindo como tercer árbitro.
Inexplicablemente, las deudas a los trabajadores y por impuestos no pagados, también son trasladados al Estado en lo que fue conocido por la ciudadanía como el atraco del siglo.
El procurador impugnó dicho laudo arbitral, el cual ambas partes consideraron lesivo a sus intereses.
Allí se presentó Emelec como una empresa norteamericana establecida bajo las leyes del estado de Maine.
Esto no fue más que un allanamiento al laudo del justo precio de 1992.
Según Emelec, el Estado incumplió el acuerdo al no aceptar nuevamente la vigencia del decreto 580.
El tribunal falló diciendo que el informe anual había sido aprobado por silencio administrativo.
En ese informe y por el año 1995 las cuentas hechas por Emelec estaban a favor suyo en cinco millones de sucres.
la concesión para la operación de las plantas termoeléctricas Guayaquil, Aníbal Santos y Álvaro Tinajero.
Los nuevos árbitros fueron Walter Spurrier, designado por el Ministerio de Energía y Eduardo Rodríguez Chirillo, por Emelec.
Como falló el arbitraje por ilegal, la concesión nunca se hizo y EMELEC no pudo ser vendida.
Este fideicomiso tenía como finalidad canalizar los recursos de ambas al pago a los depositantes.
Para operar, la CATEG debía dar un canon mensual de US $450.000 al fideicomiso FDG por el uso de los bienes, valor que luego debía pasar a la AGD y esta canalizarlo para el pago a los depositantes del Banco del Progreso.
Sin embargo pronto la CATEG dejó de pagar estos valores ya que por prioridad se debía garantizar el servicio eléctrico y sueldos.
El plazo de finalización del proceso había excedido en un mes, pero eso se resolvió con un decreto ampliatorio.
Por el contrato, el Estado se comprometió a entregar $50 millones al operador, para nuevas inversiones.
El abogado Juan Carlos Bacigalupo refiriéndose al tema de EMELEC contra el Estado ecuatoriano dijo: "exprofesamente lo hicieron así sus autores para que nadie lo entienda.
